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La Directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, en días pasado se vio envuelta en una polémica debido a las largas filas que los beneficiarios han tenido que enfrentar para reclamar el subsidio Renta Ciudadana, un programa estatal del gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro.
Algunos usuarios han expresado quejas por el proceso de reclamación de la Renta Ciudadana, ya que el Banco Agrario (Banco estatal) es el encargado de los desembolsos bimestrales para las familias vulnerables, y en ciertos puntos el procedimiento ha sido crítico. A pesar de que la funcionaria ha explicado en repetidas ocasiones que más del 50% de los pagos han sido entregados, en redes sociales han surgido cuestionamientos acerca de la elección de la entidad bancaria para realizar la dispersión. Durante el mandato de Iván Duque Márquez, se estableció una alianza con diferentes bancos privados para este propósito.
Ante esta situación, varios medios de comunicación han puesto en duda la gestión de Cielo Rusinque e incluso han llevado a cabo campañas de desinformación sobre las filas para el cobro del subsidio.
Hasta el momento, no se ha demostrado que las largas filas para el cobro del subsidio estén relacionadas con casos de corrupción dentro de la entidad. Por el contrario, en el caso de Renta Ciudadana, el Departamento de Prosperidad Social ha determinado que algunas familias reciben hasta $1 millón de pesos cada dos meses.
Resulta curioso el cambio en el enfoque de algunos medios de comunicación en Colombia, respecto a esta polémica, ya durante que no se les dio el mismo nivel de atención cuando se supo que el gobierno de Iván Duque, más de $20.000 millones de pesos destinados a programas sociales nunca llegaron a los beneficiarios.
Una investigación de la Contraloría reveló cómo, durante el gobierno de Duque, desde el departamento de Prosperidad Social se giraron recursos a personas fallecidas ya individuos que no formaban parte del grupo de beneficiarios.
El informe de 191 páginas de la Contraloría General contiene los hallazgos de una investigación que cruzó 98 bases de datos del Estado con los listados de desembolsos a beneficiarios de varios programas del DPS durante el año 2021.
Gracias al cruce de datos, la Contraloría pudo determinar que un poco más de 50 mil personas recibieron dinero subsidiado del Estado sin cumplir los requisitos necesarios.
Entre los programas donde se detectan mayores irregularidades durante el 2021 se encuentran Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Además, el programa Ingreso Solidario también presentó situaciones similares.
Gran parte de la pérdida de más de 22 mil millones de pesos está vinculada a un antiguo problema del Estado: el deficiente manejo de las bases de datos de estos programas, lo que ha permitido que se aprovechen para robar dinero, como lo detectó la Contraloría. Durante la gestión de Rusinque, estos casos de malversación han sido eliminados, logrando un mayor control contra la corrupción y el despilfarro dentro de la entidad.
carloscastaneda@prensamercosur.org