Al magistrado Manuel García-Castellón apenas le quedan unos meses en activo. A finales del año que viene cumple 72 años. La edad máxima para jubilarse. Sin embargo, todo apunta a que el ocaso de su carrera estará marcado por la polémica. Igual que lo estuvo, de hecho, su regreso a la Audiencia Nacional tras tres lustros en destinos dorados. El titular del Juzgado de Instrucción nº6 se convirtió a comienzos de semana en una suerte de ariete contra la amnistía al imputar por delito de terrorismo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al expresident Carles Puigdemont (Junts) en la causa que se sigue por las protestas de Tsunami Democràtic. Toda una bomba en plena negociación para la investidura.

Aunque algunos le describen como un tipo discreto, lo cierto es que su nombre siempre ha estado bajo los focos. Por la mesa de García-Castellón (Valladolid, 1952) han ido pasando algunos de los casos más mediáticos del último siglo. Durante su primera etapa en la Audiencia Nacional, a la que llegó para cubrir el puesto que dejó Baltasar Garzón cuando éste decidió dar el salto a la política, llevó el caso Banesto, que acabó con el encarcelamiento del todopoderoso Mario Conde, o la causa contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Y en esta segunda se ha encargado, entre otras, de las decenas de piezas de Tándem, Lezo o Púnica. Y de dos de las causas clave vinculadas al procés: la de Tsunami Democràtic y la de los CDR.

Hace justo un mes, Julio Ariza, jefe de la constelación mediática nacida de Intereconomía y ligada a Vox, definió al magistrado como un personaje “especialmente atractivo y especialmente interesante” dentro del mundo judicial. Sin embargo, la visión de algunos de quienes se han cruzado con García-Castellón en los últimos años resulta bien diferente. “Es un vago. Se queda solo con los casos que quiere, mientras que los que no se los endosa a su juez de apoyo”, dice una fuente fiscal que ha tratado con él profesionalmente. Habla de un tipo con la “corrección falsa” de quien “se cree superior”. Y se pronuncia con dureza sobre la manera que tiene el magistrado de instruir los casos: “Busca que la realidad se amolde a su visión”.

No es el único. En la misma línea se pronuncian otros abogados que han estado presentes en causas instruidas por el magistrado de la Audiencia Nacional a lo largo de los últimos años. “No da palo al agua”, deja caer uno de ellos, que habla de desorden y errores dentro de su juzgado. Y en cuanto a las pesquisas, señalan diferencias en función de a quién afecten cada uno de los casos. “En los del PP nunca hay indicios, nunca ve nada. Sin embargo, fíjate con qué diligencia ha instruido las causas que afectaban a Podemos”, apunta una letrada. Y, en este sentido, completa al otro lado del teléfono: “Nadie deja así porque sí Roma y la vespa para venir a rebozarse en el barro de la Audiencia Nacional cobrando menos”.

Durante tres lustros, García-Castellón estuvo disfrutando de destinos dorados fuera de España. En 2002, el Gobierno de José María Aznar lo nombró juez de enlace en Francia. Y en 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo mandó de enlace a Roma. Allí estuvo durante cinco años, hasta que en 2017 decidió reincorporarse a su plaza en la Audiencia Nacional. Entonces, ya era conocida una conversación entre el expresidente madrileño Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana en la que el primero expresaba su deseo de deshacerse del magistrado Eloy Velasco, entonces provisional en Instrucción 6, y traer de vuelta al titular –García-Castellón–: “Yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular“.

Aquella conversación ha perseguido al magistrado durante toda su segunda etapa en la Audiencia Nacional. Y, sobre todo, en la instrucción de aquellas causas que han afectado a la formación conservadora. En Púnica, por ejemplo, García-Castellón entró con fuerza, imputando a, entre otras, las expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Sin embargo, la baronesa conservadora acabó libre de polvo y paja a pesar de todos los indicios que se fueron acumulando en su contra. A ojos del juez, no se podía acreditar que la misma tuviera “conocimiento” ni de la financiación irregular de las campañas del partido ni tampoco de que se desviara dinero público para promocionar su imagen.

Se da el caso de que un hijo de Manuel García Castellón, tal y como desveló infoLibre, ha estado trabajando como funcionario interino del cuerpo de letrados del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, desde el entorno del magistrado no consideraban que de ello se derivase un conflicto de intereses ni se pusiese en riesgo la apariencia de imparcialidad. Y recordaban que el hijo consta asignado como funcionario interino al área de derecho laboral y no a la penal y civil.

En Púnica, además, los enfrentamientos con la Fiscalía Anticorrupción han sido continuos. En la pieza 9, la de la financiación, las fiscales acusaron por escrito al magistrado de impedir que un testigo clave, Guillermo Ortega, aportase pruebas que, supuestamente, incriminarían a Aguirre. Y en la pieza 5, centrada en algunos contratos de los Ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, le acusaron de “cambiar de opinión respecto a los indicios del pago de comisiones”: “Las referencias a estos hechos en el auto de incoación de procedimiento abreviado son contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente el magistrado como existentes y sólidos“.

