En 2016, el escenario político boliviano fue sacudido por uno de los mayores embustes de los que se pueda tener memoria. Todo comenzó cuando el periodista Carlos Valverde denunció la existencia de un certificado de nacimiento de un niño cuyos padres eran Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Zapata Montaño.

El entonces presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tenía antecedentes de haber cumplido a duras penas, y con procesos judiciales de por medio, sus obligaciones con dos de sus hijos mayores. Con todo, bien se pudo argumentar que se trataba de la vida privada de la autoridad; sin embargo, lo que desató el escándalo fue el hecho de que Gabriela Zapata, la pareja de Morales, ejercía la Gerencia de la  Empresa China CAMC engenering Co. Ltd. para Bolivia desde 2012 hasta 2016, que accedió a contratos millonarios con el Estado por invitaciones directas y sin licitaciones.

La revelación periodística puso contra la pared al presidente quien admitió públicamente que sí tuvo un hijo con su pareja, pero no conoció al pequeño; encargó a sus colaboradores que tramiten el certificado de nacimiento, hizo abonos a cuenta de asistencia familiar, mas nunca vio a su descendiente ni lo tuvo en sus brazos. Después fue informado de que el pequeño sufrió una grave enfermedad y murió, pero tampoco supo dónde y cómo fue enterrado.

En ese entonces corrieron ríos de tinta sobre el desliz afectivo del mandatario que, además, se convirtió en un grave conflicto de intereses, pues era inadmisible que la primera autoridad haya sostenido una relación afectiva con la ejecutiva de una empresa contratista del Estado o que la empresa china haya contratado a la señora Zapata  a sabiendas de sus afectos o desafectos. 

Álvaro García Linera salió en defensa del presidente y con cierto grado de histrionismo dio una conferencia de prensa en la que declaró que “el presidente Evo” estaba muy afectado y dolido por la pérdida de su hijo y que había hecho todos los esfuerzos posibles para sacarlo adelante.

Semanas y meses más tarde se estableció que Morales y Zapata fueron pareja, pero no tuvieron descendencia. Zapata se dio modos para obtener un documento real con el que se presentaba como madre del hijo del presidente y se valió de sus influencias para usar oficinas públicas y cerrar millonarios negociados.

Los políticos afectados por el escándalo recurrieron a la vieja receta de mentir si es necesario, ante miles de espectadores, en conferencias de prensa, a fin de preservar la imagen y evitar efectos negativos en la opinión pública, pues en ese momento se jugaban los votos del referéndum constitucional por la reelección que Evo perdió y después desconoció.

Gabriela Zapata fue sometida a varios procesos y fue encarcelada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de Instrumento falsificado,
asociación delictuosa y uso indebido de bienes públicos; pero quedó pendiente el proceso instaurado por el delito de trata de personas, debido a que Zapata intentó presentar a un niño como hijo de Evo y pagó para ello a una familia pobre de El Alto.
Curiosamente, en medio de la pugna entre Luis Arce y Evo Morales, los jueces reactivaron el proceso. Morales debería declarar como testigo principal, pero se niega a hacerlo, al igual que su ex compañero Alvaro García Linera. A nadie le interesa llegar al esclarecimiento total de los hechos porque lo que menos les interesa es la verdad y la justicia.

En su momento, Morales gastó dinero público para financiar un mal llamado documental titulado “El cartel de la mentira”, todo para tratar de borrar de la memoria sus propias declaraciones y conferencias de prensa.  Aún hoy, ese caso desprende un desagradable olor a embuste y corrupción que solo puso en evidencia la escasa calidad moral de algunas exautoridades que pretenden volver a dirigir los destinos del país.