Varias comunidades del municipio de Yanacachi de Sud Yungas del departamento de La Paz analizaron los múltiples impactos de la minería aurífera en sus territorios, los caminos legales para frenar su avance, así como el marco normativo para garantizar el ejercicio de sus derechos en la preservación de su patrimonio natural y cultural frente a los intereses económicos del sector cooperativista.
Durante el taller informativo realizado en la comunidad Santa Rosa en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la lucha contra la minería ilegal”, varios expertos coincidieron en la urgencia de preservar el patrimonio natural del lugar y analizar los múltiples impactos que conlleva la explotación del oro.
A tiempo de inaugurar el encuentro, el presidente ad honorem de Fundación Pueblo, Günther Schulz expresó la necesidad de contar con información real que ofrezca datos y hechos en torno a la minería aurífera en el municipio de Yanacachi, de tal manera de tomar decisiones informadas.
Hizo énfasis en la importancia de tener conocimientos sólidos – tal cual es la esencia del programa Acceso Público de Fundación Pueblo- para saber la extensión de las áreas mineras, los actores mineros, si hay sobreposición en áreas protegidas o zonas pobladas y si afectan esas actividades a los bosques, fuentes de agua y/o áreas de cultivos, por lo que se invitó a expertos e investigadores destacados a compartir sus conocimientos.
“Se trata de que los ciudadanos podamos participar en la gestión pública, en decidir cómo queremos vivir en nuestro municipio, que se respeten nuestros Derechos Humanos (…). Ustedes son los voceros de esa afectación a nuestro medioambiente, a nuestras aguas, a nuestras tierras e inclusive a nuestra paz por actividades mineras cooperativizadas auríferas”, señaló.
A convocatoria del Concejo Municipal de Yanacachi, el Comité de Medio Ambiente y Minería de la Central Santa Rosa y la Fundación Pueblo se realizó el taller que contó con la asistencia de dirigentes y comunarios de base de Santa Rosa, Piguaya, Cacapi, Mocori, Sacahuaya, Chojlla, Chaco y Quisno.
Llegaron hasta Santa Rosa destacados investigadores en calidad de expositores como Héctor Córdova, ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia y analista; Juan Vargas, coordinador para La Paz Norte de la Fundación Natura; Tadeo Rivera y Morelia Eróstegui, en representación de la senadora Cecilia Requena (CC), la abogada María Elena Murillo, además de la periodista Jimena Mercado.
“La minería aurífera traerá destrucción”
El experto en minería Héctor Córdova hizo un análisis de la situación de la minería a nivel nacional, y en particular de la aurífera controlada en más del 90% por el sector cooperativista. Hizo distinciones sobre la responsabilidad económica, social y ambiental que diferencia al sector minero privado del cooperativista, este último exento de pagos de impuestos, licencias ambientales para operar y responsabilidades laborales.
Según el también expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), hay varios factores que impulsan a ciertos sectores de la población boliviana a volcarse hacia la explotación del oro; desde los externos por la cotización elevadísima del metal en el mercado mundial, y otros internos, derivados de la desocupación y el sub empleo en el país.
“Esto hace que vean como la salida más rápida porque el Gobierno no es capaz de ejercer todos los mecanismos que tiene en sus manos para hacer que esta explotación del oro favorezca más al pueblo boliviano (…). La suma de estos elementos hace que haya minería aurífera donde antes ni siquiera se pensaba que había para la explotación del oro”, señaló. En ese marco dijo que hay que analizar la situación de Yanacachi, ya que si bien hace más de 100 años desde que empezó la explotación minera en la mina Chojlla a cargo de la empresa IMCO, con la extracción de estaño y wolfrang, fue con tecnología moderna y aplicando normas laborales y ambientales, lo cual no es lo mismo que las cooperativas auríferas se asienten en la zona.
“El año 1991 hubo un cierre de actividades, los trabajadores han querido ser desvinculados, pero luego han hecho arreglos que han permitido mantener vigente el modelo, el wólfram se ha convertido en un elemento importantísimo para procesos tecnológicos, hay minería y hubo minería en Yanacachi, no es nuevo, pero ha sido una minería muy controlada en un territorio muy pequeño con campamento propio”, explicó.
Las comunarias y comunarios, que permiten el ingreso de la explotación del oro en sus territorios –dijo Córdova- tienen que pensar muy bien sobre las consecuencias que eso conllevará para la zona.
