El Estado chileno, condenado a indemnizar a una parroquia incendiada por no defenderla del ataque

Ante la debilidad exhibida por el presidente Sebastián Piñera (fallecido en febrero de este año en accidente de helicóptero), la extrema izquierda chilena llevó a cabo desde finales de 2019, durante más de un año, una intensa campaña de violencia en las calles del país que preparó el triunfo en 2022 del comunista Gabriel Boric.

Las iglesias fueron destinatarias de numerosos ataques, que alcanzaron su cénit el 19 de octubre de 2020, con la quema, saqueo y profanación de los templos de la Asunción y de San Francisco de Borja en la capital Santiago.

Doble asalto

Los esfuerzos de los carabineros por mantener el orden, apoyados incluso de forma emotiva por la población, fueron en muchos casos inútiles, desautorizados por un gobierno temeroso de parecer represivo y que buscó la contemporización política con quienes agitaban la calle, ofreciéndoles en bandeja la reforma constitucional que querían (finalmente rechazada en referéndum).

Esta escena se viralizó en noviembre de 2019. Una niña detiene a unos carabineros en la calle: “¿Qué pasó?” “Les quiero dar la bendición.” “¡Gracias!” “Padre Jesús, bendígalos de cosas y cúbrales Su sangre preciosa de la mollera a la planta de los pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén.” “Gracias, linda. Muchas gracias”.

En ese contexto, la parroquia de la Asunción fue asaltada en dos ocasiones.

El 8 de noviembre de 2019, según la denuncia presentada por los responsables del templo, “un grupo de delincuentes encapuchados ingresó a la fuerza al templo procediendo a llevar a cabo actos sacrílegos y a vandalizarlo, rayando muros, altares y pilares, entre otros, además, destruyeron obras de arte y el mobiliario del templo con el fin de hacer barricadas en el exterior, y sobre todo para mofarse de la fe religiosa, llevando a cabo actos sacrílegos como el descabezamiento de la Inmaculada Concepción y la destrucción de imágenes de otros santos”.

Finalmente, el 18 de octubre de 2020, “individuos con el rostro cubierto lanzaron bombas molotov y elementos incendiarios acelerantes y lograron iniciar un incendio de grandes proporciones que destruyó parte de la estructura del edificio”, causando “gran  conmoción” en “la opinión pública nacional e internacional la caída de la torre rematada por una aguja con una cruz de hierro”.

Las imágenes de la destrucción de la Asunción dieron la vuelta al mundo.

En noviembre de 2022, la parroquia demandó al Fisco de Chile por “perjuicios provocados por la destrucción del templo de la parroquia demandante y su mobiliario”. Y esta semana, el 22º Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar 76.754,82 UF (Unidades de Fomento), aproximadamente tres millones de euros, a la parroquia de la Asunción por “indemnización de perjuicio por falta de servicio” ante el “atentado a la libertad de culto” sufrido.

Dejación de una obligación estatal

Según la sentencia, que recoge El Mercurio, “las perniciosas consecuencias sufridas en la parroquia de la Asunción aparecen como una consecuencia directa de la falta de protección y prevención en la labor estatal, o, dicho de otro modo, de la falta de servicio en que incurrió el Estado”.

Según el fallo en primera instancia de la magistrada Lorena Cajas Villarroel, que podría ser apelado por el Consejo de Defensa del Estado, se pudo constatar “el estado dañoso y ruinoso de la parroquia de la Asunción producto del saqueo e incendio ocurrido en dicho templo en el contexto de las manifestaciones por el ‘estallido social’”, ante el cual “es posible afirmar que existió una falta de servicio del Estado en su labor de garante de la seguridad y el orden público”.