La intención del Presidente de la República de establecer un impuesto a la comida “chatarra”, parece plausible, pues la fundamenta en la necesidad de precautelar la salud pública, tan amenazada por enfermedades relacionadas con la obesidad y la ingesta de sustancias nocivas, activadoras de los radicales libres y del incremento del colesterol y de los niveles de azúcar en la sangre.
Unos pocos países latinoamericanos cuentan con legislación para ese propósito, aunque todos vienen soportando el preocupante incremento de sus índices de mortalidad por diabetes o enfermedades del corazón o pulmón, relacionadas con el consumo de sustancias o alimentos nocivos a la salud.
Lamentablemente, en el caso de Ecuador, el pretendido impuesto no estará dirigido a todos los fabricantes, productores y expendedores de esos alimentos nocivos, como debería ser, puesto que únicamente gravaría a las industrias y grandes cadenas alimenticias, las bebidas gaseosas y alcohólicas, y las vinculadas al tabaco. Ello supondrá dejar por fuera a los pequeños expendedores de comidas rápidas o típicas, muchas de ellas nocivas también a la salud, y con el agravante que buena parte de dichos expendedores usan aceites reutilizados y manipulan los alimentos con falta de salubridad, dentro de infraestructuras precarias o expuestas al polvo y a la contaminación vehicular.
Dada la magnitud del problema y sus devastadoras consecuencias para la población, lo deseable es que Ecuador busque soluciones integrales y sostenibles, que tengan un debido sustento técnico-científico y legal, más que económico o tributario, y para ello debe considerar todos los factores o causas que históricamente han atentado contra la salud de sus ciudadanos. La intención presidencial es buena, pero muy limitada, por lo que no resolverá todos los atentados contra la salud pública ecuatoriana, relacionada con la ingesta de alimentos nocivos, así como con la falta de higiene en su manipulación y expendio.
Y es que Ecuador, además, carece de normativas actualizadas y efectivas en materia de trazabilidad e inocuidad alimentaria, de buenas prácticas agrícolas y otras afines. Sin embargo, recientemente dio un paso importante en su propósito de promover el consumo de alimentos saludables, al poner en vigencia el sistema de etiquetado para los alimentos que se expenden en los supermercados y tiendas, que incluye un semáforo que advierte a los consumidores sobre sus eventuales beneficios o riesgos para la salud. A ello se suma las certificaciones de calidad que impuso a los productos provenientes de otros países, exigencias que lamentablemente han sido cuestionadas por la CAN y algunos países de la región. Igualmente, sigue sin resolver la alta presencia de residuos de plaguicidas en sus hortalizas y frutas, incluso de metales pesados, y estos sí que matan silenciosa e inexorablemente a la población.
Lo antes dicho, sólo nos perfila la magnitud de la problemática por resolver, evidencia que las autoridades ecuatorianas tienen mucho por hacer en materia de salud preventiva, de producción agrícola saludable y amigable con el ambiente, de inocuidad y trazabilidad alimentaria, de conservación y expendio de alimentos al fresco y preparados, de protección y preservación de sus fuentes hídricas, entre otros aspectos. La mejor manera de lograrlo será expidiendo un marco legal adecuado de estímulos y sanciones, debidamente concertado entre las autoridades competentes, los actores de los sectores involucrados y la ciudadanía, pues únicamente cuando se aporte una solución integral a la problemática mencionada, Ecuador tendrá una población con buenos hábitos alimenticios y que consume alimentos saludables, lo que deberá ser complementado con acciones concretas y sostenibles que estimulen y promuevan la práctica físico-deportiva, a fin de vencer el sedentarismo, otro de los grandes enemigos de la salud y buena calidad de vida de la gente.
Ojalá que el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, decida enfrentar y vencer todas las amenazas que existen en contra de la salud de sus conciudadanos, varias de ellas aquí referidas, pues el pretendido impuesto, por su limitado alcance sectorial y su escaso impacto en la compleja problemática que afecta la salud pública, podría convertirse en una buena intención para resolverla y nada más. Es hora de pasar del diagnóstico a la acción, pues la salud es un derecho irrenunciable y el Buen Vivir así lo exige.