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El presidente Gustavo Petro ha expresado su frustración ante ocho años de constante investigación por parte de las fiscalías, que según él, tienen como objetivo evitar que el progresismo bajo su liderazgo gobierne el país. Esta declaración surge tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias de las declaraciones de su hijo, Nicolás Petro, en relación con un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial.
Petro señala que el Fiscal General ha tomado esta medida basándose en un interrogatorio que no cumple con los procedimientos legales, lo cual, en su opinión, constituye un ataque a la constitución, ya que en ese momento era senador y actualmente es presidente, lo que lo convierte en un aforado.
Además, el mandatario condena la publicación del interrogatorio de su hijo por parte de una revista, alegando que esta acción va en contra de la ley que prohíbe la divulgación de documentos de este tipo. A su juicio, estos documentos fueron entregados de manera irresponsable y delictiva.
Petro también hace hincapié en un punto crucial: el interrogatorio de su hijo menciona un acto de financiamiento que aparentemente proviene del empresario Euclides Torres, el cual tuvo lugar cinco meses antes de que comenzara oficialmente su campaña. Esto, según el presidente, no está amparado por la legislación electoral vigente.
El presidente recalca que ni el interrogador de la fiscalía ni la periodista verificaron si el acto, conocido como la manifestación de la P en Barranquilla, estaba sujeto a la ley de financiamiento de campañas. Este evento tuvo lugar el 10 de septiembre de 2021, ocho meses antes de la primera vuelta presidencial que se celebró el 29 de mayo de 2022.
Finalmente, Petro destaca que el interrogador de la fiscalía cometió un grave error al compulsar copias ante la comisión de acusación de la Cámara sobre un hecho que, a su parecer, no es en absoluto irregular: una reunión política, un derecho que no formó parte de la campaña según la definición legal.
La legislación electoral colombiana establece que la campaña proselitista comienza oficialmente cuatro meses antes de la fecha de la votación correspondiente. En el caso de los comicios anteriores, esto implicó el inicio legal de la campaña el 29 de enero de 2021. La ley también especifica que la recaudación de contribuciones y gastos de campaña puede ser llevada a cabo por los partidos y movimientos políticos hasta seis meses antes de la votación, mientras que los candidatos solo pueden hacerlo después de su inscripción.
Con estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro busca evidenciar lo que considera un abuso de poder por parte de las fiscalías y una violación a sus derechos como aforado, todo en el contexto de una estrategia para obstaculizar el avance del progresismo en el país.
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