“La minería del oro va a destruir el medioambiente porque seguramente van a usar mercurio, se contaminará el agua, el suelo y aire, la cultura, la legalidad vigente y toda su tradición, los proyectos agroforestales, todo va a desaparecer porque la explotación aurífera genera recursos inmediatos de gran envergadura, pero al margen de la norma. Entonces, la convivencia normal quedará destruida”, aseguró.
Entre otras consecuencias de la minería del oro citó la trata y tráfico de personas, el blanqueamiento del oro para otras actividades ilícitas como el narcotráfico.
“Si permiten el ingreso de la explotación aurífera al territorio de Yanacachi deben saber que las consecuencias son terribles, y si no aceptan (la minería aurífera) no la van tener fácil porque el Estado dice que la consulta no es vinculante, el rechazo que pueda tener una comunidad no valdrá”, aseveró.
Señaló que se tiene antecedentes de municipios que rechazaron la presencia de la minería aurífera en sus territorios, como el caso de Challapata en el departamento de Oruro, donde se encontró un yacimiento inmenso de oro a pocos metros de la represa de Tacagua, donde incluso se instalaron las oficinas de la empresa que se haría cargo de la explotación del metal, pero una vez se iniciaron las operaciones las oficinas fueron quemadas.
“Challapata es el principal departamento agropecuario y principal productor de leche del departamento de Oruro, de hortalizas, entonces, si la explotación se hacía a pocos metros de la represa de Tacagua el riesgo de que todo se contamine iba a ser inmenso”, aseguró.
Después de un proceso de negociaciones, la Prefectura de entonces declaró a Challapata territorio libre de minería. “Ése antecedente si bien no está enmarcado en la normativa del país ha sido una decisión muy fuerte. Palos Blancos nos ha demostrado que se puede, Ixiamas está intentando rechazar la minería”, citó.
Ante las intenciones del presidente nato de la Asamblea Legislativa y vicepresidente gubernamental del MAS, David Choquehuanca, de exigir la anulación de leyes municipales que declaran a Palos Blancos y Alto Beni, municipios libres de minería y ratifican su carácter de productores agroecológicos, el especialista recomendó elevar las normas municipales a nacionales.
“Cuando un minero quiere entrar a trabajar a un lugar tiene que tener un contrato, debe hacer la consulta a la comunidad, la consulta está liderada por los mineros del Gobierno y aunque la comunidad dice que no, eso no vale, porque si el Gobierno decide que se haga minería, se hace minería. La consulta no vale para preguntar si quieren minería o no”, explicó.
A criterio del especialista, el contexto que hay que enfrentar es muy grave porque limita a las comunidades en su capacidad de respuesta, porque además, el sector de los mineros cooperativistas tiene mucha fuerza política y económica.
“Están muy organizados y se protegen entre ellos; el actual Ministro de Minería es un cooperativista (Alejandro Santos), lo mismo sucedió con los ministros de Jeanine Áñez (2019-2020) y de Evo Morales (2006-2019)”, sostuvo.
El investigador advirtió que si permiten el ingreso de la explotación del oro, las comunidades tendrán que pensarlo muy bien. “Ése ingreso va a destruir el medioambiente, la cultura, la legalidad vigente y toda su tradición y proyectos agroforestales, todo va a desaparecer, porque la explotación aurífera genera recursos inmediatos de gran envergadura, pero al margen de la norma”, señaló.
“Las cuadrículas mineras afectan a centros poblados”
Por su parte, la abogada María Elena Murillo, asesora legal de la Central Santa Rosa informó que de acuerdo a la información que pudo acceder en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hay varias solicitudes mineras en curso en la jurisdicción del municipio de Yanacachi, en el plano formal. Sin embargo los comunarios denunciaron también minería ilegal, aquella que no espera contrato ni autorización del Estado.
La jurista compartió los mapas que muestran las solicitudes en curso de la Empresa Minera Calepito que requirió a la AJAM 18 cuadrículas (450 hectáreas) en el área de San José para la explotación aurífera, mientras que la Empresa Minera Marjcaliz SRL solicitó 315 cuadrículas (7.875 hectáreas) en el área Apex Gold Santanader I para tareas de prospección y exploración.
De acuerdo a la ley minera la cuadrícula es la unidad de medida de la concesión minera que tiene la forma de un volumen piramidal invertido, cuyo vértice inferior es el centro de la tierra y su límite exterior la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de 500 metros por lado con una extensión total de 25 hectáreas.
Mencionó el artículo 93 de la Ley de minería y metalurgia 535, que detalla que no se puede otorgar derechos mineros en áreas que afectan a ríos, poblaciones, carreteras, monumentos arqueológicos, entre otros.
