En 2017 se iniciaron las discusiones sobre la implementación del control electrónico a presos por violencia familiar; mientras, seguían los feminicidios, la mayoría de ellos pudieron ser evitados.
Tras debates innecesarios en el Congreso y discusiones respecto a cuál sería el organismo encargado de aplicar el sistema, recién en el 2020 el Poder Ejecutivo promulgó el uso del monitoreo por dispositivos electrónicos de control. No obstante, no hubo reglamentación.
Las autoridades perdieron unos cinco años para la implementación de las tobilleras electrónicas, mientras cientos de mujeres seguían muriendo a manos de sus ex parejas verdugos. El propio ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció recientemente que el uso temprano del dispositivo pudo haber salvado vidas.
El feminicidio de Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años, asesinada el pasado domingo por su ex pareja, Osvaldo Luis Zaracho Fernández, quien violó su arresto domiciliario para cometer el feminicidio, obligó a las autoridades a acelerar la implementación del monitoreo como medida de protección a las víctimas.
MUERTES. Según cifras del Observatorio Criminológico del Ministerio Público (MP), en lo que va del 2023 son 25 los casos de feminicidio registrados en el país.
Las estadísticas indican que en el 2018 se registraron 50 feminicidios; en el 2019 fueron 37; en el 2020 un total de 36; en el 2021 fueron 37; y en el 2022 la cifra fue de 36.
Tomando en cuenta el periodo 2020-2023, desde la vigencia de la ley, son 134 las víctimas. En el mismo lapso quedaron huérfanos 228 menores de edad.
Los registros indican, además, que en mayor parte los victimarios eran parejas de las víctimas. En casi todos los casos hubo episodios de violencia precedentes.
DENUNCIAS. La titular del Ministerio de la Defensa Pública, Lorena Segovia, comentó que en lo que va del año se asistió a 4.500 mujeres víctimas de violencia, de las cuales solo el 50 por ciento decidió denunciar a su agresor.
“Es el sistema de protección, posteriormente a la presentación de la denuncia, donde debemos poner el foco, y no solamente en lo que hace a la seguridad física de la mujer”, dijo la funcionaria a Monumental 1080 AM.
Plantean declarar emergencia social
Tras el nuevo caso de feminicidio, que tuvo como víctima a la joven Katia Brítez, en el Senado se presentó un proyecto de emergencia social ante la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, firmado por varios senadores de distintos partidos, entre ellas, Lizarella Valiente. En la propuesta se apunta a establecer mecanismos urgentes de prevención, promoviendo cambios culturales, a través de talleres y campañas de concientización de igualdad de género entre hombres y mujeres. Se específica que se pretende establecer un periodo de emergencia para convocar a todos los actores involucrados a trabajar en la formación y capacitación de funcionarios, alumnos y ciudadanía en general a fin de erradicar las prácticas violentas. La senadora había dicho que el machismo era promovido por las mujeres.
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