10 claves del Informe de la Misión ONU que debes conocer

La represión y persecución política ha ido en aumento y ahora incluye a menores de edad. Esta es la conclusión del Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que presentó sus resultados este viernes 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La misión, creada en 2019 para investigar las violaciones graves de DD.HH. cometidas en el país, hizo un esfuerzo para incluir en su informe de este año a las protestas postelectorales, que fueron brutalmente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y centenares de detenidos, en lo que catalogaron como una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país.

«Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión. Fue un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política al Gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales», dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en su presentación en Ginebra.

Aquí varios puntos del Informe que vale la pena destacar.

1) Detención y vulneración de menores de edad

Se confirmó la detención de 158 adolescentes (130 niños y 28 niñas) en el marco de las protestas contra los resultados electorales que anunció el CNE y con los que proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Estas personas (algunos de ellos con discapacidad) no contaron con las protecciones procesales que exige la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ni las normas y estándares internacionales.

En gran parte fueron acusados de graves delitos como terrorismo e incitación al odio, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente.

2) Aumento significativo de detenciones arbitrarias

Maduro se refirió a una cifra de 2.229 personas detenidas. Se trata del más alto número de detenciones arbitrarias registradas desde la crisis de 2019.

Se documentaron 121 detenciones vinculadas a la campaña electoral de la oposición. Entre ellos numerosos asistentes a las concentraciones, pero también se detuvo a dueños, trabajadores o familiares de empresas o personas que prestaron servicios para los actos electorales de la oposición. Valiñas dijo que esta cifra correspondió al periodo entre el 4 y 25 de julio de 2024, en plena campaña electoral.

El informe de la Misión documentó numerosas capturas de personas que se encontraban cerca de las protestas, aun sin haber participado o pretendido participar en ellas.

3) Muertes durante protestas poselectorales

El informe de la Misión documentó 25 personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones, en los tres días siguientes a las elecciones presidenciales. En su mayoría eran jóvenes menores de 30 años y de sectores populares.

En 24 de estas muertes la causa fue disparo de arma de fuego, sin que se haya determinado la autoría o los responsables. Valiñas dijo ante el Consejo de DDHH de la ONU que identificaron como organismos represores a la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, e incluso en algunos casos había con ellos civiles armados identificados con el chavismo que también usaron armas de fuego contra los manifestantes.

4) Detenciones selectivas y «Operación Tun Tun»

Desde diciembre de 2023, autoridades del gobierno de Maduro denunciaron al menos diez conspiraciones, que usaron como excusa para el amedrentamiento a opositores y la persecución política selectiva.

Unas 48 personas, entre civiles y militares, fueron detenidas por este motivo, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Esto equivale al menos a tres detenciones cada semana, todas las semanas, por cuatro meses.

Tras las elecciones, el gobierno ejecutó la llamada «Operación Tun Tun«, una oleada de persecución política afectó sobre todo a testigos electorales de la oposición y personas salieron a protestar en las calles o expresaron su rechazo a los resultados electorales anunciados por el CNE en las redes sociales.

La mayoría de las personas detenidas eran identificadas por las fuerzas de seguridad a través de fotos o videos o delatados por personas afines al gobierno, que promovió públicamente esta práctica, a través de una aplicación diseñada para responder a las fallas de servicios públicos.

5) Violaciones graves al debido proceso

En la mayoría de los casos, las detenciones postelectorales se llevaron a cabo sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia, y/o sin informar del motivo de la detención.

Con frecuencia, las autoridades no respetaron el plazo de 48 horas estipuladas para presentar a las personas detenidas ante un tribunal de control. Además se les negaba el derecho a la libre elección de abogado, imponiéndoles la defensa pública.

La mayor parte de las audiencias fueron colectivas y de carácter sumario, sin que la defensa hiciera alegatos o se le permitiera intervenir a las personas detenidas.

6) Imputación sistemática de delitos de terrorismo

En la mayoría de los casos investigados, las personas detenidas fueron imputadas con delitos graves tales como “traición a la patria”, “conspiración para destruir la forma política”, “terrorismo”, “asociación” y -particularmente para personas detenidas por la expresión de sus críticas u opiniones- “incitación al odio”.

La acumulación de imputaciones puede implicar la imposición de la pena máxima de 30 años de prisión, sin derecho a medidas alternativas de cumplimiento de la pena y otros beneficios procesales, explica el informe de la misión.

7) Desapariciones forzadas de corta duración

Se registraron 56 alegaciones de desaparición forzada, alcanzando cotas no observadas desde 2019. De estos casos, 29 ocurrieron antes de las elecciones y posteriores se trabajaron al menos 27 casos, incluidos los de 7 adolescentes.

En algunas ocasiones, sobre todo en casos de alto perfil político, el Ministerio Público informó de las detenciones a través de apariciones en radio o televisión estatales, o incluso por la cuenta personal de X del Fiscal General. En ninguno de estos anuncios se ofreció información sobre el paradero ni las fuerzas que las mantenían en custodia.

8) Torturas, tratos crueles e indefensión

La Misión pudo acreditar que, en al menos en siete casos, las autoridades de los centros de detención cometieron actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas opositoras o percibidas como tales que se encontraban bajo su custodia.

Los métodos de tortura utilizados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. También se registraron denuncias de asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día.

Los casos verificados ocurrieron antes del 28 de julio de 2024. Los posteriores no pudieron ser investigados debido al temor a represalias por parte de las víctimas o de sus familiares.

9) Restricción del espacio cívico y democrático

Los actos de hostigamiento, criminalización y limitaciones al desempeño de actores claves de la sociedad civil se intensificaron. Los ataques contra defensores de los DD.HH aumentaron 92% respecto del mismo período del año anterior.

Se registró la detención de al menos 16 periodistas y comunicadores sociales, la mayoría tras las elecciones. También ejecutaron cierres de emisoras radiales, prohibición de emisión de programas informativos por cable y bloqueos de portales independientes de noticias.

Durante las protestas postelectorales, el mandatario Maduro pronunció fuertes críticas contra las redes sociales más populares y decretó la suspensión temporal de la red X en el país, que aún continúa bloqueada en el país.

10) Crímenes de lesa humanidad y sus consecuencias

El informe de la misión concluye que estas conductas se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, obedeciendo una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno del mandatario Maduro. Todas esas violaciones configuran el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos.

Se entiende que estas acciones fueron cometidas intencionalmente como parte del ataque, y que los autores materiales e intelectuales formaron parte consciente de éste. Por tanto, los actos y omisiones cometidas por agentes del Estado, tal como se describen en el informe, generan su responsabilidad internacional.