“Sin embargo se tomó conocimiento de que pretendería derechos mineros en tres comunidades Sacahuaya, Chahuara y Santa Rosa y la AJAM respondió en la misma línea de siempre, que no podemos presentar objeciones porque no somos actores mineros”, lamentó.
Desde la central Santa Rosa se envió un recurso revocatorio y de respuesta recibieron un recurso de reposición en la misma línea, por lo que activaron desde la comunidad un recurso jerárquico que fue devuelto de la nacional a la departamental.
“Se puede ver la casa, el hotel, también la línea eléctrica que es el tubo, la cancha de Sacahuaya que está dentro de la cuadrícula y líneas de transmisión de energía. Entonces podemos ver los centros poblados afectados, carreteras, en Chaguara se están afectando a monumentos declarados que tienen ley, la más afectada es Chahuara”, indicó.
En el caso de la Empresa Mineras Marjcaliz precisó que las cuadrículas solicitadas se extienden desde Chaco hasta Puente Villa.
“En este caso han respondido (desde la AJAM) que para proyectos de exploración y prospección no se necesita consulta previa, pero la Constitución señala que para que toda actividad que afecte a las comunidades debe realizarse consulta previa y no puede ser que una ley minera esté por encima de la Constitución”, cuestionó.
Con relación a la afectación al acceso al agua, a la tierra y al territorio, la jurista informó que la AJAM mediante informe del 6 de julio de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero señaló que de la revisión de la base de datos gráfica y alfanumérica del sistema integrado se identificó que el área minera solicitada está sobrepuesta a la población Santa Rosa de Lima.
“Ellos dicen que no está sobrepuesta cuando está comprometido todo el monte y al frente las poblaciones de Sacahuaya, Chaguara y Santa Rosa de uso comunal. Dentro de los vértices 26,27, 28, 29 y 30 del área minera Santander y de vértices más lejanas de la comunidad se identifica la presencia del río Unduavi, río que debe dar aportantes de agua en época de lluvia, pero todas las personas tiene conocimiento que al frente se encuentran nuestros ojos de agua, vertientes importantes para consumo humano y de riego”, recalcó.
“La minería puede poner en riesgo a las fuentes de agua”
Juan Vargas, coordinador para La Paz Norte de la Fundación Natura alertó que un trabajo de minería implica agua en grandes cantidades, que no solo es utilizada para la extracción del oro, sino que también el tratamiento con minerales es contaminante.
“Dentro del municipio se ha identificado 22 cuencas, las cuales deberíamos trabajar una a una para ver no solo qué produce esa cuenca sino cómo revitalizarla para que produzca mejor en el futuro”, dijo el especialista.
Lanzó la advertencia de que la minería puede poner en riesgo a las fuentes de agua en la medida en que las operaciones mineras pueden devastar los cerros. “Los bosques que son fábricas de agua, no solo los devastan por devastar sino que utilizan el material madera”, afirmó al referirse a la deforestación como otro factor de impacto.
Como miembro de Natura que trabajó en coordinación con las comunidades y el Concejo Municipal para la creación del Área Protegida de Serranía de Mururata dijo que hay indicadores que alientan a cuidar la biodiversidad y el medioambiente en Yanacachi por el nivel de conservación de sus bosques y la presencia de fauna silvestre.
Se trata de un área de 18.000 hectáreas que se han logrado poner bajo protección y trabajar en la concientización a las comunidades para que pueda hacer declarado como un santuario del agua para el futuro. “Esperemos que yendo con las leyes, el Estado cumpla su parte para preservar que todo esto está hecho en base a la Ley de la Madre Tierra”, dijo. Consultado sobre el estado de conservación de los bosques de Yanacachi, respondió: “Podemos decir que todavía tenemos al oso jucumari y eso nos da una gran noticia de que todavía está vivo el animalito, él nos da muchos parámetros como estudiosos de la biodiversidad de que tenemos el medioambiente para recuperarlo (…). Estamos a tiempo de decir que debemos tener más afecto y alma a las áreas de conservación de los bosques y los montes en los que nos hemos criado”, manifestó.
“El Estado debe cumplir con consulta previa, libre e informada”
A su turno, los asesores técnicos del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Áreas Protegidas y Cambio Climático del Senado introdujeron la normativa vigente referida a la minería a partir de tratados de los que el Estado boliviano es signatario. Mencionó el Convenio de Minamata, por el cual el país se comprometió a proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones del mercurio.
Recordó que por la contaminación industrial en la bahía de Minamata, Japón, en los años 50´ se provocó entre los pobladores afectados, el síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento por mercurio por el consumo de peces y mariscos, problemas neurológicos como la debilidad muscular, ataxia, deterioro de visión y audición, además de parálisis, coma, muerte, y entre los recién nacidos malformaciones, discapacidad intelectual y motora.
