Dos homicidios ligados a la mayor banda criminal de Brasil sacudieron a la ciudad portuaria, salida habitual para sus envíos de cocaína, principal sustancia que motoriza negocios ilegales por unos 500 millones de dólares anuales.
¿Qué está ocurriendo realmente en la Baixada Santista, en el litoral del estado de San Pablo, en términos de seguridad pública? La región que tiene como centro neurálgico el puerto de Santos, eje del narcotráfico hacia Europa -también gracias a la fuerte presencia de hombres de la mafia calabresa ‘ndrangheta que operan allí directamente- está en el centro de una guerra, esta vez totalmente brasileña, entre dos facciones de la principal organización criminal del país, el Primer Comando de la Capital, el PCC.
Fundado en 1992 en la prisión de Taubaté para defender los derechos de los presos, con el paso de los años se ha convertido en el grupo criminal dominante del país, que mueve 2.500 millones de reales al año, unos 500 millones de dólares, en su mayor parte procedentes de la cocaína. El PCC está presente en todas partes. Se ha expandido por América Latina, pero también por Europa y Estados Unidos, donde el 15 de diciembre del año pasado el Departamento del Tesoro lo sancionó, acusándolo de operar “una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo”. Además, el pasado 14 de marzo, Estados Unidos sancionó a uno de los “operadores clave” de las actividades de blanqueo de capitales del grupo, Diego Macedo Gonçalves do Carmo. Se le acusa de haber blanqueado más de 240 millones de dólares en nombre de la organización criminal brasileña.
Toneladas de cocaína destinadas al mercado europeo salen cada año del puerto de Santos, gracias a una logística probada, al poder corruptor del PCC y también a su capacidad de adaptación tecnológica frente a las medidas represivas aplicadas por la policía. Hasta la segunda mitad de febrero, el modelo del PCC en la región ha sido el de una multinacional de la droga en la que lo que cuenta es el lucro y una logística bien gestionada, no la violencia. Sin embargo, este equilibrio narcoempresarial está cada día más frágil y según la Policía Civil, un asesinato ocurrido el 12 de marzo en la Baixada Santista podría desencadenar una auténtica guerra, especialmente en las inmediaciones de Santos.
El hombre asesinado fue identificado como Cristiano Lopes da Costa, conocido como “Meia Folha”, uno de los líderes del PCC de Guarujá, a menos de 50 km del puerto de Santos. Los habitantes de la zona contaron a la prensa brasileña que el PCC impuso inmediatamente después un toque de queda en la zona. Los comercios tuvieron que cerrar temprano y a los trabajadores de las aplicaciones de transporte se les pidió que interrumpieran sus servicios. Además, en Santos se incendiaron al menos dos autobuses y se suspendió el transporte público en varios barrios.
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Este fue el segundo homicidio ligado al Primer Comando de la Capital en 20 días. A finales de febrero, Donizete Apolinário da Silva había sido asesinado en Mauá, en las afueras de São Paulo. El hombre era aliado del líder supremo del PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, y formaba parte de la llamada “Sintonía Final”, el grupo de mando de la organización criminal. De esta guerra que está empezando y que se extiende también a la Baixada Santista, la primera batalla, según los investigadores, la ganó Marcola contra Roberto Soriano, conocido como “Tiriça” y número 2 del PCC, Abel Pacheco de Andrade, alias “Vida Loka”, y Wanderson Nilton de Paula Lima, conocido como “Andinho”. Los tres fueron expulsados de la organización criminal y sobre ellos pende ahora una condena a muerte del Primer Comando de la Capital.
