Objetivo: abolir la prostitución. Y no se trata de un propósito a largo plazo, sino de una aspiración inmediata. Abolir la prostitución esta legislatura. Así lo trazó Pedro Sánchez a finales de noviembre y así lo defiende su formación. No es la primera vez: el Partido Socialista se declara abiertamente abolicionista y ha hecho de ese horizonte parte de su identidad política. Pero ¿qué opinión tienen sus socios de Gobierno? ¿Qué medidas hay sobre la mesa? ¿En qué modelos se miran los socialistas? Y sobre todo, ¿qué significa conseguir la abolición de la prostitución en una legislatura, más allá del eslogan?

La abolición de la prostitución como objetivo a corto plazo fue planteada por el líder socialista a finales de noviembre, durante el primer acto del partido tras ser investido presidente. Pero fue hace casi cuatro años cuando Pedro Sánchez incluyó la abolición de la prostitución como tarea prioritaria. Lo dijo frente a los micrófonos de la Cámara Baja, en toda una declaración de intenciones. Entonces, el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no incluía ninguna hoja de ruta en ese sentido, igual que tampoco lo hace el pacto actual con Sumar.

A cuenta de la prostitución se libraron algunas de las más sonoras batallas entre los socios del anterior Ejecutivo, a pesar de perseguir, sobre el papel, un objetivo abolicionista común. Primero, a raíz del articulado relativo a la prostitución contenido en un primer momento en la ley del sólo sí es sí. Después, con motivo de la propuesta abolicionista tejida por los socialistas y registrada en solitario en el Congreso. La toma en consideración de esta ley salió adelante en junio del año pasado gracias al apoyo del PP y parte de Unidas Podemos –con la abstención de los comuns y de Vox–, pero ni las enmiendas ni el texto llegaron a ser debatidos. “Abolicionismo, aunque nos quedemos solas”, lanzaron entonces distintas voces del partido. La iniciativa, al final, decayó con la convocatoria anticipada de elecciones.

La consigna del abolicionismo vuelve ahora a estar sobre la mesa. Las Corts Valencianes acaban de votar a favor de una propuesta, tejida por el grupo socialista, cuyo objetivo pasa por la reforma de dos leyes autonómicas para caminar hacia la sanción de la demanda y las multas a los prostíbulos que operan bajo licencias de otras actividades. La propuesta introduce además la aspiración de confeccionar un plan integral de apoyo a las mujeres. “La Comunitat Valenciana se convierte en la primera autonomía española en iniciar el camino para abolir la prostitución”, celebraba la vicepresidenta segunda de las Corts, Gabriela Bravo.

¿Qué hay más allá de la promesa de abolir la prostitución? ¿Qué propuestas palpables existen más allá del eslogan? Por el momento, poca cosa. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar no menciona en absoluto la prostitución, sino que se centra en sacar adelante una ley integral contra la trata que durante la anterior legislatura se quedó varada tras ser aprobada en el Consejo de Ministros.

Fuentes del Ministerio de Igualdad responden a preguntas de infoLibre que, por el momento, el equipo no trabaja sobre ninguna propuesta concreta en la materia. La ministra, Ana Redondo, “ha estado volcada” en violencia de género y en la ley de paridad que aterrizó el martes en el Consejo de Ministros.

Aunque el ministerio rechaza señalar modelos concretos para replicar en suelo estatal, lo cierto es que su partido ha venido defendiendo algunos de los sistemas implantados en países europeos. A finales de los noventa, el Gobierno sueco puso en marcha una ley contra la trata de seres humanos, centrada en la protección de las mujeres. Suecia se convirtió en el primer país del mundo en perseguir, con la ley en la mano, a la industria proxeneta. En 2008, una investigación sobre sus efectos dio cuenta de los resultados: la prostitución callejera se redujo a la mitad y el 70% de los ciudadanos defienden a ultranza la normativa.

Según un informe del Parlamento Europeo, los datos confirman el “efecto disuasorio del modelo nórdico” sobre la trata de personas. A la luz del citado estudio, las prostitutas en Suecia son “una décima parte” de las identificadas en Dinamarca, país vecino donde “la compra de sexo es legal y su población es menor”. El modelo sueco fue reproducido posteriormente en países como Noruega, Islandia, Irlanda y Canadá, entre otros. La dinámica es la misma: penalizar a los clientes y proteger a las víctimas.

¿Y qué dice Sumar? La portavoz parlamentaria de la coalición, Marta Lois, explica a infoLibre que en primer lugar es necesario un debate interno en un espacio donde conviven sentires muy diversos. “Cada posición puede tener matices, distintos pareceres, por lo que necesitamos un debate sobre esta cuestión”, reconoce. En términos generales, la formación sí apuesta por “ir más allá de la disyuntiva” abolición o regulación, un binomio que “enfrenta mucho dentro del feminismo” y que conlleva una “confrontación estéril” de cara a un objetivo prioritario: poner en el centro a las mujeres.

