17 países de América Latina y El Caribe, Asia y África, en carta a los altos dirigentes de la Unión Europea, reiteraron su preocupación por el impacto que traerá, especialmente para pequeños productores del campo de países en desarrollo, la expedición e implementación del reglamento de la Unión Europea sobre el comercio libre de deforestación. @MincomercioCo
Diecisiete países, incluida Colombia, han expresado su inquietud mediante una carta dirigida al Consejo Europeo, la Comisión Europea y la Presidencia Pro Tempore del Consejo de la Unión Europea, actualmente presidida por España, sobre la expedición y ahora implementación de la normativa de la Unión Europea referente al comercio libre de deforestación.
Esta misiva, suscrita por 11 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), tres países asiáticos (Indonesia, Malasia y Tailandia) y tres africanos (Costa de Marfil, Ghana y Nigeria), enfatiza que esta legislación pasa por alto las particularidades y capacidades productivas locales, las leyes de cada nación y los sistemas de certificación de las naciones en desarrollo. Asimismo, omite los esfuerzos que estos países realizan en la lucha contra la deforestación y sus compromisos multilaterales.
En la carta, cuya redacción contó con la activa participación de la Oficina Comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Embajada de Colombia en Bruselas, se insta a los líderes europeos a revisar la regulación y a entablar un diálogo abierto con los países productores que exportan sus bienes a este mercado. El objetivo es mitigar los posibles efectos negativos que la implementación de esta normativa pueda tener sobre el comercio.
“Considerando que, a pesar de las múltiples manifestaciones de preocupación, especialmente de los países en desarrollo, la legislación entrará en vigor en menos de 18 meses y que la Unión Europea aún está trabajando en el proceso de implementación, exhortamos a la Comisión y a otras instituciones del bloque a participar en un diálogo más sustancial y abierto. Esto permitiría al menos mitigar los impactos más perjudiciales mediante directrices de implementación que fomenten las prácticas sostenibles y el desarrollo local de las cadenas de valor agrícolas, evitando así perturbaciones en el comercio”, señala la carta.
Se añade que esta normativa conlleva una carga administrativa excesiva debido a las demandas de geolocalización, trazabilidad, certificaciones y procedimientos aduaneros. Todas estas regulaciones generarán costos significativos tanto para los países exportadores como para los importadores, los cuales podrían recaer especialmente en los productores.
“Consideramos que la legislación, por sí sola, no tendrá un impacto positivo en las tasas de deforestación e incluso puede tener efectos adversos, como el aumento de la pobreza, la desviación de recursos y los obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señalan.
Se hace hincapié en que los más vulnerables ante esta regulación sobre el comercio libre de deforestación son los pequeños agricultores, quienes requieren un apoyo especial. Esta inquietud se extiende a las regulaciones ambientales que la Unión Europea está preparando en el marco del Pacto Verde y la estrategia de la Granja a la Mesa.
Se solicita a la Unión Europea que reconozca los esfuerzos de los países en desarrollo por promover prácticas sostenibles, así como los desafíos que enfrentan al acceder a programas de financiamiento, nuevas tecnologías, formación y asesoría técnica.
“Los pequeños agricultores podrían quedar excluidos de las cadenas de valor internacionales no por deforestar sus tierras, sino por no poder demostrar que cumplen con los estrictos requisitos impuestos por la normativa de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. Esto privaría injustamente a los pequeños agricultores de una fuente importante de ingresos y medios de vida, y podría afectar incluso su capacidad para adoptar prácticas sostenibles”, plantea la carta.
Por lo tanto, se insta a que las normas y medidas de implementación de esta regulación sean claras y detalladas, incluyendo regímenes de cumplimiento y debida diligencia diferenciados para materias primas y productos procedentes de los pequeños agricultores de países en desarrollo. Esto, teniendo en cuenta que a las pequeñas y medianas empresas del bloque europeo se les otorga un trato más flexible.
“Reafirmamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los acuerdos y objetivos ambientales multilaterales”, concluye la carta de los 17 firmantes, incluido el embajador de Colombia en Bélgica, Jorge Rojas Rodríguez.
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