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Ecuador votó el 20 de agosto para elegir presidente, en momentos en que el país atraviesa la peor crisis de inseguridad de su historia. La violencia alcanzó su máxima expresión el pasado 9 de agosto, cuando un grupo de sicarios asesinó al candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un mitin en Quito.

¿Pero qué está pasando en Ecuador? El principal generador de la violencia en el país es el narcotráfico internacional, que a través de poderosas bandas de sicarios locales ha desatado una guerra por el control de las rutas del tráfico de cocaína. La nación sudamericana tiene una ubicación estratégica para el narcotráfico. En los últimos años, con el boom de la producción del alcaloide en Colombia y el Perú, ha crecido en importancia para mercados tradicionales, como Estados Unidos, y emergentes en Europa y Asia, según un análisis de Insight Crime.

Así, mafias mexicanas, colombianas y la albanesa han ingresado a Ecuador para suministrr armas y dinero a las bandas locales para imponerse en las disputas por territorio.

Sobre el tema de la inseguridad y lo que plantean los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta, la correísta Luisa González y el economista Daniel Noboa, El Comercio conversó con Fernando Carrión Mena, académico del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO sede Ecuador, especializado también en seguridad ciudadana.

Fernando Carrión.—¿En qué fase está el tema de la inseguridad en Ecuador? ¿El Gobierno ya articuló un plan que pueda generar buenos resultados?

El 2022 la tasa de homicidios en Ecuador fue del 25,9 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el año más violento en la historia del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este año? Esa tendencia creciente sigue desarrollándose, lo cual da a pensar que a fines del 2023 lo que vamos a tener es una tasa de alrededor de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Frente a esto lo que se ha hecho es principalmente enfrentarlo a través de Fuerzas Armadas y policía con declaratorias de estado de excepción. Han sido 18 estados de excepción en dos años que no han dado los resultados. Ahora, qué es lo que tenemos de aquí al cambio de Gobierno, en tres meses… yo creo que va a ser muy difícil que se pueda producir un cambio en esa política del presidente Guillermo Lasso. Y luego vamos a tener otro Gobierno que durará un año y medio, pero que va a ejercer su gestión en un contexto del fenómeno El Niño, que según información que tengo traerá como consecuencia la caída de la economía más fuerte de la que produjo la pandemia del covid, con lo cual la violencia podría incrementarse.

—¿De lo que usted escuchó en la campaña, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta han planteado algo diferente de lo que ya se hizo en materia de seguridad?

El caso de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, lo que ofreció es el pasado, lo que hizo ese partido en los 10 años de Gobierno de Rafael Correa. Y en el caso de Daniel Noboa, está haciendo una propuesta de desarrollo económico principalmente vinculado al incremento del empleo para reducir la violencia. Y por otro lado, crear cárceles que permitan resolver el problema de las prisiones, en el caso de Ecuador muy complejo, mediante barcazas. Vamos a ver cómo funciona esta idea para las personas de más alta peligrosidad que existen en el país, y bajo un sistema de Gobierno del sistema carcelario totalmente distinto del que tenemos en la actualidad.

Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán en la segunda vuelta el 15 de octubre. (Rodrigo BUENDIA / AFP). (RODRIGO BUENDIA/)—¿Ve factible esta última propuesta del señor Noboa, teniendo en cuenta que en las cárceles los presos son agrupados con miembros de su misma banda; por qué pasa esto?

Lo que sucede es que desde el año 2016 hubo un criterio errado, a mi manera de ver, de clasificar a las personas privadas de la libertad no por el grado de peligrosidad, sino principalmente de afinidad con los distintos grupos criminales. Por ejemplo, la Penitenciaría del Litoral, que es la cárcel más grande y más compleja, tiene 12 pabellones y cada uno de ellos está manejado por cada estructura criminal. En otras palabras, esa cárcel es administrada directamente por los criminales. En febrero del 2021 tuvimos el primer amotinamiento de esta temporada, que se produjo de manera simultánea en cuatro cárceles de tres provincias distintas. El último amotinamiento del 28 de julio de este año fueron 13 cárceles donde hubo amotinamientos en siete provincias. Eso significa que el sistema carcelario está manejado por estas organizaciones.

—Entonces, para el planteamiento de las barcazas del señor Noboa tiene que cambiar el esquema, ya no deben estar agrupados los criminales con sus respectivas bandas.

Hay que separarlos dentro del nuevo recinto carcelario. La técnica establece, mediante estándares mundiales, que no hay que tener cárceles grandes sino pequeñas para alrededor de 500 personas.

