Hace días nada más, Argentina transfirió USD 12 millones a la Entidad Binacional Yacyretá por el consumo de energía, pero las autoridades paraguayas cuestionaron que debía ser USD 30 millones, según se había acordado.

En respuesta, La EBY, lado argentino, desmintió taxativamente las expresiones emitidas en un comunicado por el Equipo Económico del Gobierno de Santiago Peña, afirmando que en ningún momento se acordaron cuotas mensuales por USD 30 millones.

“Por tal motivo, rechazamos las afirmaciones de un nuevo incumplimiento de los acuerdos para el pago de la deuda Argentina a Yacyretá”, señalaron.

Asimismo, calificaron de inexactas las afirmaciones vertidas por el Equipo Económico y aseguraron que no son acordes a las altas responsabilidades que como funcionarios públicos deben respetar, ya que puedan dar lugar, en un contexto político electoral, a interpretaciones de parcialidad.

De igual manera, indicaron que, en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Entidad, el director ejecutivo argentino solicitó la conformación de un grupo técnico para el ordenamiento económico financiero de la EBY, que permita determinar las reales acreencias de cada parte, en el marco de lo establecido en el Tratado y las normativas vigentes.

“Reiteramos que la EBY (Argentina) no ha asumido compromiso financiero alguno con su contraparte paraguaya y mantiene una agenda abierta de trabajo permanente a los efectos de clarificar e informas a las autoridades de ambos países, con el espíritu colaborativo que inspira el tratado”, remarcaron.

El Equipo Económico del gobierno de Santiago Peña se reunió de urgencia el domingo, no solo para cuestionar el pago de solo USD 12 millones de los 30 que supuestamente habían acordado, sino también la retención de 6.000 metros cúbicos de nafta virgen destinada a Paraguay, además de las trabas para la compra de Gas Licuado de Petróleo.

Las discordancias iniciaron luego de que argentina impusiera el cobro de un peaje en la hidrovía, reteniendo barcazas locales, lo que motivo un rechazo conjunto por parte de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, por un incumplimiento al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.