Tras el empantanamiento de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados con el proyecto de ley de elecciones judiciales, las fuerzas políticas de la oposición y la bancada ‘evista’ en la Asamblea Legislativa Plurinacional aseguran que la demora responde a una “estrategia” del Ejecutivo para que el presidente Luis Arce defina entre la ampliación del mandato de los actuales magistrados o que designe interinamente a las altas autoridades del Órgano Judicial mediante un decreto.
Sin embargo, también advierten que cualquiera de las opciones que asuma el jefe de Estado, que no sea la vía electoral, tendrá un “costo político” para el propio presidente, ya que desde la línea ‘evista’ no sólo aumentarán el piquete de huelga de hambre en el Legislativo, también se incorporarán representantes de organizaciones sociales que exigen al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y al Gobierno que se trate de una vez el proyecto de ley para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
“Esta es la maniobra dolosa y deliberada para que pesen los días y se vuelva inaplicable la ley aprobada en el Senado. Con esto buscan (en el Ejecutivo) concretar el plan de la prórroga de facto de los actuales consejeros y magistrados. Ése es el plan del Gobierno”, dijo el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana.
En ese contexto, el legislador identifica tres vías para concretar la ampliación de mandato, descartando la realización de las elecciones judiciales: Primero, está la auto prórroga que sería una decisión del Tribunal Constitucional, en Sucre. Otra opción puede ser la aprobación de una ley por mayoría de votos para que los actuales magistrados amplíen su mandato, o que se los designe como interinos.
“El último camino sería la aprobación del decreto, aunque eso sería el mayor costo político visible para el presidente Luis Arce, pero creo que antes tratarán de agitar las dos primeras formas”, manifestó Alarcón.
En caso que hubiera una “voluntad política” de destrabar este entuerto, la Cámara de Diputados debería tratar este proyecto de ley esta semana, dijo Alarcón.
La huelga de hambre que instalaron los legisladores ‘evistas’ el miércoles 6 de septiembre en el edificio de la Asamblea Legislativa, recibió el respaldo de organizaciones sociales del “Pacto de Unidad” afines a Evo Morales, que en las últimas horas le dieron un plazo al diputado Jerges Mercado para instalar la sesión del pleno camaral este lunes para tratar y sancionar el proyecto de ley de las elecciones judiciales. En caso de no hacerlo, los dirigentes campesinos advirtieron con sumarse a la huelga de hambre, además de asumir otras medidas de presión.
Mientras, los diputados huelguistas presentaron una Acción de Cumplimiento ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que ordene a la Cámara de Diputados apresurar el tratamiento de la ley de convocatoria para elecciones judiciales.
El diputado del MAS de la línea ‘evista’ Gualberto Arispe indicó que el recurso es contra el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, ambos del ala ‘arcista’. Jáuregui tiene una denuncia por presunto acoso sexual.
Arispe dijo que ambas autoridades recurridas estarían incumpliendo una sentencia constitucional que dispuso tratar las elecciones judiciales con prioridad.
A su turno, el diputado Héctor Arce, también del ala ‘evista’ del MAS, dijo que el objetivo del Gobierno de Luis Arce es que no se realicen las elecciones judiciales, y en vez de aquello ampliar el mandato de los actuales magistrados o elegir interinos por decreto.
“A Luis Arce no le interesa cambiar la justicia, por lo tanto, don Lucho Arce (pido a) usted que sea honesto con el país, sea honesto con el pueblo boliviano y dígale que no habrá elecciones judiciales”, dijo el diputado ‘evista’.
En tanto, desde la alianza Creemos, el jefe de bancada en Diputados, Leonardo Ayala, aseguró que tras la dilación del proyecto de ley, el objetivo del Gobierno es emitir un “decretazo” para ampliar la gestión de los magistrados.
“Los tiempos se vencieron; es muy difícil que haya elecciones judiciales este año, se viene el decretazo como lo anunciamos”, dijo el legislador y apuntó al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, de ser el impulsor de esta estrategia.
En ese marco, el diputado Erwin Bazán, de Creemos, argumentó que el presidente Arce y los diputados de su línea “no quieren las elecciones judiciales”, por lo que se prevé que en los próximos días el jefe de Estado anuncie un decreto supremo que amplíe el mandato de los actuales magistrados.
“El presidente va a intentar por decreto prorrogar a esas autoridades judiciales. Arce tendrá en su mano a todos los altos magistrados de la justicia en Bolivia”, dijo Bazán.
Agregó que la línea de los ‘evistas’ que cumple una huelga de hambre no es por el proyecto de ley, sino porque “ha quedado relegado del cuoteo del Órgano Judicial”.
Análisis
En criterio del politólogo Carlos Cordero, la crisis de la Asamblea es una expresión política de la brecha que existe en el Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que hace que “la oposición al presidente Luis Arce viene del propio partido” en función de Gobierno.
“¿Cómo se va a resolver? Creo que ambas partes están trabajando para que el presidente Arce, ante el empantanamiento del Órgano Judicial, tome la decisión, preservando el bien mayor, o la continuidad (de los magistrados) o la renovación por una decisión ejecutiva”, dijo Cordero a EL DEBER.
El experto ve que ésa es la solución porque se agotó el tiempo para las elecciones judiciales. “La solución va a ser política y vendrá del Ejecutivo y el presidente tomará la decisión que mejor le convenga”, afirmó Cordero.
Para el abogado constitucionalista Carlos Goitia, el anuncio de que el presidente Luis Arce podría designar nuevos magistrados por decreto o ampliar la gestión de los actuales, no es dable porque el Ejecutivo, constitucionalmente, no puede mandar sobre otro órgano del Estado.
“Los jueces no nombran ministros, los jueces no nombran parlamentarios, por lo tanto, no es lo más apropiado que el Ejecutivo nombre a los jueces porque no se adecúa al marco constitucional vigente”, dijo Goitia.
Para el experto, la salida más coherente sería la prórroga del mandato de los magistrados del Órgano Judicial, tomando en cuenta el antecedente de la expresidenta Jeanine Añez en 2020 cuando el propio Tribunal Constitucional avaló su mandato como constitucional.
Fuente de esta noticias es El Deber: Leer más