Chile: de nuevo sistema de financiamiento a nuevo sistema de endeudamiento

Grandes expectativas genera el nuevo proyecto de ley anunciado por el presidente Gabriel Boric que promete la condonación del CAE (Crédito con Garantía Estatal). La forma en que se eligió hacerlo, sin embargo, requiere de un análisis profundo fuera de toda fraseología, para ver en qué modo impactará en las personas, sobre todo a las destinatarias del mismo, familias y personas trabajadoras.

Lo primero que salta a la vista es el gran negocio que significó este anuncio, donde los más beneficiados son los bancos que están ligados a las instituciones de educación superior. Del total de 896.000 personas en etapa de pago de la deuda estudiantil, el 57 % habría dejado de pagar por más de tres meses, es decir se encuentran en estado de morosidad según el centro de estudio Pivotes, esto se hace más grave en el año 2023 donde la morosidad aumentó en un 7 % según los datos de la comisión ingresa, resulta que más de 540.000 deudores dejaron de pagar el CAE.

La comisión ingresa atribuye esta tendencia a la campaña de gobierno de Boric, pero el número de morosidad viene aumentando de forma sostenida desde el año 2016 (MINEDUC 2023). Esta situación era sin dudas una gran crisis para la banca quienes estaban acostumbrados a ser los ganadores absolutos del robo de esta ley haciendo que el Estado pague desde su creación cuantiosas cifras en sobreprecio. A modo de ejemplo, un estudio de la fundación Sol el año 2021 sostiene que el fisco ha pagado 4,1 veces más que lo que se requería originalmente. Solamente la totalidad de créditos comprados por el fisco entre el año 2006 al 2020 equivale a 4,66 billones (cuatro millones de millones) de los cuales 924.136 millones corresponde a sobreprecio (!)

Gracias al nuevo proyecto de ley, si eres una persona que ha pagado menos del 75% de la deuda (la gran mayoría de deudores) pagarás en cuotas directamente al Estado, que a su vez pagará a la banca a cargo de las carteras de crédito. Es decir, se buscará encausar, bajo la promesa de un mejor endeudamiento, esas fugas de pagos que han vivido los bancos durante los últimos 8 años, garantizando el beneficio a quienes han lucrado de una manera probada con la educación desde la implementación del CAE, además de salvarles el negocio, lo asume el Estado bajo una nueva forma.

Con los datos expuestos podemos dimensionar la crisis en la que había entrado el negocio del CAE en términos monetarios. En lo político esto alcanzó un punto crítico. Significó el cuestionamiento al negocio privado de la educación con el caso de Marcela Cubillos y su sueldo millonario a costa de las deudas de miles de estudiantes que utilizan el CAE para poder estudiar en la educación superior.

A ojos de millones de personas, que tienen que financiar sus estudios superiores con ésta que es la principal herramienta de “financiamiento por parte del Estado” hace años, la Universidad San Sebastián y sus autoridades-gerentes y operadores políticos de la derecha ligados a Luis Hermosilla fueron una amarga imagen, pero sobre todo fué un golpe para la derecha que defiende a través de sus políticos como Andrés Chadwick y Evelyn Matthei la educación mercantilizada heredada de la dictadura. Sin embargo, de esta crisis tuvo que hacerse cargo el gobierno, en particular Apruebo Dignidad con sus aliados de la ex Concertación, quienes no han dudado en generar grandes negocios a los bancos con nuestros derechos básicos como a educarse, sino que han buscado sofisticadas formas para mantener el autofinanciamiento en la educación superior.

De nuevo sistema de financiamiento a nuevo sistema de endeudamiento

El programa de campaña electoral del actual gobierno fue motivo de las más diversas vacilaciones políticas para la coalición. La educación pública no estuvo libre de esta situación. En un principio se prometía un sistema único de educación pública que integraba instituciones de educación superior. Incluso esta idea se promovía por los partidarios del “apruebo” durante la Convención Constitucional. Pero esto fue cambiando con los años de gestión y la paulatina integración de la ex Concertación y sus lógicas neoliberales en el ejecutivo.

Después vimos silencio del gobierno respecto a este tema. En las federaciones estudiantiles las juventudes oficialistas respondían a las movilizaciones de base contra la precarización en las universidades (como la toma de Artes Centro) con el grito de guerra de “nuevo sistema de financiamiento”, organizaban densos petitorios para el ministerio de educación que coronaban sus reclamos con “nuevo sistema de financiamiento”. Acabar con el autofinanciamiento según las reflexiones políticas del Confech y la Fech, bajo la dirección del Frente Amplio y el Partido Comunista, era el horizonte hacia el cual debían apuntar las manifestaciones de descontento con la crisis en el financiamiento de la educación pública. Una vez más la realidad les juega una mala pasada. Serán recordados como quienes en el gobierno dieron una nueva forma al autofinanciamiento, sello distintivo de la educación neoliberal.

Pero, ¿qué es el autofinanciamiento? Para responder a esta pregunta tenemos que ver el cambio de lógica que significó la mano de la dictadura en el sistema educativo en Chile. Desde antes de 1973 la educación era financiada directamente por el Estado, algo parecido a lo que se hace en la mayoría de los países del mundo. El Estado de Bienestar instaló la idea de que hay derechos básicos que se deben financiar con los impuestos de las personas que habitan cierta delimitación geográfica. Con esta idea vino a romper el neoliberalismo, instalando que todo debía estar regido por las leyes del mercado y naturalmente, ser nicho de acumulación capitalista para beneficio de algunos.

