El Comando Rojo avanza en las tres fronteras entre Brasil, Colombia y Perú

Una investigación publicada el 17 de julio por el Grupo Internacional de Crisis (ICG), una ONG con sede en Bruselas, que opera en la región amazónica desde 2001, demostró que la facción criminal Comando Rojo (Vermelho o CV) está avanzando en la región amazónica conocida como las tres fronteras, que abarca Brasil, Colombia y Perú, en su búsqueda por dominar las rutas del tráfico de cocaína.

La organización criminal, nacida en Río de Janeiro en la década de 1970, está creando una red de alianzas en la que participan un grupo de guerrilleros colombianos; el Frente Carolina Ramírez; y narcotraficantes peruanos. El avance del grupo se refleja en otros delitos, como la extracción ilegal de oro y madera y la pesca ilegal, que amenazan aún más la selva y la vida de los pueblos indígenas y ribereños.

Según el informe del ICG, el CV lanzó el Comando Rojo Amazonas hace casi cinco años, deshaciendo una vieja alianza con la facción amazónica Familia del Norte, que fue la principal organización criminal en la zona durante casi una década. El CV superaría así a sus enemigos como el Primer Comando de la Capital y Las Crías (Os Crías), una facción formada en su mayoría por delincuentes jóvenes. El CV también creó un consejo criminal formado por 13 miembros originarios de Manaus, que coordinan las acciones y responden a la dirección general en Río de Janeiro.

El método de acción del grupo incluye la búsqueda de mano de obra barata en las comunidades locales, incluidas las del lado colombiano del río, principalmente jóvenes de 15 años. En una región marcada por la pobreza extrema y la falta de oportunidades laborales, continúan proporcionando ayuda económica, medicinas y alimentos, a las familias necesitadas de las zonas que controlan, con el objetivo de dominar los mercados y las poblaciones locales. También presionan a indígenas, principalmente hombres jóvenes, a los que a veces pagan con pasta base de cocaína, lo que provoca el aumento de drogadicción incluso entre los niños.

La competencia entre grupos criminales ya tiene un impacto en los índices de violencia. Según informes del Foro Brasileño de Seguridad Pública, la tasa de muertes violentas intencionales en el resto de Brasil en 2022, fue de 23,3 víctimas por cada 100 000 habitantes. En la Amazonia Legal, que incluye a los siete estados de la región norte, además de Mato Grosso y parte de Maranhão, fue de 33,8 por cada 100 000 habitantes. En 2022, Leticia, ciudad colombiana en las tres fronteras, resultó la segunda más violenta del país.

Para el ICG, la mejor forma para combatir este avance es que los tres países unan fuerzas. “La cooperación es fundamental. Los delincuentes suelen operar a través de la línea divisoria transportando armas, drogas, fondos y personas a nivel internacional. Al cruzar estas fronteras evitan ser detenidos y procesados, sobre todo porque a menudo disponen de más recursos financieros, que los presupuestos que los Estados dedican para combatirlos”, afirmó Bram Ebus, consultor en medio ambiente y delincuencia del ICG.

La Declaración de Belem, firmada durante la Cumbre Amazónica de agosto de 2023, que reunió a los ocho países amazónicos que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, sigue esta senda de cooperación. La Declaración prometía “promover el intercambio de información y mejorar la cooperación policial y de inteligencia, para combatir las actividades ilegales y los delitos medioambientales que afectan a la región amazónica”. También preveía la creación de un centro regional de cooperación policial en Manaos.

“Las fuerzas del orden deben centrarse en reforzar los ejercicios de fomento de la confianza, incluida la aplicación de medidas contra la corrupción”, afirmó Ebus.

“Mejorar el intercambio de información y los canales de comunicación en relación con los movimientos transfronterizos de personas buscadas, así como los envíos de drogas y armas, podría aumentar significativamente la agilidad y la eficacia de las respuestas estatales”.

La investigación del ICG demostró que los delincuentes reinvierten los beneficios del narcotráfico en otras actividades delictivas que dañan el medio ambiente, como la tala ilegal de árboles, la extracción de oro y la pesca ilegal. Estas actividades les permiten blanquear dinero, utilizar una lucrativa fuente de ingresos  más segura; e incluso utilizar el dinero para ocultar y transportar la droga en cargamentos de madera, pescado, etc.

La cocaína es ya la principal causa de deforestación y contaminación en la región de la triple frontera, en gran parte porque es también en la selva donde se instalan los laboratorios para procesar la droga, filtrando residuos químicos al suelo y al agua. La extracción ilegal de oro envenena los ríos de la Amazonia con mercurio. Las incursiones criminales en tierras indígenas ponen en peligro a estas comunidades.

Ebus afirmó que Colombia y Brasil tienen buenas iniciativas para combatir a los delincuentes. La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia recibe buen apoyo financiero y dispone de las herramientas necesarias, para investigar las rutas del dinero relacionadas con delitos medioambientales. En Brasil, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, tiene el poder para implementar medidas enérgicas contra los delincuentes medioambientales y los intrusos violentos en ecosistemas protegidos.

El Ministerio de Defensa de Brasil envió a Diálogo una declaración, donde afirma que participa en acciones interministeriales y que realiza operaciones con agencias de seguridad pública, para combatir delitos en zonas fronterizas. Algunas de estas operaciones, incluso, se llevan a cabo en conjunto con las fuerzas armadas de los países que limitan con Brasil. El Ministerio cita la Operación Ágata, coordinada por las Fuerzas Armadas Brasileñas, que desde 2011 lleva a cabo acciones de seguridad, a lo largo de 17 000 kilómetros de fronteras terrestres con 10 países sudamericanos. Militares brasileños del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, realizan el trabajo con la participación de 12 ministerios y 20 agencias gubernamentales.

“La colaboración con homólogos de otros países, es crucial para comprender las cadenas internacionales de suministro de productos amazónicos, obtenidos ilícitamente, así como los flujos de dinero asociados. La normalización de la legislación sobre delitos medioambientales en todos los países facilitaría este esfuerzo”, remarcó Ebus.

El 27 de julio, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, anunció el lanzamiento de un nuevo esfuerzo con los gobiernos de la cuenca amazónica, para desmantelar la financiación ilícita, que sustenta los delitos contra la naturaleza. La Iniciativa de la Región Amazónica contra la Financiación Ilícita, pretende aumentar la cooperación entre los ministerios de finanzas, las agencias de seguridad y otras entidades de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y los Estados Unidos, con el objetivo de mejorar el entrenamiento para detectar las redes financieras ilícitas que operan en la región.