En Paraguay seguimos lamentando niños y niñas, adolescentes en condición de calle, expuestos y sometidos a diversos tipos de violaciones en sus derechos e integridad. Más penosamente, la terrible situación se ha expandido, ya no es solo un flagelo en Asunción y Ciudad del Este, sino también aparece en otras ciudades, principalmente fronterizas, según viene haciéndose eco la prensa en los últimos años.

Evidentemente se requieren de programas y políticas más agresivas contra esta situación de vulnerabilidad de nuestros menores en las calles. Lo ilegal y lo inhumano no pueden seguir a la vista de todos, hay que apostar al fuerte combate contra esta desdicha, hasta eliminar este mal que tiene en sufrimiento a una gran parte de nuestro país, según refieren las estadísticas. Además de la condición de vulnerabilidad en que vive esta parte de nuestra población por la falta de cobertura estatal, las denuncias que le afecta refieren un montón de otros riesgos y abusos que sufren. Por ello es intolerable seguir dilatando soluciones reales y de profundidad a lo que ataña a esta problemática.

El nuevo gobierno anunció como medida de mitigación de la pobreza el aumento del 25% en la transferencia entregada a las familias como bono alimenticio. Los alimentos constituyen el principal componente de la canasta familiar y solo entre 2020 y 2022 estos aumentaron el 25%, según los datos proporcionados por el BCP. La medida anunciada recupera en parte la capacidad adquisitiva de la transferencia de Tekoporã, ya que esta viene sin ser actualizada desde hace varios años.

El aumento significará entre G. 50.000 y G. 100.000 por mes a cada familia dependiendo del número de hijos, cifra baja para el costo de una canasta de alimentos que tenga mínimos criterios de calidad. No obstante, es un alivio parcial para la crítica situación que viene afectando a todos los hogares paraguayos y especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se agudizó desde hace casi una década.

El objetivo del programa es que la niñez y adolescencia que se encuentran dentro del plan permanezcan en la escuela y se acerquen a los establecimientos de salud cuando requieran consultas o sea el momento de la vacunación. Las evaluaciones de impacto internacionales muestran que el programa está logrando ese objetivo, incluso contribuye a reducir la mortalidad materna, puesto que ayuda a que las madres embarazadas asistan a sus controles prenatales.

El logro de estos objetivos depende del compromiso de las familias, pero más del gobierno que debe ofrecer esos servicios ya que el derecho a la educación y a la salud están establecidos en la Constitución y su gratuidad en numerosas leyes. La calidad es un imperativo que se agrega a la necesidad de cobertura universal. Abrir escuelas y establecimientos de salud sin que cuenten con los insumos necesarios no ayuda a que las familias, especialmente, las madres cumplan con su compromiso.

Un Estado serio y responsable debe seguir una hoja de ruta que apunte, ya sea a corto, mediano o largo plazo, a soluciones factibles. No existe familia, ser humano que reniegue de su derecho como persona, lo que existen y abundan lastimosamente son excusas por parte de las autoridades que frecuentemente se tiran la pelota sobre las causas de este mal que debemos sanar, tarde o temprano.

Es más que seguro que los paraguayos y las paraguayas ya no queremos ver niños y niñas, adolescentes en condición de vulnerabilidad; esto implica solución de raíz. Es sabido que en la calle, además de la indigencia, el sometimiento a un trabajo que no corresponde como el de limpiar vidrios, etc. los exponen y son víctimas de drogadicción, abusos, prostitución, ludopatía y varios otros hechos de violencia contra su integridad.