De un tiempo a esta parte, la criptominería se ha convertido en el rubro estrella en Paraguay, siendo cada vez más las “granjas” dedicadas a su producción. Muchas de ellas operan al margen de la ley, dedicándose al robo de energía eléctrica.
Escuchar palabras como “criptominería”, “bitcoins” o “criptoactivos” se volvió usual en el transcurso de los últimos años, motivado en gran medida por el auge de este rubro.
Paraguay logró convertirse en un foco importante para la producción de criptomonedas, aprovechando su capacidad energética gracias al funcionamiento de las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, sumado al bajo costo de la energía.
Los primeros emprendedores que instalaron las denominadas “granjas” de criptominería en suelo paraguayo decidieron instalarse en la ciudad de Villarrica, en vista a que dicha localidad del departamento de Guairá posee una particular condición en lo que respecta al suministro de energía (má), al no depender de la ANDE.
Con el paso del tiempo, el negocio fue ganando terreno y extendiéndose a otros sectores del territorio nacional, siendo uno de los más relevantes el departamento de Alto Paraná, considerado hoy día como el centro principal en cuanto a nivel de producción.
A la par, también se incrementó el número de conexiones clandestinas para instalar estas granjas que, en su mayoría, operan al margen de la ley. A diario, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realiza nuevas intervenciones a suministros irregulares, reportando cada vez más casos de este tipo.
Tan solo en Alto Paraná, hasta febrero se registraron casi 50 casos de sustracción de energía eléctrica vinculados a la minería de criptomonedas, actividad que demanda un considerable consumo de electricidad.
Esta actividad ilícita genera importantes pérdidas para la ANDE, provocando un daño patrimonial cada vez mayor por la energía no facturada. Fredy González, jefe de Asuntos Penales de la empresa estatal, explica que estas conexiones clandestinas son detectadas al notar un registro elevado de consumo sobre los alimentadores.
“Tenemos controlados los alimentadores, cuánto es lo que consumen los usuarios formales, a partir de la constatación de una irregularidad en la línea se procede a la intervención”, mencionó en entrevista con el canal GEN.
Por mencionar un ejemplo, tan solo una conexión clandestina para este tipo de lugares podría generar pérdidas que superan los G. 500 millones mensuales, lo cual da una idea del enorme perjuicio que podrían representar, sin mencionar las demás consecuencias para los consumidores.
Al producirse un consumo muy elevado de energía eléctrica sin existir la capacidad requerida para ello, las líneas sufren una sobrecarga para la que no están preparadas, lo cual deriva en constantes pestañeos, cortes o inconvenientes de baja tensión en los barrios donde operan estas granjas clandestinas.
Cabe recordar que, hoy día se encuentra vigente una reglamentación especial por parte de la ANDE que establece una tarifa específica para la actividad de la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers, la cual fue oficializada a través del Decreto N° 7824/22 del Poder Ejecutivo.
Hasta el momento, la ANDE concedió solo 50 contratos a empresas legalmente constituidas que se dedican a la criptominería, por lo que, el resto de las granjas operan “en negro”.
Ante el incesante aumento de este tipo de emprendimientos, el principal desafío del gobierno (y sobre todo de la ANDE como ente regulador del suministro de energía eléctrica) es idear una estrategia efectiva y eficaz para formalizar las granjas de criptominería, lo cual a su vez rendudará en mayores ingresos a la estatal.
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Por Robert Bourgoing (@robertb_py)