“El panorama ha cambiado para mejor, el desarrollo del juicio es bueno, el tribunal tiene un criterio de amplitud probatoria mucho mayor que en las instancias anteriores, de manera preliminar me aceptaron el peritaje antropológico y su incorporación muestra la historia de esta comunidad, la determinación del carácter de Machi de Betiana Colhuan, lo cual es central porque la cuestión mapuche había sido soslayada y despreciada”.
Así habló Sebastián Feudal, abogado querellante de la APDH, en diálogo con Página/12 para hacer una evaluación de lo que va del proceso oral y público por el asesinato de Rafael Nahuel.
El letrado ponderó la incorporación de otros elementos de prueba –como la inspección ocular– y analizó las declaraciones de los peritos balísticos y demás expertos que dieron testimonio hasta ahora. “En la deficiente instrucción habían quedado un montón de dudas que se empiezan a aclarar”, agregó Feudal, quien anticipó que la semana próxima declararán los dos compañeros de Nahuel que bajaron su cuerpo moribundo del cerro, Lautaro González Curruhuinca y Fausto Jones Huala, además de María Nahuel, tía de la víctima, y Johana Colhuan.
Desde Bariloche, Feudal explicó que el juicio tiene dos cuestiones centrales. “En primer lugar la determinación del autor del disparo que da muerte a Rafita, algo sobre lo cual fueron contundentes los peritos del Ministerio Público de Salta, el peritaje más claro hasta ahora”, dijo sobre el estudio que incrimina al prefecto Guillermo Cavia, que disparó con una pistola Beretta.
El abogado recordó que otro de los imputados, Javier Pintos, reconoció en su indagatoria que disparó contra el cuerpo de tres personas. A su criterio, el otro aspecto central son las “pruebas de residuos de disparos de la ropa y las manos de Nahuel, Curruhuinca y Jones Huala porque las partículas encontradas de ningún modo acreditan que hayan disparado, ha quedado muy claro que el origen de ese hallazgo es la transferencia por contacto de los residuos que tenían los prefectos que dispararon en la montaña, que son quienes detuvieron a Lautaro y Fausto, y manipularon el cuerpo de Rafael”.
Feudal destacó que hubo muchas deficiencias en el levantamiento de rastro y la producción de pericias donde contaminaron las muestras.
“No hay ninguna prueba de que la comunidad haya disparado, está acreditado que el origen de los residuos en los mapuche está en los prefectos que detienen a Lautaro y a Fausto y respecto de Nahuel, en la manta con que taparon su cuerpo, salvo ese residuo que no acredita disparos, no hay ningún otro elemento para sospechar siquiera de que haya disparado la comunidad, quedó claro en el debate”, indicó Feudal. En su momento la vicepresidenta Gabriela Michetti había dicho que la comunidad mapuche estaba armada.
Desde su punto de vista, las audiencias pusieron en evidencia “el grado de prejuicio que manejaba el grupo Albatros frente a la ausencia total de información oficial y sin haber analizado seriamente el lugar donde iban a actuar, se basaron según reconocieron ellos mismos, en prejuicios obtenidos de medios de comunicación, que los alentó a tener una actitud desproporcionada e irracional de violencia con la comunidad”. De hecho, Julio César Mostafá, uno de los jefes, admitió ante el Tribunal Oral Federal de General Roca que se dejó influenciar por la información que había leído en Clarín.
La hora de los médicos
Durante la undécima audiencia del juicio declaró el médico que atendió a los dos sobrevivientes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, y reveló que dos de los heridos fueron baleados por la espalda, al igual que el propio Rafita, como llamaban al joven que murió fusilado por miembros del grupo Albatros de la Prefectura, el 25 de noviembre de 2017. El testigo indicó que Nahuel se habría agachado a recoger una piedra, pero lo fulminaron. Además, en la jornada del martes se confirmó que el peritaje balístico llevada a cabo por la Gendarmería no pudo ser presenciada por peritos de parte propuestos por la querella ni tampoco por ningún experto en representación de la familia de Nahuel. En tanto, fueron interrogados dos médicos del hospital de Bariloche.
Hace seis años, Antonio Ramón Chiocconi subió a la montaña como médico, a pocas horas del crimen. El profesional había sido convocado aquel noviembre de 2017 para revisar a dos personas de la comunidad mapuche sobrevivientes, quienes habían sido heridas de bala en las mismas circunstancias que Rafael, Johana Colhuan de unos 20 años y Gonzalo Coña de 30. “Contaron que ellos fueron baleados y en los tres casos recibieron heridas por la espalda”, recordó. “Rafa Nahuel se acababa de agachar para agarrar una piedra”, reveló Chiocconi, legislador de Río Negro, ex Frente de Todos actual monobloque, sobre lo conversado ese día con los integrantes de la comunidad mapuche, únicos testigos oculares de los hechos. Es decir que Nahuel habría intentado defenderse con una piedra. “Estaban en buen estado general (los heridos). En el lugar había mucha angustia y miedo”, aseguró Chioconni tras la consulta del querellante Mariano Przybyksky, de la Secretaría de Derechos Humanos. Colhuan y Coña tenían heridas de bala con orificio de ingreso y salida del proyectil, en los brazos izquierdos en ambos casos, pero estaban fuera de peligro.
También declaró el perito balístico de Salta, Héctor Barboza, del Centro de Investigaciones Federales. En ese peritaje se estableció que fue la “pistola P” Pietro Beretta calibre 9 mm de Guillermo Cavia la que disparó el proyectil letal, contraria al peritaje rionegrino que había concluido en 2018 que el arma homicida era el subfusil MP5 de Francisco Pintos. Para Barboza, la conclusión es “categórica e irrefutable”. “Esa conclusión es la que se ajusta a la verdad”, lanzó el perito; en el mismo sentido que su colega Hugo Flores Solis quien participó del mismo procedimiento. “Llegamos a una conclusión categórica con los cuatro peritos, una certeza absoluta”, lanzó Solis.
Rafael Nahuel tenía 22 años cuando fue asesinado por un disparo de arma de fuego reglamentaria de Prefectura Naval Argentina y en medio de un conflicto por la recuperación territorial en Villa Mascardi. Los imputados son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio aquel 25 de noviembre de 2017, quienes participan de las audiencias vía Zoom, desde sus lugares de origen. Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, pertenecen al grupo Albatros.
Fuente de esta noticias es del Diario Pagina 12 Argentina : Leer más