Sin embargo, las autoridades temen que esta escisión forzada pueda conducir a la fundación de una nueva facción criminal, cuyo nombre ya estaría listo, el Primer Comando Puro (PCP). El casus belli que llevó a la ruptura sería una interceptación en la que Marcola, hablando con agentes de la policía criminal federal, supuestamente llamaba “psicópata” a “Tiriça”. El hombre, que actualmente se encuentra en la misma prisión de máxima seguridad de Brasilia donde también están Marcola y otros líderes del PCP, fue condenado a 31 años y seis meses de prisión en 2023 acusado de estar detrás del asesinato en 2017 de una psicóloga, Melissa de Almeida Araújo, que trabajaba en la prisión de Catanduvas, en el estado de Paraná. El crimen fue una advertencia del PCC contra el endurecimiento de las normas penitenciarias.
A esta escalada de violencia en el entorno de Santos se suma el hecho de que la Baixada Santista atraviesa una ola de violencia desde principios de febrero, cuando la Policía Militar intensificó sus operaciones a través de dos operativos, Escudo y Verão, que ya han causado la muerte de al menos 51 personas en enfrentamientos con la policía. El detonante fue la muerte del agente de la Policía Militar Samuel Wesley Cosmo, abatido a tiros mientras patrullaba en Santos. Y ahora, si efectivamente el Primer Comando Puro entra en pleno funcionamiento, las autoridades se preguntan qué territorios querrá controlar y cuántos conflictos generará tanto con otros criminales del PCC como con la policía. El litoral paulista se presta una vez más a ser un campo de batalla perfecto por su valor estratégico, a pesar de que con los años el crimen organizado también ha expandido su logística a puertos más pequeños y menos controlados como Pecém, en el estado de Ceará, al noreste, o Itajaí, al sur, en el estado de Santa Catarina.
El puerto de Santos sigue siendo utilizado como un importante hub por los narcotraficantes brasileños, como demuestran las confiscaciones. En 2023, se incautaron 7,1 toneladas de cocaína, sólo una fracción de las cantidades que consiguen llegar al viejo continente cada año. Además, el ingenio del PCC es cada vez mayor. A bordo de los barcos, la cocaína se esconde por todas partes, incluso en bombonas de gas vacías o en grúas. Pero la última tendencia masiva es llenar de cocaína los cascos de los barcos a través de buceadores experimentados que pueden ganar hasta 500.000 reales, 100.000 dólares, por sólo dos horas de trabajo.
En 2022, la policía federal brasileña detuvo al español Joaquín Francisco Giménez, apodado “el Aquaman del PCC”. Aún llevaba puesto el traje de buzo que cubría un gran tatuaje con la efigie del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. La cantidad de droga incautada en los cascos de los barcos en el puerto de Santos se ha triplicado desde 2020, con más de 1,6 toneladas incautadas en 2023. Los italianos siguen desempeñando un papel en esta evolución logística. Baste recordar que el precursor de la estrategia de fijar bolsas cargadas de cocaína a los cascos de los barcos, según las investigaciones de la Policía Federal, fue en 2010 el chileno Rayko Tomasin Rivera Milan, de 58 años, hombre de confianza de la ‘ndrangheta en Brasil, detenido aquí en 2014 en el marco de la operación Buongustaio.
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Por supuesto, también se necesitan buzos en los países de llegada de la cocaína para extraerla de los cascos. Las autoridades italianas descubrieron incluso que la familia Molé, vinculada a la ‘ndrangheta de Gioia Tauro, el mayor puerto de Calabria, había contratado buzos peruanos precisamente para recuperar la cocaína que llegaba de América Latina. A estos buzos, de la marina y la guardia costera peruanas, la mafia calabresa les pagaba un sueldo mensual y les proporcionaba alojamiento y comida. Además, a mediados de marzo, en aguas de Koper (Eslovenia), la policía detuvo a dos buzos, un albanés de 41 años y un brasileño de 36. Habían sido vistos cerca de un carguero que transportaba soja de Brasil mientras intentaban extraer 200 kg de cocaína del casco. Esta operación ha revelado dos datos. Por un lado confirma la expansión internacional de los buzos brasileños al servicio del narcotráfico, uno de ellos, Bruno Borges, se ahogó en aguas australianas en 2022. Por otro lado revela la evolución de los criminales albaneses ya presentes en Brasil.