No ha sido, sin embargo, la única investigación en la que se han puesto de manifiesto sus diferencias con Anticorrupción. Kitchen, centrada en la operación de espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar documentación sensible para la formación conservadora, es otra de ellas. El Ministerio Público ha intentado, junto a las acusaciones populares, que se investigara a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Una línea roja que García-Castellón, con el respaldo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se ha negado a rebasar. “El sustento de la imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte de audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto”, decía el magistrado hace un año.

No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí que ha obligado esta semana al magistrado a tomar declaración a Cospedal por las presiones a Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño en el marco de otra pieza separada de la operación Tándem. El pasado mes de junio, García-Castellón había rechazado citarla al no apreciar la “necesidad y utilidad” de su interrogatorio.

Kitchen es, a ojos de un letrado que ha tratado con el magistrado, “donde más se ha visto” que estaba “jugando” para el PP. “La instrucción ha sido bastante timorata. Tenía claro hasta dónde iba a llegar como máximo”, desliza. El magistrado, en su auto de apertura de juicio oral, rechazó declarar la responsabilidad a título lucrativo de la formación conservadora, como ahora ha vuelto a pedir el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Y no movió un milímetro la X de Kitchen de este último responsable político. Cualquier intento de indagar en la supuesta implicación del expresidente del Gobierno fue rechazado al no parecer creíble al juez que Villarejo se mensajeara con Mariano Rajoy. Anticorrupción, de hecho, se llegó a quejar del “cordón o inaceptable línea roja” que parecía que se hubiera establecido en la investigación.

El Ministerio Público, además, ha criticado en diferentes ocasiones el modo de proceder del magistrado. Así, a finales de septiembre avisó al juez de que si no enviaba ya a juicio la trama Kitchen los imputados podrían terminar beneficiándose de rebajas por dilaciones indebidas en caso de terminar condenados. Unas semanas después, tras meses y meses de espera, García-Castellón dictó auto de apertura de juicio oral. Un auto que ahora la Fiscalía pide anular al apreciar un error en el mismo. En resumen, al haberse incluido entre los cargos el delito de secuestro, el caso no puede juzgarse como un procedimiento abreviado, sino que tendría que ir por la vía del procedimiento sumario ordinario. Si el instructor entendía que había indicios de este delito, le reprocha el Ministerio Público, debía haber transformado las diligencias previas en procedimiento sumario ordinario “con anterioridad a clausurar la instrucción”.

Su postura en esa causa contrasta, considera el mismo letrado, con la que mantiene ahora en el caso Tsunami Democràtic. En este procedimiento, centrado en las protestas ciudadanas contra la sentencia del procés –entre las que se encuentra la que se llevó a cabo en el Aeropuerto de El Prat–, el juez ha puesto sobre la mesa un delito de terrorismo. Y también ha deslizado la posible vinculación de esas protestas con el fallecimiento de un ciudadano francés que murió de un infarto en el aeródromo barcelonés. El juez atribuye a Puigdemont un “rol de liderazgo” en Tsunami Democràtic en base a su supuesta asistencia a una reunión en Ginebra, a que se le menciona en un mensaje enviado por su jefe de oficina y a una conversación del expresident con un empresario en la que este último hace referencia a dicha plataforma.

Esta causa echó a andar hace justo cuatro años. Y se mantuvo secreta hasta la pasada primavera. Pero en las últimas semanas, coincidiendo con las negociaciones para la investidura, ha pegado un acelerón. A finales de octubre, la Guardia Civil avisó a García-Castellón de que su informe final sobre Tsunami no estaría listo “por lo menos hasta dentro de un mes”. Sin embargo, nueve días después de aquello el magistrado ya tenía listo el documento sobre su mesa. Y pocas horas después, el titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, que hace un mes sugirió que la amnistía no cabía en la Constitución, lanzaba la bomba de las imputaciones.

Su marcaje a Podemos también le ha generado numerosas críticas. Y no pocos rapapolvos de sus superiores. El pasado verano, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enterró el enésimo intento de resucitar la financiación de Podemos ordenando al magistrado que archivase de una vez la investigación secreta que mantenía abierta a raíz de la información aportada por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando El Pollo Carvajal. Los magistrados le acusaron de ampliar “artificiosamente” la causa para “investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal”, al ser entonces esta “atípica” –no se introdujo en el Código Penal hasta 2015–.

No es el único rapapolvo que ha recibido en relación con la formación morada. Da buena cuenta de ello el llamado caso Dina, una de las piezas separadas de Tándem en la que se investigaba el robo de la tarjeta de móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la publicación de parte del contenido de la misma en diferentes medios. Tras la primera ola de la pandemia, García-Castellón decidió retirar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de víctima en la causa. Lo hizo deslizando que la filtración a OkDiario podría haber partido incluso del propio Iglesias. Pero la Sala de lo Penal, una vez más, le corrigió: “No hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas”.

El magistrado, pocos días después de aquel varapalo, decidió poner punto y final a la fase de investigación. Por un lado, propuso juzgar a Villarejo y un par de periodistas. Y, por otro, envió al Supremo la parte relativa a Iglesias, poniendo sobre la mesa posibles delitos de revelación de secretos o daños informáticos. Ambos intentos naufragaron. El Alto Tribunal rechazó la exposición razonada y criticó que el magistrado hubiera abandonado determinadas líneas de investigación.