Corte Suprema ultima acuerdo para financiar medicamentos caros

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ha concluido un acuerdo con el gobierno federal, los estados y los municipios para establecer directrices sobre el suministro de medicamentos de alto costo, en base al derecho constitucional a la salud.

Este acuerdo establece que las demandas relacionadas con medicamentos no incorporados al Sistema Único de Salud (SUS), pero registrados en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), serán tratadas en el Tribunal Federal. En estos casos, el gobierno federal será responsable de financiar los medicamentos cuyo costo anual sea igual o superior a 210 salarios mínimos. Este año, el salario mínimo se fijó en R$ 1.412, equivalentes a unos US$ 248,77.

Cuando el costo anual del medicamento esté entre siete y 210 salarios mínimos, los tribunales estaduales se encargarán del caso, y el gobierno federal deberá reembolsar el 65% de los gastos asumidos por los estados y municipios. Para medicamentos oncológicos, el reembolso será del 80%.

El acuerdo también prevé la creación de una plataforma nacional que centralizará todas las demandas judiciales relacionadas con medicamentos, lo que permitirá compartir los datos con el poder judicial y agilizar el análisis de los casos.

Ceremonia

La ceremonia para oficializar el acuerdo se realizó el jueves (17) en la sede del STF. El presidente de la corte, Luís Roberto Barroso, destacó que este acuerdo representa un primer paso para racionalizar el sistema judicial en temas de salud.

“La judicialización de la salud se ha convertido en uno de los mayores desafíos del poder judicial en Brasil, y es un problema que no tiene soluciones jurídicas sencillas ni moralmente económicas”, señaló Barroso.

Por su parte, la ministra de Salud, Nísia Trindade, afirmó que este acuerdo marca un hito para la salud pública del país. Según ella, es esencial que el derecho constitucional a la salud se aplique de manera sostenible para que el SUS pueda beneficiar a toda la población.

“Las decisiones del STF son emblemáticas y establecen criterios claros de responsabilidad en la concesión judicial de medicamentos y otros insumos de salud, además de definir la competencia y la distribución de responsabilidades entre el gobierno federal, los estados y los municipios”, afirmó Trindade.

El abogado general de la República, Jorge Messias, añadió que “este entendimiento ha permitido construir una lista clara de competencias y responsabilidades dentro del SUS, abarcando el gobierno federal, los estados, el Distrito Federal y los municipios”.