En el Legislativo no hubo acuerdo sobre el monto presentado por el Ejecutivo, que ha sido considerado por los opositores como “inflado”.
El monto presentado por el Gobierno de Colombia en el proyecto de presupuesto para 2025 no fue aprobado en el Congreso, lo que ha sido catalogado con un hecho sin precedentes en el país suramericano.
Aunque los 523 billones de pesos (casi 123 millones de dólares) que calculó el Ejecutivo para honrar los compromisos del próximo año no convencieron a los legisladores, que lo consideraron “inflado”, no hubo un acuerdo entre las cuatro comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes sobre cuál debería ser esa nueva suma.
La voz cantante de la discusión la llevó la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, quien pidió que se situara en 499 billones de pesos (aproximadamente 117 millones de dólares). Pero al no haber concilio, se abrirá un cronograma de discusiones que puede extenderse hasta octubre de este año.
La iniciativa de Lozano tuvo el visto bueno de las comisiones económicas tercera y cuarta del Senado, pero no surtió efecto entre las dos de la cámara baja. Así, hasta que haya un consenso, no se podrá avanzar en el nuevo monto.
Una ley extra
El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, pidió que a los 523 billones de pesos se les restarán 12 billones de pesos (2,8 millones de dólares), que son los que busca recaudar la Ley de Financiamiento —también introducida por el Gobierno ante el Legislativo— para realizar un “conjunto de estímulos para la reactivación económica” y costear “las necesidades del Presupuesto General de la Nación”.
Este proyecto también ha sido rechazado por la oposición, que la cataloga como una nueva “reforma tributaria”, a pesar de que el titular de Hacienda, Ricardo Bonilla, descartó que fuera así.
En su cuenta de X, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, tildó de “muy lamentable” que las comisiones económicas del Parlamento “hayan decidido, solo por hacer oposición, dañar esta inmensa posibilidad de reactivación económica”.
Petro además destacó que la Ley de Financiamiento —cuya aprobación es aún más cuesta arriba que la del presupuesto— “sin tocar el bolsillo de los pobres, de la clase media, ni de la clase media alta”, bajaría el impuesto de la renta de todas las empresas, menos las de carbón y petróleo, las tarifas eléctricas, entre otros.
¿Qué viene ahora?
La senadora Lozano expresó que la falta de acuerdo en este tipo de discusión no tiene “precedentes”. “Lo único cierto es que no hay consenso. Las comisiones económicas deben estudiar la jurisprudencia para llenar los vacíos que se tienen”, finalizó.
En su opinión, su iniciativa de bajar 24 billones de pesos (unos 5,6 millones de dólares) del presupuesto nacional para el próximo año es para “aterrizar esas cuentas alegres que nos llevarían a malas decisiones”.
Así, que como no hubo luz verde en el Congreso, expresó que “se abren dos caminos que nunca se han transitado, no hay precedentes“.
Según lo estipulado, la discusión debe continuar en el Legislativo hasta el 25 de septiembre, cuando se podría aprobar en primer debate la reducción de los 24 billones de pesos propuestos por Lozano.
Según el cronograma, si para el 20 de octubre el Parlamento no aceptó el presupuesto, se habilita la posibilidad de que el presidente lo emita por decreto, pero solo se puede aprobar lo acordado en el primer debate. Esta salida ha sido calificada por sus adversarios como una “dictadura fiscal”.
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