Imagen @MintrabajoCol
El futuro de la Reforma Laboral en Colombia ha dejado una profunda cicatriz en el sector rural. A pesar de que el 90% de los artículos de la reforma fueron aprobados en la Plenaria de la Cámara de Representantes, los campesinos, columna vertebral de la producción agrícola, han sido relegados una vez más. Con la eliminación de disposiciones clave que buscaban formalizar sus empleos, miles de trabajadores rurales han quedado en la sombra, desprotegidos y condenados a seguir luchando contra la informalidad, una problemática que, según cifras del DANE, afecta al 84% de los trabajadores del campo.
“La Reforma Laboral avanza, pero el campo sigue en la inequidad”, declaró Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, quien lamentó la decisión del Congreso de eliminar los artículos sobre el contrato especial y el jornal agropecuario. Estos artículos eran la única esperanza de muchos campesinos para escapar de la precariedad, acceder a un salario digno y contar con seguridad social, derechos fundamentales que siguen siendo un lujo inalcanzable para la mayoría de ellos.
El impacto de esta decisión es devastador para una población que ya carga con décadas de desamparo. Los campesinos, hombres y mujeres que sostienen gran parte de la producción alimentaria del país, siguen siendo marginados, con salarios irrisorios que en muchas regiones apenas llegan al 60% del salario mínimo. En departamentos como Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Magdalena, Sucre y Nariño, los trabajadores rurales están atrapados en un ciclo de pobreza que parece interminable, mientras que en zonas más favorecidas como Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y Caldas, los jornales alcanzan, en promedio, el salario mínimo legal vigente.
Este escenario ha desatado un fuerte debate sobre la inequidad territorial en el campo colombiano. La disparidad en los ingresos es solo una parte del problema; la ausencia de seguridad social, la falta de contratos formales y la invisibilidad ante las instituciones agravan aún más la situación. En palabras de la ministra Ramírez, “los artículos eliminados eran clave para generar un escenario de formalización laboral y protección para nuestros campesinos y campesinas”, y su eliminación es un duro golpe a una de las poblaciones más vulnerables del país.
El Gobierno Nacional, consciente de esta realidad, ha expresado su decepción por la decisión de la Cámara de Representantes. “Perdimos una oportunidad histórica para garantizar el derecho de los campesinos a ganar un salario mínimo y tener seguridad social”, afirmó Ramírez, quien dejó claro que la lucha no termina aquí. El Gobierno insistirá en reabrir el debate en el Senado, con la esperanza de que los campesinos no sean, una vez más, los olvidados en una reforma que promete mejorar la vida de los trabajadores en todo el país.
La informalidad laboral en el campo colombiano no es solo un problema económico, sino un reflejo de la deuda histórica que el país tiene con su población rural. Son 1.767.822 campesinos, el 68,6% de los trabajadores rurales, quienes siguen atrapados en la pobreza, sin acceso a las garantías mínimas que cualquier empleo debería ofrecer. El campo colombiano, fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país, sigue siendo víctima de un abandono estructural que perpetúa la desigualdad y la precariedad.
Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el Convenio 81 sobre inspección laboral, han sido ignoradas en el campo, donde las condiciones de trabajo continúan al margen de la legalidad. El Ministerio del Trabajo ha anunciado que reforzará los esquemas de inspección laboral rural, una medida que busca al menos mitigar el impacto de la informalidad, aunque la tarea es titánica. El objetivo es garantizar mejores ingresos para los campesinos y ofrecerles un futuro más digno.
Sin embargo, la lucha por los derechos de los campesinos va más allá de medidas paliativas. La informalidad, la falta de seguridad social y los bajos salarios son solo la punta del iceberg. Lo que está en juego es el reconocimiento de una deuda histórica con el campo colombiano, una deuda que ha permitido que, durante décadas, los campesinos sigan siendo ciudadanos de segunda clase. El Gobierno del Cambio ha asumido el reto de darles una voz y cumplir las promesas que tanto tiempo se les ha negado.
Mientras la Reforma Laboral sigue su curso, el campo espera, una vez más, ser escuchado. La historia reciente ha demostrado que sin una intervención decidida y estructural, los campesinos seguirán en el olvido, con salarios de miseria y sin acceso a los derechos básicos que otros trabajadores en el país ya tienen. Colombia, un país que se enorgullece de su riqueza agrícola, no puede permitirse seguir ignorando a quienes hacen posible ese orgullo. El futuro del campo depende de las decisiones que se tomen hoy.
carloscastaneda@prensamercosur.org
- Colombia | Un paso histórico hacia la justicia intercultural en Colombia - 17 de octubre de 2024
- Colombia | Oposición da duro golpe a la reforma : Campesinos quedan en el olvido tras eliminación de protecciones clave - 17 de octubre de 2024
- Colombia | Bogotá se pone a prueba: Simulacro de Emergencias en la Estación Ricaurte de TransMilenio - 16 de octubre de 2024