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La concejal Diana Diago lidera una solicitud formal para suspender los comparendos a ciclomotores y motos eléctricas en Bogotá, revela críticas al gobierno de Claudia López por la aparente contradicción en su enfoque hacia la movilidad sostenible.
En respuesta a la creciente controversia en torno a los comparendos impuestos a ciclomotores y motos eléctricas en la ciudad de Bogotá, la concejal Diana Diago ha presentado una carta formal exigiendo la suspensión inmediata de estas sanciones. La solicitud, que surge luego de la escucha activa de las inquietudes ciudadanas, apunta a la Resolución 137609 de 2023 emitida por la administración de la alcaldesa Claudia López. Esta resolución, que prohíbe el tránsito de vehículos eléctricos por los carriles preferenciales y troncales destinados al Sistema Integrado de Transporte Público, ha generado un aumento en el número de comparendos, desencadenando críticas hacia la gestión gubernamental y su compromiso con la movilidad sostenible.
La iniciativa del gobierno de Claudia López, que se autodenomina “verde”, se encuentra en tela de juicio a raíz de la aparente incongruencia entre su promoción de la movilidad sostenible y las restricciones impuestas a los vehículos eléctricos. La resolución, si bien busca mejorar la eficiencia del transporte público, ha resultado en sanciones a propietarios de ciclomotores, motocicletas eléctricas y mopeds, lo que ha generado un amplio descontento en la comunidad.
Imagen Oficina de Prensa Concejal
Según las voces críticas, la falta de claridad en las reglas y la aparente falta de conocimiento por parte de los agentes de tránsito han llevado a inmovilizaciones y comparendos injustos e innecesarios. Vanessa Tache, líder de un grupo de movilidad eléctrica en la ciudad, expresó su frustración por las acciones tomadas por las autoridades de tránsito, subrayando que la inmovilización de vehículos eléctricos debería basarse en un entendimiento sólido de las normativas vigentes.
La ciudadanía, en concordancia con la concejal Diago, solicita la suspensión inmediata de los comparendos y las inmovilizaciones que se consideran ambiguas o incluso ilegales, con el propósito de permitir la circulación libre y segura de los vehículos eléctricos. A través de la petición de la concejal y la voz unificada de la comunidad, se busca una respuesta clara y coherente por parte de la alcaldía, asegurando que los esfuerzos hacia la movilidad sostenible estén alineados con la realidad de los usuarios de vehículos eléctricos en la ciudad.
Las acciones y decisiones del gobierno de Claudia López son sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de los ciudadanos, quienes exigen una mayor transparencia y coherencia en las políticas de movilidad que impactan directamente en sus vidas. La resolución en cuestión no solo afecta la movilidad de los propietarios de vehículos eléctricos, sino que también sostenible plantea interrogantes más amplias sobre la viabilidad y el compromiso genuino del gobierno local con la causa de la movilidad.
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