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Mié. Ago 14th, 2024
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El representante especial para la independencia de jueces y abogados de la ONU sostuvo más de 30 reuniones en una semana. Hoy se entrevistará con el presidente Luis Arce

Las maletas de Diego García-Sayán, el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial y abogados, están llenas. En su viaje de retorno a Ginebra llevará consigo las denuncias de injerencia política en el sistema de justicia boliviano, además del clamor de decenas de víctimas, mujeres y familias golpeadas por feminicidios impunes, así como por la violencia ejercida desde varios niveles del Estado.

El alto funcionario internacional, que evitó comentarios públicos durante el desarrollo de su visita, hablará hoy con los periodistas. Entregará una primera opinión sobre los datos que recogió esta semana en el país para elaborar el informe que presentará en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Este reporte tenía que ser entregado en 2023, dentro de un año, pero el plazo fue reconsiderado por el propio relator. A través de un comunicado, señaló que la nueva fecha fue establecida por “la valoración del informe como insumo de importancia en el marco del proceso de reforma judicial que se lleva a cabo en el país”.

“La visita de García-Sayán es fundamental en la medida que nos va a permitir una mirada desde fuera del sistema boliviano. Los insumos que vaya a proporcionar al Estado boliviano para encarar esta reforma a la justicia serán muy importantes”, señaló el politólogo Marcelo Arequipa, en una evaluación preliminar de los resultados de esta visita.

En todo caso, la opinión de este personero, esperada por actores políticos y sociales, también contará con los descargos de autoridades del gobierno, de magistrados del país y juristas que trabajan en propuestas para mentada reforma el sistema judicial del país.

Mostró una importante apertura a la sociedad civil, seguramente para tener un cuadro objetivo y equilibrado del estado de la justicia en nuestro país, caracterizado por la carencia de independencia de los jueces, dada la acción autoritaria de los gobiernos que, en la última década, han sometido al Órgano Judicial convirtiéndolo en un instrumento de dominación estatal, de persecución de la disidencia política y social y en un oscuro mecanismo de impunidad de los actos gubernamentales delictivos”, informó Juan del Granado, miembro del grupo de juristas independientes que plantea una reforma a la Constitución. Demanda que los criterios políticos salgan de la elección de las 26 máximas autoridades del Órgano Judicial.

La visita de relator especial coincidió, además, con uno de los peores momentos de la justicia. Delincuentes, condenados por feminicidios y violaciones fueron liberados a cambio de dinero y “una botella de whisky”, como pasó cuando Rafael Alcón devolvió a la calle a Richard Choque, un asesino serial que, tras ser beneficiado por la “detención domiciliaria”, mató a dos jovencitas para enterrarlas en el patio de su casa.

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