Columna de Opinión
Por: Juan Gutierrez Pernia
La famosa y reputada oficina de abogados “De La Espriella Lawyer”, liderada por el abogado Abelardo de la Espriella, está en el ojo del huracán por lo que podría constituir una mala praxis profesional en un proceso contra la popular cadena de almacenes Tierra Santa.
Y es porque, luego de que la Fiscalía General de la Nación decretara medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio contra esa cadena de almacenes, la firma “De La Espriella Lawyer” asumió la defensa legal de la mayoría de los integrantes de familia Gebara propietaria de Tierra Santa, quienes están acusados de varios delitos, desde contrabando hasta lavado de activos.
Presuntamente, los abogados de la firma aseguraron a la familia Gebara que su gestión tendría éxito en las instancias judiciales. Es decir, les garantizaron que en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento saldrían en libertad plena, cosa que no ocurrió puesto que a varios le impusieron medida de detención preventiva en el domicilio.
Así mismo, los abogados se comprometieron a tumbar las medidas cautelares para sus clientes y retomarán la administración de los almacenes, sus locales y franquicias. Esto último tampoco ocurrió.
Es de conocimiento público que la firma “De La Espriella Lawyer”, al cerrar los acuerdos de representación legal, aparentemente garantiza a sus clientes un resultado exitoso, lo cual, aparte de ser una falta de carácter profesional, en muchos casos no obedece a la realidad.
En los círculos judiciales se habla que el trato de defensa y asesoría legal de este caso sobrepasa los 4 mil millones de pesos, con unos resultados son muy pobres para los defendidos.
Algunas fuentes dicen que detrás de todas las noticias falsas contra la Sociedad de Activos Especiales -SAE- y los depositarios, estaría la prestigiosa firma entregando a los medios de comunicación noticias falsas para presionar que los depositarios sean removidos y los implicados recuperen de manera indirecta, con otros depositarios distintos y de manejo de lo abogados, el control de las empresas incautadas, tal y como se lo prometieron a sus clientes.
Lo mínimo que se espera en este tipo de procesos es la lealtad de las partes y el pleno ejercicio del derecho para que la justicia resulte ganadora.