Jueces y fiscales se manifiestan este miércoles, en un hecho histórico, frente a la Torre Ejecutiva para reclamarle al gobierno que les pague el aumento salarial que les debe desde 2011. También acompañan a los magistrados en la movilización, los actuarios y defensores de oficio. A todos se les debe un incremento salarial del 26%.
Aunque el gobierno convocó este martes a los gremios del Poder Judicial y de los fiscales para asegurarles que se les pagará el incremento antes de marzo, los magistrados y funcionarios quieren que el compromiso quede expresado por escrito, ya que no se les informó la fecha concreta ni el modo en que se les pagará.
Ricardo Miguez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, aseguró en rueda de prensa que la reunión que mantuvieron ayer con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero fue “seria”. Ante el pedido de los magistrados de establecer un compromiso por escrito, el jerarca manifestó su voluntad de hablarlo primero con el presidente José Mujica y “a la brevedad” darles una respuesta.
Miguez aseguró que ante este panorama todas las medidas analizadas por la asociación “están latentes” y continúan sobre la mesa. En caso de que el gobierno no concrete lo que prometió, se activarán las que consideren necesarias. No obstante, señaló que ellos no pusieron un plazo fijo al gobierno para obtener una propuesta. “Queremos que sea a la brevedad”.
La manifestación de los gremios del Poder Judicial fue silenciosa. Los magistrados permanecieron en silencio durante quince minutos y luego aplaudieron para finalizar.
Dos leyes declaradas inconstitucionales avalan el reclamo de los judiciales por un aumento votado a ministros de Estado que también correspondía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y les fue negado. De ellos se desencadenan los aumentos para los otros cargos judiciales.
En tanto, un grupo de jubilados, aprovechó la movilización para reclamar un aumento en las pasividades. Los pasivos llegaron con sillas de madera plegables y se sentaron en plena calle frente a la Torre Ejecutiva. Llevaban carteles que decían: “70% de las pasividades están entre $2.500 y $8.000. La canasta familiar cuesta $ 55.000. Es justo?” y otro: “Sufrimos el Fonasa que solo beneficia a las empresas médicas. Es justo?”.
El Observador
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