Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo.
En un fallo de gran relevancia para el comercio regional, el Tribunal de Justicia Andino ratificó las sanciones impuestas en 2018 por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) a dos importantes empresas productoras de papeles suaves, tras confirmar que incurrieron en prácticas anticompetitivas, afectando los mercados de la región. Este fallo marca un hito en la jurisprudencia de competencia económica dentro del bloque andino, estableciendo un fuerte precedente sobre la responsabilidad de las empresas ante las regulaciones transnacionales.
Las sanciones, impuestas por un valor de US$17 millones y US$16,8 millones a las respectivas empresas, responden a la confirmación de acuerdos ilegales para la fijación de precios y el reparto del mercado de papeles suaves, un sector clave en la industria de bienes de consumo masivo. La Secretaría General de la CAN concluyó que estas empresas conspiraron para fijar de manera directa o indirecta los precios de sus productos, afectando así a los consumidores y distorsionando la competencia en los países miembros de la CAN.
Las prácticas anticompetitivas sancionadas no solo se limitaron a la fijación de precios, sino que también incluyeron la repartición del mercado, lo que restringió la libre competencia y la innovación en el sector. Según los informes presentados por la Secretaría, esta conducta ilícita se prolongó durante varios años, con el propósito de crear un entorno controlado en el que las empresas involucradas pudieran maximizar sus beneficios a costa de una competencia justa.
Tras la imposición de las sanciones por parte de la Secretaría General en 2018, las empresas sancionadas intentaron revertir la decisión presentando acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia Andino, argumentando que la Secretaría carecía de competencia para investigar y sancionar casos de este tipo. Sin embargo, en su reciente fallo, el Tribunal no solo confirmó la competencia de la Secretaría para actuar en este ámbito, sino que también avaló la solidez del caso construido en contra de las empresas.
El Tribunal argumentó que las prácticas anticompetitivas investigadas no solo afectaron al mercado colombiano, donde se originaron, sino que también tuvieron repercusiones significativas en otros países miembros de la CAN, en particular en Ecuador, justificando la intervención de la Secretaría General en el caso. De acuerdo con la Decisión 608, que regula las Normas para la Protección y Promoción de la Libre Competencia en la Comunidad Andina, las conductas que trascienden fronteras son competencia de los órganos andinos, y en este caso, los efectos transfronterizos fueron probados de manera contundente.
El fallo del Tribunal también destaca el uso cuidadoso y riguroso del material probatorio por parte de la Secretaría General de la CAN, el cual fue determinante para demostrar tanto la duración como el impacto del cartel en el mercado. Este caso subraya la importancia de aplicar con firmeza las normas que protegen la competencia en un contexto económico cada vez más globalizado, en el que las acciones de las empresas pueden tener repercusiones más allá de las fronteras nacionales.
El Tribunal de Justicia Andino acaba de ratificar las sanciones que impuso la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en el 2018 a dos empresas productoras de papeles suaves por violar el régimen de competencia andina.
Declaraciones oficiales y reacciones
La decisión ha sido ampliamente elogiada por representantes del gobierno colombiano y por expertos en derecho de la competencia. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes Hernández, destacó que este fallo está alineado con los esfuerzos del Gobierno del Presidente Gustavo Petro por fomentar un comercio justo y equitativo dentro de la región andina. “Este tipo de decisiones fortalecen la credibilidad de los mecanismos de integración regional y demuestran que el comercio justo es fundamental para una política de industrialización que beneficie tanto a los productores como a los consumidores”, afirmó el Ministro.
Por su parte, la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, resaltó la importancia de este fallo en la consolidación de una economía más justa y equitativa en América Latina. “La confirmación de estas sanciones es un mensaje contundente para las empresas que intentan eludir las normas de libre competencia. Es fundamental que los mercados funcionen en armonía con los principios de justicia social y económica, y que los consumidores puedan acceder a productos a precios justos y competitivos”, señaló Rusinque. También agregó que la acción de los tribunales transnacionales es clave para garantizar que la libre circulación de bienes y servicios no esté acompañada de impunidad.
En el contexto de este fallo, también se hace evidente la necesidad de que las empresas en la región adopten estándares éticos y prácticas comerciales justas. El mensaje es claro: cualquier intento de manipular el mercado será severamente castigado por los mecanismos de justicia andina, protegiendo a los consumidores y promoviendo la competitividad.
Impacto en la integración económica regional
Este caso también pone en evidencia el creciente rol de los órganos de justicia transnacionales en la integración económica de América Latina. El fallo del Tribunal de Justicia Andino no solo reafirma la importancia de las reglas de libre competencia en la región, sino que también fortalece la confianza en las instituciones andinas como garantes del equilibrio económico y del bienestar social. Al aplicar sanciones contundentes y ratificar las competencias de la Secretaría General de la CAN, se consolida una visión de los mercados que favorece tanto el desarrollo económico como la justicia social.
Este fallo es un recordatorio para las empresas de la región de que deben alinearse con las normativas internacionales y actuar de manera responsable, no solo para evitar sanciones, sino también para contribuir a la construcción de un mercado regional justo y competitivo. La aplicación de las normas de competencia se convierte así en una herramienta fundamental para la regulación de los poderes económicos, subordinando el mercado a los principios de equidad y justicia que son esenciales para el progreso social y económico en la Comunidad Andina.
Con esta decisión, el Tribunal de Justicia Andino refuerza su papel como árbitro clave en la promoción de la integración económica regional y en la protección de los derechos de los consumidores, enviando una señal clara de que las prácticas anticompetitivas no serán toleradas en la región.
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