El número de conflictos en el campo registrados en el primer semestre de 2023 fue el segundo más alto en los últimos diez años, sólo superado por el que se produjo en los primeros seis meses de 2020. Las cifras fueron divulgadas esta semana por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

En total, se registraron 973 conflictos, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el mismo período de 2022, cuando la cifra ascendió a 900.

Según el informe de la CPT, la mayoría de los conflictos fueron por la tierra (791), seguidos por el trabajo esclavo rural (102) y los conflictos por el agua (80). Aproximadamente 527 mil personas se vieron implicadas en conflictos en los seis primeros meses del año, un 2% menos que en 2022.

En cuanto a la categoría que sufre violencia por la tierra, los pueblos indígenas y sus comunidades son los más afectados, con el 38,2% de los casos, seguidos por los trabajadores rurales sin tierra (19,2%), los ocupantes ilegales (14,1%) y los quilombolas (12,2%).

Caída de las muertes

En el primer semestre de 2023, la CPT también registró una caída en el número de muertes en comparación con el año anterior: 14 en 2023, frente a 29 en 2022, una disminución del 51,7%. Según el informe, cerca del 80% de los casos ocurrieron en la Amazonía Legal (11), lo que convierte a la región en la más violenta del Brasil rural. Aproximadamente la mitad de las muertes se debieron a la contaminación por pesticidas.

Los pueblos indígenas son los más afectados, con seis muertes, seguidos de los trabajadores sin tierra (5), los ocupantes ilegales (1), los quilombolas (1) y los funcionarios (1). Las amenazas de muerte también disminuyeron en el primer semestre: de 78 en 2022 a 56 en 2023, al igual que los intentos de asesinato (49 a 30 en la misma comparación).

Trabajo esclavo

Según el informe del CPT, el primer semestre de 2023 se caracterizó por el aumento del número de casos de trabajo esclavo rural: 102 (un 20% más que en el mismo periodo de 2022) y del número de personas rescatadas de esta condición: 1.408 (un aumento del 43,9% en la misma comparación). Ambos son los más altos de los últimos diez años.

El mayor número de personas rescatadas fue en el cultivo de caña de azúcar (532), seguido por los cultivos permanentes (331), que son un brazo de la agroindustria junto con la minería (104), la deforestación (63), la producción de carbón vegetal (51) y la ganadería (46).

Tipos de conflicto

Durante el primer semestre de 2023, 878 familias vieron destruidas sus viviendas, 1.524 sus huertos y 2.909 sus pertenencias. 554 familias fueron expulsadas de las tierras que ocupaban y 1.091 fueron desalojadas judicialmente. Hubo también 143 delitos de homicidio, 85 de acaparamiento de tierras y 185 de invasión.

La CPT registró una disminución de 130 a 80 conflictos por agua en el primer semestre de 2023, pero eso “no oculta los daños causados por proyectos que afectan directamente a las poblaciones que se relacionan y dependen del agua para sobrevivir, siendo los pueblos indígenas los más afectados (32,5%), seguidos por los quilombolas (23,75%), pescadores (15%), ocupantes ilegales (6,25%) y ribereños (6,25%)”, dice el texto del informe.

Mujeres víctimas

Hubo un aumento de la violencia contra las mujeres en las zonas rurales, de 94 en 2022 a 107 en 2023, una subida del 13,8%. Se destaca negativamente la violación de 30 adolescentes yanomami por mineros ilegales en febrero.

Las mujeres también sufrieron casos de intimidación (20), amenazas de muerte (16), agresiones (6), criminalización (5) y encarcelamiento privado (5).