Los municipios son la comunidad de vecinos con gobierno y territorio propios y que tienen por objeto el bienestar de la comunidad y el desarrollo de los intereses locales. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, en vez de ser la instancia de poder y de administración más cercana a la población, los municipios se han convertido en agencias de empleo para correligionarios partidarios, amigos y familia de los políticos.

Esto se hace más que evidente si se observan las ciudades colapsadas por el tráfico infernal, el lamentable servicio de transporte público, crecimiento urbano con edificios y proyectos fuera de los planes urbanos cuando los municipios los tienen, y en ciudades que ni si quiera disponen de desagüe pluvial, o en todo caso un servicio eficiente de recolección de residuos.

La consecuencia directa es el caos, son las calles convertidas en impetuosos raudales muy peligrosos para la población, y son también calles y avenidas destrozadas, con veredas rotas y sucias y basura por todas partes. Esto sucede porque las prioridades de las administraciones no están puestas en las necesidades de la gente. Por esta razón se prioriza el uso de los recursos del Municipio para pagar funcionarios que en realidad muchas veces no cumplen función alguna. Al final a los municipios con intendentes, concejales y funcionarios escasamente comprometidos no les queda dinero para invertir en los servicios que realmente son necesarios para los vecinos.

Es lo que sucede en municipios como Presidente Franco y Minga Guazú, por ejemplo, donde hay una superpoblación de funcionarios, que impide a los jefes comunales ejecutar trabajos vitales en beneficio de la ciudadanía. Recientemente, el intendente franqueño reconoció que para 2024 deberá reducir el plantel de funcionarios, ya que la comuna gasta más de lo que ingresa. Una deducción que debería ser lógica, sin embargo, muchos intendentes ni siquiera llevan en cuenta que sus administraciones son deficitarias, prefieren “bicicletear” deudas con préstamos bancarios que, debido a los elevados intereses, profundizan aún más la crisis y la carga sobre los contribuyentes.

Duele decirlo, pero ante esta triste realidad, el común de los vecinos paga sus tributos municipales sin exigir nada a cambio: vota y luego se desentiende, sin emplear los mecanismos legales de participación ciudadana. Es de subrayar que no todo depende de la Intendencia Municipal, ya que la Junta tiene importantes facultades, como la de intervenir en los procesos licitatorios, aprobando o rechazando los pliegos de bases y condiciones, así como las adjudicaciones.

No obstante, las autoridades municipales que no cumplen ni sus promesas ni sus funciones deben tener muy presente lo sucedido con otros intendentes, investigados, imputados, algunos hasta llegaron a estar en prisión por sus fechorías.

Si bien es cierto que la Justicia suele “ayudar” a estos políticos venales, hay que llevar en cuenta que no siempre se salen con la suya, además de arruinar su futuro político con trapisondas, negociados y malas gestiones. Los paraguayos necesitan contar con autoridades que trabajen verdaderamente por el bienestar de la mayoría. Para lograrlo, es esencial que tanto las autoridades municipales como las nacionales cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y comprometida. Ya no podemos seguir en manos de politiqueros e incompetentes.