Matanza de pingüinos de Magallanes: el juicio por la devastación ambiental de Punta Tombo llega a su etapa final

El juicio por la matanza de pingüinos de Magallanes en la provincia de Chubut está a punto de comenzar. Lo que en un principio parecía correr el riesgo de quedarse en un problema local que, como sucede en la mayoría de los casos, permanece en el anonimato y se va diluyendo sin consecuencias a través del tiempo, este caso se ha transformado en un hito dentro de la historia ambiental argentina.

Por supuesto que no es casualidad. Haber llegado a este punto requirió de personas y organizaciones comprometidas, de apoyo internacional y de una tecnología de punta que permitió reconstruir los hechos ocurridos.

Hablamos de lo sucedido entre agosto y noviembre de 2021, cuando el dueño de la estancia La Perla, Ricardo La Regina, arrasó con una retroexcavadora cerca de 2050 m² de vegetación y destruyó 175 nidos de pingüinos de Magallanes en el Área Natural Protegida Punta Clara – Punta Tombo, en la provincia de Chubut.

Este acto criminal se llevó a cabo en plena etapa reproductiva con el objetivo de construir un camino, diques y colocar un cerco electrificado que impide que los pingüinos tengan libre acceso a sus nidos. Estas acciones ocasionaron un daño en el ecosistema que va a necesitar más de tres décadas para ser reparado, según lo determinado por un peritaje independiente.

Cómo inició la causa por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

La primera persona que recogió el guante ante este desastre fue el tío del imputado, Alfredo La Regina, quien al tomar conocimiento de los hechos realizó la denuncia ante las autoridades pertinentes. El día 26 de noviembre, los responsables de ambiente junto a Pablo García Borboroglu, creador de la Global Penguin Society (GPS), organización internacional dedicada a la conservación de pingüinos en el mundo, llevaron a cabo un relevamiento para evaluar los daños.

Se pudo determinar la traza de un camino de 190 metros y un cerco que, ubicado a menos de 20 centímetros del suelo, que partía la colonia en dos, además de la muerte de 292 pichones y la destrucción de 146 nidos.

De inmediato presentaron la denuncia ante la fiscalía de Rawson y, al día siguiente, se llevó a cabo el allanamiento de Punta Clara (que forma parte de la Reserva de Biósfera de Unesco Patagonia Azul), lugar donde tuvo lugar el incidente. Este operativo pudo realizarse de inmediato gracias a la gestión de la doctora Florencia Gómez, fiscal general de Rawson, quien a partir de ese momento se involucró en el tema, convirtiéndose no solo en una experta sino también en un actor clave e indispensable de este proceso.

El caso tomó dimensión internacional y contó con la intervención de organizaciones como Greenpeace, CONICET, National Geographic (Disney), quienes aportaron imágenes satelitales y material técnico que corroboró los daños. Gracias a estas imágenes de alta resolución, donde constan día y hora de los hechos, se confirmó que la retroexcavadora fue utilizada entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, echando por tierra los argumentos de la defensa acerca de que los trabajos se habían llevado adelante en el mes de julio.

¿Por qué fue importante la comprobación del momento exacto en que se llevó a cabo la traza del camino de casi 200 metros de largo y el desmonte de la zona que alberga al 40% del total mundial de pingüinos? Porque de haber ocurrido en el mes de julio, como argumenta La Regina, no hubieran estado presentes todavía los ejemplares machos que recién comienzan a llegar a principios del mes de septiembre para armar los nidos y esperar a sus parejas.

Dicho de otro modo, en la fecha en la que fue utilizada la retroexcavadora la especie se encontraba en plena anidada, razón por la cual es imposible que no haya pasado por encima de los nidos. La intervención de drones y fotografías permitieron ampliar las pruebas.

Protección y monitoreo en Punta Tombo para preservar la fauna antes del juicio oral

Pese a las decenas de inconvenientes presentados y a solicitud de la fiscal Gómez, la jueza Karina Brekle, consideró que existían pruebas suficientes y el día 17 de abril de este año elevó  la causa a juicio oral y público. Esta sentencia marca un hecho histórico, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina carece de una Ley Nacional que contemple estos delitos y se rige por la Ley Sarmiento de 1954, que solo aborda la crueldad animal con penas bajas.

La fiscal Gómez espera que este juicio siente un precedente para la creación de leyes más severas y el reconocimiento del “ecocidio” como figura penal, dado el impacto ambiental devastador y la necesidad de proteger la flora y fauna de forma efectiva.

A pedido de la doctora Gómez también, la jueza autorizó medidas de protección en el lugar del hecho con el objetivo de preservar la colonia de pingüinos y evitar cualquier modificación del espacio, en especial de parte del imputado Ricardo La Regina. Las medidas –que ya están siendo implementadas- incluyen la prohibición de acceso a La Regina al área durante 60 días o hasta la inspección judicial, y el monitoreo del sitio con drones operados por técnicos y coordinados por la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut.

En síntesis, lo que se quiere evitar es cualquier alteración que afecte la fauna del lugar en vísperas del juicio por daño ambiental agravado sobre el ecosistema y crueldad contra los animales, que será este lunes 28 de octubre. La razón por la cual se comenzó en esta época es porque los primeros días del mes de octubre es cuando llegan las hembras a la reserva y el objetivo de la fiscal es que el tribunal tenga la oportunidad de comprobar por sí mismo la alta densidad de nidos en plena etapa reproductiva.