El estudio realizado por la UMSA en coordinación con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) indica que el 74.5 % de las y los indígenas evaluados de 36 comunidades nativas de los pueblos Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana, supera el límite de niveles de mercurio permitidos en el organismo de las personas establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Anteriormente el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) junto con la Universidad de Cartagena hizo análisis en el cabello de más de 700 indígenas de varias comunidades indígenas ribereñas de la Amazonía y determinó que los niveles de contaminación por mercurio oscilan hasta en 27 partes por millones (ppm) cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció una parte por millón como “aceptable”.
“La remediación es una cuenta pendiente, por vacíos legales y normativas ambiguas que dejó el Estado y favorecen a los extractivistas (…). El saldo son pobladores intoxicados con metales pesados, ríos muertos y 304 comunidades que viven en el área de influencia de estos pasivos ambientales”, lamentó Tadeo Ribera.
En el marco del cumplimiento de la legislación nacional ambiental recordó que los contratos deben adherirse a todas las leyes y regulaciones nacionales ambientales aplicables, asegurando que todas las actividades mineras se realicen dentro del marco legal establecido.
“Esto implica la realización de estudios de impacto ambiental y la obtención de licencias ambientales para garantizar la protección del medio ambiente”, dijo.
En cuanto a la consulta previa, libre e informada dijo que según la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los contratos mineros deben basarse en un proceso de consulta a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, para asegurar el respeto a los derechos territoriales y culturales de estas comunidades.
Al referirse a la sostenibilidad ambiental explicó que los contratos deben incluir medidas para la protección y conservación del medio ambiente, asegurando que las actividades mineras no causen daño irreparable a los ecosistemas.
“La Constitución y la Ley de Minería y Metalurgia establecen que el Estado boliviano es el propietario de todos los recursos naturales del país; los contratos mineros deben respetar este principio, asegurando que los beneficios de la explotación de los recursos naturales se distribuyan equitativamente y contribuyan al desarrollo nacional”, enfatizó.
En cuanto al régimen económico y fiscal dijo que los contratos deben contemplar el pago de regalías, impuestos y otros tributos que contribuyen a las finanzas públicas y al desarrollo.
Observó también que los procesos para la adjudicación y ejecución de contratos mineros deben ser transparentes y públicamente accesibles, asegurando la igualdad de oportunidades para evitar cualquier forma de corrupción, pero a la vez ofrecer seguridad y estabilidad jurídica a todas las partes involucradas.
“La minería ilegal del oro de la mano de capitales chinos ha dejado múltiples impactos”
La periodista de investigación ambiental Jimena Mercado, compartió con los asistentes sus reportajes realizados en torno a la minería ilegal del oro; fue quien el 2018 develó la presencia de dragas chinas y colombianas en los ríos amazónicos de Bolivia y las sociedades ilegales entre capitales extranjeros y cooperativas auríferas locales.
Producto de sus investigaciones evidenció inmensas superficies devastadas en términos ambientales, así como zonas de excepción, donde no hay presencia del Estado, pero sí grupos armados irregulares como el caso del cantón Arcopongo de la provincia Inquisivi, donde hacen de vigilantes en un área fiscal de 50 cuadrículas tomadas por mineros ilegales, que explotan oro por varios años. En sus travesías por la Amazonía recorrió territorios indígenas Tacana, Leco, Mosetén, Esse ejas, Uchupiamonas donde halló múltiples impactos socioambientales, económicos, culturales y hasta de seguridad que provoca la minería aurífera, como la vulneración de Derechos Humanos y ambientales contra pueblos indígenas y campesinos. Sus trabajos de profundidad le permitieron incidir en la agenda de los medios nacionales e internacionales y tomar más atención sobre la nueva fiebre del oro en el país.
La trata de menores para la explotación sexual y comercial en la ruta aurífera también está presente en las investigaciones de Mercado.
La coordinadora del programa Acceso Público, Yanira Huaygua dijo que el propósito del encuentro no es el de “satanizar” la actividad minera, sino de proporcionar información para que sean las comunidades las que adopten decisiones.
El año 2023 mujeres y hombres de las comunidades Chaco y Santa Rosa denunciaron el avasallamiento de sus tierras y áreas protegidas por mineros ilegales, así como ataques físicos y hasta intentos de secuestros, por el solo hecho de reclamar que se realice dinamitazos y operaciones mineras en su territorio sin la venia de la población afectada.
erbol.com.bo
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