Las plazas en residencias de mayores siguen aumentando, pero no son suficientes para absorber la lista de espera de las personas con grado II o III de dependencia, es decir, los dependientes severos o grandes dependientes. Harían falta para ello, como mínimo, 30.000 plazas nuevas. Así lo estima la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que este viernes publica un informe en el que lamenta, además, que el envejecimiento va a mayor velocidad que la creación de estas plazas.

La situación, denuncian, empeora año a año. Según el documento, en los dos años posteriores a la pandemia, 2021 y 2022, las plazas residenciales aumentaron en 9.541 unidades, pero la población mayor de 65 años en ese mismo periodo lo hizo en 380.265 personas. “Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de la población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando”, critica la organización.

España es un país que envejece desde hace años. Lo hace incluso más rápido que otros países de su entorno. En 1950, la edad media de los españoles era de 27,5 años y en 1980 de 30,4 años. Apenas envejecieron 2,9 años en 30 años. En la primera década de este siglo XXI el envejecimiento fue de 2,4 años y en la segunda década se un salto de 4,5 años. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España la población mayor de 65 años ya supone más del 20% de la población, un porcentaje que se espera que aumente hasta el 30% en 2030. Por eso de poco sirve el ritmo actual de aumento de plazas en centros para mayores.

Pero todavía hay un dato peor. Para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III) la oferta tampoco está cubierta. Y hacen falta, estima la Asociación, no menos de 30.000 plazas. Según los últimos datos oficiales del Imserso, actualmente hay 71.776 personas con ese grado de dependencia esperando a ser atendidas, pero al menos otras 61.721 que probablemente serán catalogadas con el mismo ni siquiera han sido valoradas.

Por otro lado, el informe desgrana que el 67,9% de las plazas en residencias de mayores de España son de financiación pública, lo que en números absolutos significa 270.702 frente a las 127.873 meramente privadas. Se incluyen ahí, detallan los directores y gerentes de Servicios Sociales, las plazas en centros públicos, las plazas concertadas en centros privados y las plazas que se financiacian.

De cualquier modo, la organización apuesta por continuar el objetivo de desinstitucionalizar las residencias, un objetivo que, según recuerda la propia organización en su informe, se fijó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el año 2023. El objetivo era “favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales”. Pero el problema es que desde entonces poco —o nada— se ha avanzado.

Los datos indican que en 2022 el servicio de ayuda a domicilio sólo alcanza una cobertura del 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia pero todavía claramente insuficiente. Hay más: la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza las 20,2 horas mensuales, una cifra que resulta dos décimas menos que en 2019. “Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos añoa hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres”, lamenta la organización en su informe.

Por último, los directores y gerentes de Servicios Sociales también lamentan que los avances en la humanización del modelo de residencias han sido mínimos. Y en este sentido son Madrid, Galicia y Murcia las que destacan porque, precisamente, son las que todavía hoy se niegan a poner en marcha el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en junio de 2022.