Marta Lois apuesta por desplazar a un segundo plano los debates teóricos y aterrizar políticas públicas concretas, capaces de “avanzar en base a consensos”. ¿Cuáles son esos consensos? En primer lugar, la distinción entre trata y prostitución: “La trata tiene que ver con el abuso y la explotación forzada de las mujeres”, asiente la diputada, quien reconoce al tiempo que “en la prostitución, el 90% de las mujeres están en una situación de precariedad y pobreza”. Es ahí donde pone el acento: en los recursos dirigidos a las mujeres. Es necesario avanzar en “políticas de salida” y analizar los “condicionantes que llevan a las mujeres a una situación de prostitución”. Es decir, políticas “activas y decididas” en materias que van más allá de la prostitución en sí: vivienda pública, empleo y Ley de Extranjería, dibuja la parlamentaria gallega.

“Es un asunto que necesita de un sentido muy transversal y que seamos capaces de poner a las mujeres vulnerables en el centro”, más allá de cuestiones relativas “al umbral ético o moral” de la prostitución. La línea planteada por Sumar no dista en realidad de la labrada por Irene Montero y su equipo al frente del Ministerio de Igualdad en los últimos años. El debate sobre la prostitución “no va de si somos abolicionistas o no, sino de cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres“, decía la ahora exministra en una entrevista con infoLibre.

Las organizaciones feministas que llevan consigo el apellido de abolicionistas miran con recelo al Gobierno. Sus promesas “son humo”, clama Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. A pesar de que las líneas planteadas por la plataforma irían, a priori, en sintonía con las asumidas por los socialistas, Carracedo dice no tener “la ingenuidad política de creer en las declaraciones” del líder del partido. “Serán sus actos los que definan su apuesta”, asiente.

La plataforma reclamó a principios de diciembre una reunión formal con el jefe del Ejecutivo para plantear sus propuestas. Las abolicionistas han trazado su propia iniciativa legislativa [disponible en este enlace], un texto producto del estudio y la aportación de “organizaciones de supervivientes, teóricas y grupos asistenciales”.

Carracedo reprocha al PSOE no sólo la falta de concreción a la hora de desplegar propuestas sólidas encaminadas a la abolición de la prostitución, sino también sus conductas pasadas. “El PSOE es el responsable de que seamos un país con una industria del sexo híper desarrollada“, esgrime al otro lado del teléfono. Se refiere a la eliminación en 1995 del Código Penal de la figura de la tercería locativa, que permitía castigar a los propietarios de los locales que se lucrasen con la explotación de las mujeres.

Rosa Cobo, profesora de Sociología del Género en la Universidade de A Coruña (UDC), admite que “no está clara la voluntad política del Gobierno”. Sí concede que los socialistas incluyen en su programa la abolición de la prostitución, y que se trata de un objetivo defendido por sus representantes políticos. “El resto es pura especulación”, lamenta. La feminista abolicionista sí cree, no obstante, que las políticas abolicionistas no deberían acarrear un coste elevado si detrás existe una apuesta decidida por su puesta en marcha: “Si Pedro Sánchez es tan valiente para hacer una amnistía” o para convocar elecciones generales “por sorpresa”, hacer políticas abolicionistas no debería “ser tan difícil para él”. El problema, apunta, “no es la dificultad, sino la voluntad política”.

Sobre la viabilidad de alcanzar la abolición de la prostitución en los próximos años, la socióloga no titubea. “Por supuesto que es viable. Las políticas abolicionistas son un conjunto de medidas políticas que primero frenarán la prostitución y después la reducirán”. Y en ese contexto, estima, lo más importante es “cortar el estímulo que reciben los varones, sobre todo los jóvenes, para acudir a la prostitución”.

Para Carracedo, la consigna es clara: “Ningún país que tolere la explotación sexual, la actividad económica de proxenetas y que legitime su consumo por parte de hombres, está practicando políticas de igualdad”. Carracedo no sitúa el horizonte de la abolición como un escenario inalcanzable, sino como un futuro palpable. Existe “experiencia política y pragmática para desactivar el sistema prostitucional“, sostiene la activista. Mira al modelo sueco y su réplica en el llamado modelo nórdico, también al sistema implantado en suelo francés. Y pone énfasis en una cuestión: la reparación. Conceder “puertas y recursos” para las mujeres prostitutas, una acción que requiere de responsabilidad por parte del Estado. Cobo dibuja varios ejes centrales: “La persecución del proxenetismo, la sanción a los puteros, la puesta en pie de políticas públicas de apoyo integral para las mujeres” y finalmente la introducción de “la educación afectivo sexual” en las escuelas.