Venezolanos no tienen forma de enfrentarse a la violencia policial, afirma Lisette González de Provea #ConLaLuz

La organización humanitaria Provea tiene documentadas al menos 24 personas muertas en Venezuela, en el marco de las protestas desatadas en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio. De la misma manera, esta ONG contabiliza más de 1.500 detenciones, que pudieran llegar a las 2.000 que el Ejecutivo ha dicho que practicaron sus órganos policiales y militares.

Lisette González, coordinadora de Monitoreo de esta ONG, destacó que estas protestas, en su mayoría, tuvieron como escenario los sectores más humildes del país, lo que habla de una represión contra una gran mayoría de la población venezolana.

«El 98% de las personas detenidas son de sectores populares del país. Frente a la ausencia de unos resultados creíbles por parte del CNE, a partir del 29 de julio empezamos a observar una fuerte presencia de manifestaciones populares en el país». Entre el 29 y el 30 se registraron más de 900 protestas”, destacó durante su participación en el espacio #ConLaLuz.

Jóvenes y humildes

Provea asegura que las denuncias van en ascenso y cualquiera de las cifras que se tenga como base documental, indican que estamos en presencia de un crecimiento exponencial de las detenciones arbitrarias en el país, sobre todo si las comparamos con los registros de otros ciclos de protestas como 2019, 2017 o 2014.

“La mayoría de las personas detenidas en el marco de las protestas han sido jóvenes entre los 18 y los 25 años. Hay un niño de 15 años que murió en el municipio San Francisco del Estado Zulia. En su mayoría son hombres jóvenes. Algunas de las personas no estaban participando en las manifestaciones”, agregó González durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y el periodista invitado, Vladimir Villegas.

Destacó que en el caso de las muertes, todas las personas que fallecieron, lo hicieron en zonas populares. «No hay ningún fallecido por balas perdidas. Son personas que fueron perseguidas durante las manifestaciones o después de las manifestaciones”, dijo.

Habló del caso de un joven que fue asesinado en Carapita y que tanto el fiscal general como Nicolás Maduro aseguraron que se trató de una simulación.

«Consiguieron un muchacho parecido y lo inculparon de simulación de hecho punible. Su familia quieren que se haga justicia”, señaló.

La activista indicó que también han reflejado en sus informes las detenciones de trabajadores de organizaciones no gubernamentales y de personas ligadas a partidos políticos de oposición, sí como registran amenazas y presiones sobre funcionarios de dependencias del Estado, acusados de votar en contra de Nicolás Maduro.

“Tenemos registro de detenciones de dirigentes de parroquias, de municipios, de áreas rurales de diversos partidos. Una de las cosas asombrosas de la represión es que las formas mínimas no se respetan; hay una concejal que fue detenida en plena sesión del Concejo Municipal”, informó.

Según la coordinadora de Provea, las víctimas de represión son en su mayoría del género masculino y han sido detenidas ilegalmente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) y agrupaciones de civiles armados (colectivos).

“La mayoría de los venezolanos no tienen forma de enfrentarse a esa violencia policial, por lo que terminan siendo detenidos”, indicó.