La Corte Suprema de Brasil condenó a seis individuos más por su participación en los disturbios golpistas del 8 de enero, donde las sedes de los tres poderes en Brasilia fueron invadidas y saqueadas. Así, el total de condenados en relación con estos hechos asciende a 12.

Todos habían sido acusados de los delitos de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados a bienes federales y deterioro de bienes catalogados. El juicio en línea finalizó el martes (17).

Los condenados fueron Reginaldo Carlos Begiato Garcia, Claudio Augusto Felippe, Edineia Paes da Silva Dos Santos y Jorge Ferreira, todos de São Paulo, Jaqueline Freitas Gimenez, de Minas Gerais, y Marcelo Lopes do Carmo, de Goiás.

Al final, prevaleció la posición del ponente, Alexandre de Mores, quien votó por condenar a cada acusado a 17 años de prisión, excepto Jorge Ferreira, sentenciado a 14 años.

Los jueces Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Dias Toffoli y Luiz Fux se alinearon con Moraes. Los jueces Cristiano Zanin y Edson Fachin discreparon en parte, dictando sentencias más benignas, mientras que los jueces Luís Roberto Barroso, André Mendonça y Nunes Marques discreparon en mayor medida, absolviendo a los acusados de algunos de los cargos.

Las diferencias surgieron como resultado de la valoración individual de la conducta de los acusados. La mayoría de los acusados fueron detenidos en el interior del palacio presidencial de Planalto. Solo Reginaldo García fue detenido en el pleno del Senado.

En total, la Fiscalía General presentó unas 1.400 denuncias relativas al 8 de enero. La gran mayoría se refiere a los manifestantes pro-Bolsonaro detenidos frente al cuartel general del Ejército en Brasilia.

En este caso, los cargos fueron más leves, incluyendo asociación criminal e incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes establecidos, y Moraes autorizó al Ministerio Público Federal a cerrar el caso.

Otras 250 denuncias, sobre delitos más graves, se refieren a personas detenidas en flagrante delito en el interior o en los alrededores del palacio presidencial de Planalto, el edificio del Congreso Nacional y el Supremo Tribunal.