Instalado en los hechos por la bota militar, esto significó la privatización de derechos básicos como la salud (ISAPRE) pensiones (AFP) y educación (mercantilización y subsidio a los privados) cambiando el foco de derecho básico a mercancía para ser intercambiada en el mercado como lo puede ser un celular o un cepillo de dientes.

¿Qué vende esta educación? O en otras palabras, ¿cuál es el negocio? Nosotros, las personas que cursamos por la educación superior somos vistos como clientes, pero a su vez como una mercancía humana, que es dotada de valor a través de nuestro paso por las aulas universitarias. Además, para esto, tenemos que pagar, una mercancía que paga por su propia formación bajo la perspectiva de que accede a un servicio, negocio redondo.

Pero fuera de abstracciones significa que las universidades son vistas para el Estado como empresas, donde el financiamiento a la educación superior pasa por cuantos “clientes” o “activos” tenga cada institución educativa para destinar los fondos. Esto en el sistema actual se reflejaba en el subsidio según la cantidad de matrículas de una universidad, para destinar cierto porcentaje de financiamiento, en concepto de CAE, beca de gratuidad, otros beneficios estatales y recursos directos. Lo que cambia ahora es el recorrido de los fondos, pero no su contenido. Ahora, lxs estudiantes aportaremos a una especie de fondo solidario por el hecho de estudiar en la educación superior, pagando al estado por los semestres cursados. Con este dinero se financiará a instituciones educativas, en el ámbito público y privado y este fondo irá, como en la lógica del autofinanciamiento, a las universidades con más “clientes”. Los bancos salen de la ecuación respecto al beneficio que venían teniendo por el CAE, pero esto no significa que a través de las instituciones educativas y el financiamiento a privados puedan seguir guardando y poniendo en circulación el capital que les genera el negocio educativo. Lógicamente tampoco se rompe con el principio de subvención.

La nueva ley FES descuenta un 8% del sueldo a quienes cursaron por una carrera universitaria y ganan más del salario mínimo. Con este fondo, basados en el principio de “solidaridad” y meritocracia, siembran la ilusión de un mercado laboral perfecto, algo muy lejos de la realidad, pero también crea un instrumento de financiamiento a la educación superior que es un impuesto extra por estudiar una carrera universitaria.

Además del impuesto al consumidor, a los descuentos en el sueldo aparte de la futura deuda educativa etc. Esta herramienta para gravar a las grandes mayorías por estudiar en un contexto económico de bajo crecimiento y de un aumento del sueldo mínimo por debajo de la línea de la pobreza, crea un fondo que va a ser invertido también para las universidades privadas haciendo un gran favor a los empresarios de la educación, que a través de mecanismos como el de Chadwick-Cubillos y los bancos pueden seguir parasitando de este derecho básico, es decir, además de mantener el autofinanciamiento, el negocio neoliberal continúa.

Para confirmar lo anterior sólo basta con leer el apartado de funcionamiento del proyecto de ley que dice “El Estado transferirá a las instituciones el monto equivalente a la suma de los aranceles regulados y derechos básicos de matrícula correspondientes a las personas beneficiarias de cada institución”.

Hacia una educación superior gratuita con acceso irrestricto

El gran ausente de este proyecto de ley son las pruebas de selección, una herramienta de segregación típica del negocio de la educación ¿Qué sería de las universidades privadas si todxs pudieran ingresar sin impedimentos a las principales universidades del país? Que efectivamente hacen investigación y cuentan con herramientas para formar a cientos de miles de personas. Pues bien, las pruebas de selección en la educación superior se mantienen, de una forma centralizada y “más inclusiva” con la PAES. Esto es muy importante ya que muestra el esmero del gobierno de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático por mantener el mecanismo de la educación de mercado. Segregación, financiamiento insuficiente y lucro descarado, será el legado del “gobierno transformador y de grandes reformas”.

Desde la agrupación anticapitalista Vencer planteamos que hay que retomar el programa histórico del movimiento estudiantil, mediante la reflexión y el debate en asambleas cuestionar esta verdad sagrada del negocio educativo que nos buscan imponer desde la derecha al Partido Comunista como la única vía para el sistema educativo. Además, cambiar esta realidad mediante la movilización desde las bases y a nivel nacional por un financiamiento directo y basal desde el Estado a las instituciones públicas de educación superior, el fin a las pruebas de selección para que todxs podamos estudiar y el único medidor sean nuestras propias capacidades y la gratuidad en la educación superior para que se abran las puertas de las universidades a las hijas, hijos e hijes de las familias trabajadoras, sin endeudamiento ni lucro, sin ahogarnos en impuestos ni pensar que somos clientes de un servicio educativo.

Para lograr esta perspectiva debemos cuestionar a los dirigentes estudiantiles que comparten intereses con el gobierno con una federación independiente a la derecha, la ex concertación y los nuevos conciliadores con los empresarios de la educación del Frente Amplio y Partido Comunista para fomentar el debate en todas las universidades a nivel nacional y que decidamos desde abajo qué sistema educativo necesitamos hoy.