¿Es necesaria una revisión del marco legal electoral? Hablan los expertos

La legislación venezolana en materia electoral está bajo la lupa parlamentaria dominada por el chavismo. Este martes 8 de octubre se cumplió una semana desde que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, convocara a la revisión inmediata del conjunto de leyes que norman la participación política y electoral de los venezolanos, nombrándose a sí mismo cabeza de esa comisión.

El mandato fue cumplido en la sesión siguiente, bajo el rótulo de “Diálogo”, donde los interlocutores eran los partidos políticos y movimientos electorales que presentaron o respaldaron candidatos en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

La primera conclusión del encuentro coincidió con el principal argumento con el cual Rodríguez sustentó su convocatoria: la necesidad de filtrar la normativa de participación política a través del artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el deber de los ciudadanos de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, así como de resguardar la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.

“Porque no se puede participar en la vida política nacional y, al mismo tiempo, promover acciones militares extranjeras o acciones que solo pueden catalogarse como de terrorismo”, explicaba el jefe de la AN, tras la jornada del jueves 3 de octubre.

Pero la pregunta es ¿puede este proceso de revisión ayudar a aliviar la tensión política actual, cuando no se ha terminado de cerrar el último proceso electoral, puesto que el Consejo Nacional Electoral se mantiene en deuda con la publicación oficial y detallada de los resultados de las presidenciales, cubriendo con un manto de opacidad su actuación como ente rector?

Expertos en temas electorales dan luces sobre este llamado «diálogo» para revisar las normas electorales.

¿Hace falta la revisión?

Para Griselda Colina, fundadora y directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, es importante hacer una separación entre la necesidad real que existe de hacer una adecuación de las leyes en materia electoral, y lo inoportuna de esta convocatoria con un sesgo completamente político y discriminatorio.

“Los que trabajamos en el tema electoral tenemos años diciendo que la revisión es una necesidad y haciendo revisiones y elaborando propuestas”, explica la experta. Pone como ejemplo la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, que data de 1964 y con una modificación parcial en 2010.

Sin embargo aclara que, en su opinión, en las circunstancias y condiciones en las que se da el proceso “lamentablemente carece de toda posibilidad de que genere propuestas interesantes y necesarias para la legislación en materia electoral venezolana”.

Quiénes, cómo y por qué

Por su parte, el politólogo especialista en materia electoral, Jesús Castellanos Vásquez, coincide en la necesidad de la revisión, pero aclara que para que pueda ser efectiva requiere no solo un contexto de menor controversia política, sino “una participación más plural y un obligatorio apego al marco constitucional, legal y a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado venezolano”.

Explica que limitar la consulta a determinadas organizaciones políticas, dejando por fuera a otros partidos, a la academia, expertos y ONG, además de discriminatorio “es correr el riesgo de generar normas con vacíos, parcialidades, omisiones y contradicciones”.

Colina añade que revisar todas estas leyes y reglamentos en materia electoral “lleva tiempo, esfuerzo, implica involucrar a distintos actores. Asimismo, requiere llevar un proceso de comunicación para que el país entero comprenda qué se está discutiendo y porqué… y esto no está pasando”, puntualizó la especialista, por lo cual pone en duda que, de hacerse correctamente, pueda concluirse el proceso antes de que termine el año, tal como anunció el jefe de la AN.

El asunto de la confianza

Castellanos Vásquez lleva entonces la atención hacia otro punto clave: la confianza en el Poder Electoral, que en este momento se encuentra menoscabada. “El tema electoral en Venezuela enfrenta en este momento una enorme gravedad, no solo para los electores que votaron por Edmundo González Urrutia, sino para todo el país que vio un resultado distinto al que anunció el CNE y avaló el TSJ”, indica el politólogo.

Recuerda que gracias al esfuerzo sostenido de ONG, académicos, medios de comunicación y actores políticos, que por años desmontaron mitos y educaron sobre las fortalezas, se había logrado que el país confiara en la inviolabilidad del sistema automatizado de votación.

“Si bien el sistema sigue siendo igual de confiable, la manipulación que se hizo de las cifras de resultados lesiona algo mayor: la figura del voto como institución. Esto es un tema muy delicado que no va a aliviar unos cambios de leyes electorales; por el contrario, probablemente vaya a endurecer las posiciones contrarias al sufragio como expresión ciudadana”.

Extemporáneo e inclinado a parcialidad

Otro de los expertos consultados, que pidió no ser identificado, coincide con este punto. Califica como “extemporáneo” el proceso de revisión, ya que se hace en medio de una crisis causada precisamente por el no cumplimiento de la normativa, precisamente por parte del ente rector del Poder Electoral.

Para este especialista, a la debilitada confianza en el CNE, se le sumaría además desconfianza en el convocante a la revisión, ya que, en su opinión, las razones expuestas por el presidente de la AN claramente son tendientes a inclinar la balanza del Poder Electoral hacia los intereses del Gobierno.

Recuerda este experto que el presidente del Parlamento ya había adelantado la propuesta de revisión el 13 de agosto, cuando arremetió contra el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas (ONU), luego que estos se negaran a avalar los resultados electorales anunciados por el CNE, que daban a Nicolás Maduro como ganador.

“Entonces Rodríguez juró que no volverán al país y para ello propuso entonces la reforma de todas las leyes electorales venezolanas para blindar los procesos comiciales de cualquier injerencia extranjera”, aseguró el experto.

Constitucional, técnica y legislativa

Aunque los especialistas coinciden en que no es ni el mejor momento ni las mejores condiciones para hacerlo, lo cierto es que la revisión del ordenamiento en materia legal avanza en un diálogo sesgado, hacia lo que parece un destino anunciado.

Tres son las subcomisiones de trabajo, declaradas en sesión permanente, que llevan adelante el proceso:

La primera de ellas es la Mesa Constitucional, presidida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, con la tarea de evaluar el aspecto constitucional de esta materia para incluir el “espíritu” del artículo 130 de la Carta Magna.

La segunda es la Mesa Técnica, liderada por el legislador Francisco Ameliach. Revisará los reglamentos relacionados con el ecosistema electoral e incluirá la verificación del funcionamiento de los partidos.

La tercera subcomisión es la Mesa Legislativa, dirigida por el parlamentario Luis Eduardo Martínez, que trabajará las reformas de las leyes o el desarrollo de nuevos instrumentos legales.

El presidente Nicolás Maduro ya ha felicitado la iniciativ, la cual la calificó de inclusiva mientras aseguró que “va a tener resultados muy pronto”. Las cartas parecen estar echadas.