Fotografía difundida por las Fuerzas Armadas de Ecuador que muestra a Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, mientras es trasladado al complejo de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. (AFP). (-/)—¿Por ejemplo, alias Fito, cabecilla de Los Choneros y uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, no podría estar rodeado de los miembros de su banda, tal como pasaba hasta hace poco?

Exactamente, Eso es lo que acaba de hacer el presidente Lasso al trasladarlo de la Penitenciaría del Litoral, donde están más o menos 9.500 personas privadas de la libertad, a una cárcel de alta seguridad que es La Roca, donde están alrededor de 25 personas.

—¿Qué piensa de las propuestas de la última fase de la campaña, cuando los candidatos planteaban mano dura contra el crimen e incluso importar el modelo Bukele a Ecuador?

Es imposible que se pueda llevar a cabo en Ecuador el modelo Bukele, y no solo en Ecuador, sino en varios países de América Latina. Pero sin embargo, por la aceptación que tiene en El Salvador, Bukele es un modelo que tiende a ser exportado. Pero por ejemplo Bukele tiene el control total del Parlamento, de la justicia, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación, etc, y eso en nuestros países es imposible. En el caso de Ecuador, hay un conflicto muy fuerte interinstitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en esas condiciones es imposible hacer lo que Bukele hace en su país. Incluso nosotros tuvimos elecciones territoriales en municipios y provincias el 5 de febrero, y muchos de los candidatos ofrecían el modelo Bukele, pero los municipios y las provincias no tienen policía, entonces simplemente lo que hay es asumir eso que se considera un caso exitoso y tratar de trasladarlo al país.

—La prensa de El Salvador ha destapado que el señor Bukele tiene un pacto secreto con los cabecillas de las pandillas de darles beneficios a cambio de bajar los homicidios. ¿En Ecuador podría darse un pacto similar?

Se intentó hace aproximadamente un año y medio, se formó una comisión pública donde estaba la iglesia, había representantes de organismos internacionales, líderes de opinión, y esa comisión trabajó alrededor de 7 meses, hizo un informe, había alguna posibilidad de un acuerdo, pero finalmente terminó en nada.

—¿Cuáles son las debilidades del Estado para enfrentar con éxito el crimen organizado?

Creo que no hay un marco institucional explícito, porque por ejemplo no hay alguien que defina una política antinarcóticos, no existe. Se creó el ministerio del Interior, pero fue canalizado hasta convertirse en ministerio de la policía. Entonces se redujo la eficiencia que se pretendía que tenga. No hay una visión estratégica, no hay un plan, una propuesta. Lo que ocurre es que hay dos, tres asesinatos en algún lugar y se declara el estado de excepción. O hay un amotinamiento, estado de excepción. Se mata a un candidato presidencial, estado de excepción. Entonces, lo que demuestra es que hay mano dura, pero no hay una propuesta detrás de ello en términos estratégicos y de planificación.

Policías en el techo de la Penitenciaría del Litotal. (AP).—¿Cómo los criminales terminaron teniendo el control de las cárceles, es solo un asunto de corrupción policial o va más allá?

No, va más allá. Esto ocurrió a partir del 2016, con el cambio de criterio para agrupar a los privados de la libertad.

—¿De qué han servido todos los estados de excepción. Los ecuatorianos creen que esta puede ser una fórmula efectiva que a la larga frenará la inseguridad?

Al principio yo creía que podría ser efectiva por lo menos para que el Gobierno pueda mejorar su imagen pública, porque en general las víctimas, y la sociedad es víctima, lo que reclaman es mano dura, Fuerzas Armadas y la policía en la calle. Pero conforme se han ido produciendo estos 18 estados de excepción, los resultados han sido precarios, incluso hay una reacción ciudadana que está contra esas medidas porque hay una restricción respecto del tiempo y porque también las actividades comerciales, educativas, administrativas, etc, tienden a contraerse, y eso genera problemas a la población. Entonces, incluso desde la perspectiva de la legitimidad de esa medida, la población dice ahora que los estados de excepción lo que hacen es beneficiar al criminal y perjudicar a la ciudadanía honesta.

—Usted dice que para fin de año habrá un nuevo récord de homicidios y que el nuevo Gobierno va a tener que enfrentar el fenómeno El Niño, ¿entonces el panorama para el 2024 es peor en materia de seguridad?

Yo soy bastante pesimista, porque además la cultura política en Ecuador hará que el próximo gobierno, desde su primer día de gestión entre ya en campaña electoral para el 2025, y la población estará dirigida hacia eso y todos los dardos irán hacia el Ejecutivo porque eso es lo que dará réditos políticos.