Al represivo protocolo de la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, se acaba de sumar un incendiario anuncio de la superministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que atenta contra el derecho a la protesta establecido en la Constitución argentina, y podría estarse gestando un caldo de cultivo para un fuerte estallido social.

Con su tono de voz parsimonioso y gesto digno de una partida de póquer, Sandra Pettovello se sumó a las intenciones del ultraderechista Milei y su nueva compañera de gobierno (y excontendiente) Patricia Bullrich, para lanzar su ofensiva contra los movimientos sociales.

A través de un mensaje grabado que apenas superó los dos minutos, la ministra de Capital Humano anunció la retirada del apoyo social a aquellos beneficiarios que se manifiesten en contra de las medidas de ajuste implementadas por su gobierno. También dejó claro que aquellos que “promuevan, instiguen, organicen o participen en cortes perderán todo acceso al diálogo” con su cartera. La tentativa de intimidación no tardó en generar la condena de organizaciones sociales y de derechos humanos, incluyendo al Movimiento Evita, el Polo Obrero, el CELS y Amnistía Internacional. Todos coincidieron en señalar la naturaleza provocativa y persecutoria de las medidas.

La primera prueba para evaluar la efectividad del discurso de la ministra y del nuevo protocolo antidisturbios de Bullrich se llevará a cabo este miércoles, cuando el bloque de izquierda se movilice hacia la Plaza de Mayo en conmemoración del aniversario del “Argentinazo” de diciembre de 2001.

“Quien corta, no cobra”, fue la amenaza inequívoca de la ministra, aunque en su mensaje no especificó cómo distinguirá entre los manifestantes que eventualmente protagonicen un piquete y quiénes son beneficiarios de algún plan social. Ante la consulta del medio local Página/12, desde su ministerio se derivó la responsabilidad a Bullrich, sosteniendo que será tarea de las fuerzas de seguridad.

En la Resolución que pone en marcha el protocolo anunciado por la ex candidata presidencial, hay una sección dedicada al registro de los manifestantes “mediante filmaciones”, tanto durante la manifestación como “en su posterior detención”.

Estos datos personales, según el protocolo, “serán remitidos a la autoridad de aplicación correspondiente para la adopción de las medidas que correspondan”. El paquete combina persecución, represión y la posterior suspensión de la ayuda social.

Organizaciones sociales en pie de lucha contra la represión

Eduardo Belliboni, referente del movimiento social Polo Obrero, denunció la represión que se viene. “Van a intentar detenernos en las estaciones de tren y también infiltrarnos”, alertó.  “Un escenario de locos para una democracia, pero así es el ajuste que quiere aplicar este gobierno. La última vez que se reprimió la protesta social, se fueron en helicóptero o llamaron anticipadamente a elecciones. Habrá que ver hasta dónde quieren llegar”, agregó.

«Está bastante claro que quieren destruir a las organizaciones», respondió la referenta del Frente Darío Santillán y secretaria gremial de la UTEP, Dina Sánchez. «Pero se olvidan que nosotras llegamos a las organizaciones por una necesidad concreta, por las malas políticas de estos gobiernos. Y desarrollamos ramas y unidades productivas en todo el país», aseguró.

Sánchez alude a una parte del discurso de Petovello, quien adelantó que todas aquellas organizaciones sociales que sean «intermediarias» van a perder sus credenciales como tales.

Las amenazas también llegaron directamente a los beneficiarios de planes sociales que utilizan la aplicación Mi Argentina, por la cual se gestionan diversos trámites estatales. Bajo el título «el que corta, no cobra», una notificación decía lo siguiente: «Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: si sos beneficiario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amanaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134″.

«Es un mensaje claramente clasista y estigmatizante», dijo el citado medio Daniel Menéndez, de la organización Barrios de Pie «¿Qué van a hacer con los chacareros si salen a cortar rutas contra el aumento de retenciones, como ya se hizo? ¿Les van a expropiar los campos? ¿Al estudiante universitario que salga a protestar contra el recorte del presupuesto le van a prohibir estudiar?», se preguntó.

«Este pueblo que resistió persecuciones, torturas y fusilamientos no se va a dejar amedrentar», respondió el Movimiento Evita en un comunicado en el que caracteriza los anuncios de la ministra como «un intento de disciplinar a los trabajadores», ante lo cual llamó a «actuar con inteligencia». «Frente a cada avance, una respuesta; frente a cada provocación, inteligencia», concluyeron.