La diputada defiende a represores que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Por primera vez desde el retorno de la democracia en Argentina, el país tendrá a una vicepresidenta que niega abiertamente el número de víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), que insulta a los organismos de derechos humanos y defiende represores que cometieron crímenes de lesa humanidad como secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y robo de niños.
Se trata de Victoria Villarruel, una abogada de 48 años que recién comenzó su carrera política en 2021, cuando ella y el economista Javier Milei lograron ser electos como diputados. En tiempo récord, ambos se postularon como candidatos a presidente y vicepresidenta. Y ganaron.
El ascenso de la dirigente ha sido paulatino pero incesante, siempre marcado por la manera en la que minimiza los delitos de la dictadura, lo que se explica porque proviene de una familia de militares. De hecho, por sus antecedentes, Milei ha anunciado que la nombrará ministra de Defensa.
La vicepresidenta electa es hija de Eduardo Villarruel, un teniente coronel veterano de la Guerra de Malvinas que, después de recuperada la democracia, participó en sublevaciones militares y fue detenido por negarse a jurar la Constitución.
Además, su tío es Ernesto Guillermo Villarruel, un militar procesado por crímenes de lesa humanidad que estuvo prófugo y fue detenido en 2015, cuando fue a votar. Un año más tarde, se salvó de una eventual condena gracias a que se le diagnosticó Alzheimer y no podía enfrentar el juicio.
A principios de los años 2000, la abogada comenzó a militar para imponer la “teoría de los dos demonios”, es decir, la idea de que en los años 70 en Argentina hubo una guerra en la que los militares y las guerrillas se enfrentaron en condiciones de igualdad.
Por eso siempre ha destacado los delitos cometidos por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las principales guerrillas de la época que fueron exterminadas por los represores.
Sin embargo, la jurisprudencia internacional establece que los delitos cometidos desde el Estado, en este caso la dictadura, son de lesa humanidad e imprescriptibles, es decir que se pueden juzgar sin importar el tiempo que haya transcurrido.
Activismo
En sus primeros años como activista, Villarruel comenzó a visitar a los represores, entre ellos al dictador Jorge Rafael Videla. Años después se excusaría con el pretexto de que había hablado con ellos para escribir libros.
“Los llaman jóvenes idealistas” y “Los otros muertos. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los años 70”, son los títulos que publicó para criticar que se haya condenado a los militares y no a los guerrilleros. En esos textos también negó que la dictadura haya ejercido el terrorismo de Estado.
También participó en “La nación dividida: Argentina después de la violencia de los ’70”, una obra compilada por Alberto Jorge Crinigan, un exoficial de inteligencia que es juzgado por secuestros y desapariciones.
En el afán de defender sus tesis prodictadura, Villarruel fundó en 2003 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, desde donde se mantuvo durante años como una figura marginal en la vida pública.
Su estrellato llegó de la mano de Milei, quien asumió las posturas negacionistas de su compañera de fórmula.
Durante la campaña, Villarruel reforzó su defensa de los represores. Criticó, por ejemplo, al expresidente Raúl Alfonsín por crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en lugar de investigar “los crímenes de los terroristas”.
Insistió, además, en que se había instalado la idea de víctimas de primera (las de los represores) y de segunda importancia (las de las guerrilas).
Además de negar el número de 30.000 desaparecidos enarbolados por los organismos de derechos humanos, Villarruel aseguró que en estos 40 años de democracia se había mentido para imponer el relato de la izquierda.
Incluso condenó que se difundieran contenidos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en los medios estatales y organizó un “homenaje” a víctimas de la guerrilla en la Legislatura, lo que desató una fuerte polémica por su contenido negacionista.
Otra de sus controversias más importantes estalló cuando propuso que en la exESMA, que fue uno de los centros clandestinos de detención de América Latina, se creara un parque que todos lo pudieran “disfrutar”.
También, cuando defendió públicamente al represor Juan Daniel Amelong, un genocida que cumple tres condenas a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Fiel a sus convicciones, las siguió hasta el mismo domingo, día de la elección, al quejarse de que en la escuela en donde votaba hubiera recordatorios de los desaparecidos.
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