Tráfico de armas alimenta violencia en Ecuador

En menos de 10 años, Ecuador ha pasado de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica al más violento de la región. Según el Boletín anual de homicidios intencionales del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) en 2023, con un promedio de 47,25 homicidios por cada 100 000 habitantes, Ecuador se encuentra en la lista de los 10 países del mundo con mayor incidencia delictiva. El narcotráfico ha sido entre los factores decisivos de esta transformación.

Para María Paula Romo Rodríguez, exministra del Interior de Ecuador (2018-2020), ahora investigadora asociada en la Universidad Internacional de Florida, “hasta hace algunos años la industria criminal del narcotráfico era la más importante del país, pero hoy es un error hacer un diagnóstico enfocado en ella”, explica a Diálogo. “Las actividades criminales se han expandido y diversificado, y entre las más importantes debemos considerar la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, el tráfico de especies, y, en términos de afectación a un gran porcentaje de población, la extorsión”.

Según Romo, las razones de esta crisis de seguridad que amenaza a toda la región son múltiples. El aumento de la pobreza y el desempleo durante la pandemia del COVID-19, las malas decisiones de política pública, la corrupción y también los problemas derivados de la desmovilización de los grupos armados en Colombia han jugado un papel importante en el avance de la criminalidad.

“En el país vecino se han multiplicado las hectáreas sembradas de coca y mientras tanto el Ecuador tiene precursores subsidiados como la gasolina, vías, puertos, aeropuertos y un sistema financiero dolarizado”, que han atraído a los criminales, explica Romo.

El crecimiento exponencial del mercado ilegal de armas es una de las consecuencias más graves de todas estas actividades ilícitas. Según el Índice Global de Crimen Organizado de 2020 elaborado por la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), el tráfico de armas es considerado el mercado criminal de mayor prevalencia en Ecuador, lo que pone al país como un “espacio altamente vulnerable”.

“Lo que se ve en Ecuador es que cada vez hay armas de mayor potencia en el mercado para justamente garantizar una mayor protección de los grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas o a la minería, por ejemplo. En el caso de la minería, los grupos que la controlan tienen que estar armados para poder intimidar a las comunidades y para poder desalojarlas efectivamente”, dice a Diálogo Carla Álvarez, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y autora de ¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador, publicado en junio por  la GI-TOC con el apoyo del OECO.

Las armas de los grupos criminales extranjeros

Ecuador no es un productor industrial de armas. En 2012, como parte de las medidas para frenar la creciente violencia, el gobierno ecuatoriano prohibió la fabricación artesanal de armas de fuego en todo el país, pero muchos pequeños talleres optaron por la producción clandestina, especialmente en las regiones de Chimborazo y Bolívar.

Sin embargo, en los últimos dos años, expertos y autoridades también han registrado un incremento en el mercado ilegal de armas industriales, debido a la presencia cada vez más masiva en el territorio de grupos delictivos extranjeros, como carteles mexicanos y mafias albanesas.

“Estos grupos internacionales tienen fácil acceso a las armas. La novedad es que hay una relación directa entre ellos y los grupos criminales ecuatorianos. Cada grupo teje su relación. Por ejemplo, un grupo local como Los Lobos tiene una relación con un cartel mexicano y este cartel le aprovisiona directamente de armas. No hay un intermediario o un traficante que venga al Ecuador y que distribuya armas a los distintos grupos, sino que cada grupo monopoliza su propio abastecimiento de armas”, afirma Álvarez.

En Ecuador operan principalmente los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, según el Gobierno mexicano, trafican cientos de miles de armas en el país que también están desviadas a Ecuador, donde operan estos cárteles. Según las autoridades locales, estas armas se intercambian por drogas, dinero e incluso información con organizaciones criminales locales como Los Choneros, Los Lobos y  Los Tiguerones.

En cuanto a los criminales albaneses, que en Ecuador trabajan principalmente para la mafia calabresa ‘Ndrangheta, el fiscal italiano Nicola Gratteri advirtió de la posibilidad de que las armas utilizadas en el conflicto de Ucrania acaben pronto también en Latinoamérica.

Según Álvarez, las rutas aéreas y marítimas del tráfico de armas, desde Centroamérica hasta Ecuador, se cruzan con las del narcotráfico. En noviembre de 2023, en las islas Galápagos, por ejemplo, la policía realizó la mayor incautación de armas en la historia del país, 122 fusiles de asalto, 48 pistolas y 124 cargadores. Más recientemente, en agosto de 2024, las autoridades de El Salvador confiscaron 1,2 toneladas de cocaína, munición y 34 armas de gran calibre, incluidos fusiles AR-15 y AK 47, a bordo de dos embarcaciones, una mexicana y otra ecuatoriana.

Por tierra, en cambio, las armas llegan desde Colombia y Perú. En marzo de 2023, se descubrió en la frontera peruana entre Piura y Tumbes una red criminal denominada Los Abastecedores de Lima y Callao, especializada en este tipo de tráfico. Según la agencia de noticias France Press, las autoridades peruanas sospechan que fue esta misma red la que suministró una de las armas que mató al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023 en Quito.

“La falta de controles en el tráfico de armas en otros países facilita flujos de armas mayores y más directos, lo que permite a los grupos criminales ganar potencia en Ecuador” dijo Álvarez.

La cooperación internacional

La colaboración internacional “es vital, y la situación actual también se explica por los años en que se perdió esta colaboración y trabajo. La colaboración con los Estados Unidos puede ser crucial en varios sectores como la inteligencia criminal, el intercambio de información, la investigación y técnicas de investigación y la profesionalización de las fuerzas de seguridad”, explica Romo.

Cuando el Gobierno ecuatoriano solicitó ayuda internacional en su guerra contra el crimen organizado, los Estados Unidos fueron uno de los países que respondió con rapidez. En enero de 2024, por ejemplo, durante su visita a Ecuador, la General del Ejército de los EE. UU. Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), anunció la Hoja de Ruta de Asistencia al Sector de Seguridad de Ecuador, o ESSAR, un plan quinquenal que describe las prioridades de seguridad compartidas por los Estados Unidos y Ecuador.

“Ya tenemos una cartera de inversión muy sólida con Ecuador (…). Y se trata de cooperación entre fuerzas militares, entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ejército ecuatoriano”, dijo la Gral. Richardson en entrevista con diario ecuatoriano Primicias. “Nuestra cartera vale USD 93,4 millones e incluye, no solo transferencia de equipos militares, sino también asistencia humanitaria y respuesta a desastres, educación militar profesional. Incluye también capacitación en asistencia cibernética e intercambio de fuerzas especiales”, agregó.

Según Álvarez, también es importante para Ecuador la colaboración internacional en el tema de las armas. “Ecuador necesita una tecnología extranjera y en ese espacio podría haber una adecuada cooperación sobre el rastreo”, dijo.

Teniendo en cuenta el papel central de las armas de fuego en el aumento de la violencia en el país, la reducción de su posesión ilegal, desvío y tráfico es fundamental para frustrar en última instancia la delincuencia organizada, concluyó.