El coordinador de la oficina Anticorrupción Global del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Richard Nephew, en su segunda visita al Paraguay dijo ayer que la lucha contra la corrupción “es clave para la seguridad nacional” y “es una prioridad de la política extranjera” para su país.

“El gobierno de Estados Unidos seguirá usando todo un rango de herramientas para avanzar en las prioridades de EE.UU. en actividades anticorrupción, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades en Justicia criminal y control de las instituciones de responsabilidad”, expresó Nephew en una conferencia de prensa sin preguntas, en Mburuvicha Róga.

Esa declaración fue hecha tras una visita al presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC). En el encuentro, el diplomático estadounidense estuvo acompañado por el embajador de EE.UU. Marc Ostfield. Asistieron a la reunión ampliada el presidente del Congreso, senador Silvio Ovelar (ANR, HC); el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC); así como el de la Corte Suprema de Justicia, Luis Benítez Riera; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y el contralor general de la República Camilo Benítez Aldana.

En otro pasaje de su declaración, Nephew dijo que el compromiso de EE.UU. es “apoyar una sociedad civil, libre e independiente, así como la prensa independiente y el sector privado (sic)”.

El emisario anticorrupción también indicó que “la rendición de cuentas, la responsabilidad, la lucha contra la impunidad, son fundamentales para poder abordar y prevenir la corrupción”.

“Abordar la corrupción es esencial para que Paraguay pueda expandir su economía mientras que cuida su democracia”, expresó.

Nephew también refirió que el “Gobierno de EE.UU. es solo una voz, tiene total apoyo y tiene una comunicación directa y fluida con la Embajada en Paraguay”, en respaldo a la gestión del embajador Ostfield.

Significativamente corruptos

La última visita de Nephew fue del 27 al 28 de octubre del 2022, en una coyuntura de terremoto político por las designaciones del Departamento de Estado contra el entonces vicepresidente Hugo Velázquez (12 de agosto de 2022) y del expresidente Horacio Cartes (22 de julio de 2022), ambos jefes de ANR, como “significativamente corruptos”.

En enero del 2023, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones financieras a Cartes.