Polémica empresa china detrás de nuevo proyecto carcelario en Ecuador

La controvertida empresa estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC), que cuenta con uno de los proyectos más grandes del mundo bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, está detrás de la construcción de la mega prisión de máxima seguridad en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, informó el sitio ecuatoriano de noticias investigativas La Fuente.

Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., filial de CRBC, firmó a mediados de junio un contrato de USD 52,2 millones con el Gobierno ecuatoriano para entregar la megacárcel en un plazo de 300 días.

Acusada de mala conducta; de realizar trabajos de mala calidad; de retrasos en la construcción, que luego provocaron pérdidas de ingresos; de ganar licitaciones ilegalmente; de violaciones de los derechos humanos; y de daños medioambientales, entre otros muchos problemas en sus proyectos en todo el mundo, CRBC y su infame empresa hermana, China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), tienen un historial cuestionable. Su empresa matriz, China Communications Construction Company (CCCC), y todas sus filiales, fue incluida en la lista negra del Banco Mundial en 2009 durante ocho años por prácticas fraudulentas en Filipinas.

CCCC, y sus subsidiarias incluyendo CHEC y CRBC, son algunos de “los gigantes empresariales chinos que el Partido Comunista utiliza para todo”, dijo a Diálogo en un reportaje anterior Douglas Farah, analista internacional y presidente de IBI Consultants, una empresa estadounidense de servicios de consultoría en seguridad nacional especializada en Latinoamérica. “Es una empresa que recibe muchas quejas, principalmente porque carece de transparencia y porque normalmente sus contratos no están abiertos al público. Eso se traduce en que se comprometen a hacer cosas y luego no hay forma de exigirles que las cumplan”.

Aunque la construcción de la megacárcel de Santa Elena apenas ha comenzado, ya han empezado a surgir señales de alarma. Según La Fuente, está talando gran parte de un extenso bosque, que cobija a varias comunidades ancestrales. Además, del proceso de adjudicación se conoce poco. No pasó por una competencia de empresas locales para pugnar por el contrato. El Gobierno invitó directamente a la subsidiaria china y firmaron el acuerdo para el proyecto poco después, indicó el periódico español El País.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador (CDH) y la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, denunciaron el 19 de agosto que la construcción afecta el bosque primario, pone en riesgo el hábitat de flora y fauna silvestre, amenaza territorios ricos en piezas arqueológicas prehispánicas; y la economía y sustento de las comunidades Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico.

“Los habitantes de Bajada de Chanduy (…) miraban temerosos cómo el tractor destruía los árboles, que han estado ahí desde siempre. Sus rostros se estremecieron con el sonido de la pala gigante cuando arrancaba las raíces de los árboles destruidos. Bastaron unos minutos para que el paisaje verde cambiara. El tractor destruyó todo alrededor de unos ceibos gigantes, que para tener ese tamaño deben estar por cumplir 100 años”, reporta El País. “En un ratito nos están cambiando la vida”, dijo Bernardo Cabrera, uno de los comuneros, según El País, viendo por última vez el bosque que protegieron durante décadas.

Las comunidades anunciaron acciones legales para frenar la construcción, detalló el medio local Expreso, pues temen que se comentan más delitos en lo que consideran sus territorios.

La construcción de la “Cárcel del Encuentro”, como la llama el Estado, porque ahí se encontrarán los corruptos, asesinos y narcotraficantes, inició el 21 de junio y es uno de los planes estratégicos del gobierno para neutralizar y erradicar a la narco-delincuencia. También esperan que sea un símbolo de justicia y el inicio de una nueva era de paz para los ecuatorianos, explicó la presidencia de la República en un comunicado.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, afirmó que la zona donde la empresa china está construyendo la cárcel, el bosque La Envidia, no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni tampoco del Patrimonio Forestal Nacional. “Sin embargo, la Prefectura de Santa Elena sí declaró en enero de 2023 al bosque como área de conservación y de uso sostenible”, informó el medio ecuatoriano Ecuavisa.

Para los expertos, el problema radica en que la empresa elegida para realizar las obras se encuentra entre las empresas estatales chinas, todas ellas con un pobre historial de resultados en todo el mundo y que suscitan preocupación por las posibles repercusiones negativas, duraderas e irreversibles.

“Ecuador les abrió las puertas a empresas chinas para construir megaobras. Varias de ellas, realizadas hace más de una década, continúan presentando serios problemas estructurales”, explicó Voz de América. “Entre esas obras, destaca la presa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que mantiene al país en vilo por el amplio impacto ambiental y las dificultades para generar energía”.