Sin embargo, desde el pasado mes de noviembre, la decisión del gobierno Lula de estacionar al Ejército y a la Marina en los principales puertos y aeropuertos brasileños como parte de la medida de emergencia de la llamada Garantía de la Ley y el Orden (GLO) para reforzar la seguridad en el país, ha provocado que los miembros del PCC que utilizan el puerto de Santos se adapten rápidamente y cambien de estrategia, como colocar cocaína en torno al cuerpo de algunos miembros de la tripulación, una técnica utilizada históricamente en los aeropuertos por las mulas que viajan cargadas de droga.
Por si fuera poco, el PCC también se ha expandido en la región hacia el negocio delictivo del robo de mercancías en los camiones que van y vienen del puerto. Es un delito que registró 602 casos durante 2023, casi el triple de los acumulados en el año anterior. Uno de los puntos más críticos donde se producen los robos está en la autopista que une San Pablo con Santos, la Anchieta, en un punto del kilómetro 44 ya rebautizado como ‘Curva de la Chita’. Se trata de un punto muy cerrado, casi en forma de codo, que obliga a los camioneros a reducir su velocidad casi a la mitad, creando así la oportunidad para que los criminales entren en acción. Como explican los expertos en seguridad, el atraco lo suele llevar a cabo un grupo de al menos diez personas, armadas. Neutralizan al conductor y detienen el camión en el muelle o en la propia carretera. En cuestión de minutos, la carga es saqueada y transferida a otro vehículo o transportada a las favelas que bordean la carretera. Normalmente, los robos tienen lugar por la noche. Lo que llamó la atención de los investigadores fue el cambio en el tipo de mercancía robada el año pasado. Mientras que antes el azúcar, la carne, el textil y la electrónica eran los principales objetivos de los robos, desde 2023 los hurtos se han concentrado en artículos electrónicos, electrodomésticos y productos de gran tamaño. En la mayoría de los casos, los autores de estos delitos son hombres del PCC, que ya se ha especializado en los últimos años en los llamados cangaços, es decir, espectaculares atracos nocturnos a bancos en pequeñas ciudades con explosivos y toma de rehenes.
El gobierno brasileño está estudiando la posibilidad de prorrogar el decreto de Garantía del Orden Público (GLO). Va a expirar en mayo, es probable que se extienda por otros seis meses y que incluya también a varios aeropuertos del noreste. A pesar del balance nacional de casi 99 toneladas de droga incautadas desde noviembre y de la convicción de Lula de que este mecanismo ayudará al país a “librarse del crimen organizado”, las críticas de los expertos en seguridad se refieren a la falta de un plan a largo plazo, con una estrategia de inteligencia y operaciones que no sean esporádicas, sino continuas.
La GLO del puerto de Santos ha desplegado cerca de 400 militares y ha realizado hasta ahora 7,4 mil controles de buques. De los aproximadamente 30 barcos que entran y salen diariamente de las terminales, cerca del 10% son inspeccionados por la Marina, pero como máximo sólo uno al día recibe una inspección más minuciosa. Pocos, por otro lado, son inspeccionados por buzos de la Marina y todavía no hay drones submarinos en funcionamiento, si bien está previsto que entren en funcionamiento en los próximos meses. Mientras tanto, una nueva norma de la Aduana de Santos que acaba de entrar en vigor estipula que los containers con destino a Australia, Hong Kong, Singapur y Taiwán deben pasar por escáneres antes de entrar en las terminales, ya que las incautaciones de cocaína procedente de Santos han aumentado en estos países. El problema es que los operadores de los escáneres son contratados por empresas privadas que pueden estar infiltradas por el crimen organizado. Recientemente, según revelaron fuentes de investigación a Infobae, se desplegaron cuatro agentes cuya única función es controlar los escáneres, en un puerto, sin embargo, por el que sólo en 2023 pasaron unos 5 millones de contenedores, cada uno con 28 toneladas de mercancías.
infobae.com