Para las Elecciones anticipadas de este próximo 20 de agosto, adicionalmente a las paletas de presidentes y vicepresidentes de la República, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, los votantes deberán decidir sobre dos consultas populares.

Y aunque una de ellas solo será para el cantón Quito, que debe escoger entre prohibir la minería metálica en el Chocó Andino o dejar que continúe, en los 221 cantones del país se debe contestar Sí o No para dejar explotar el bloque petrolero ITT que está ubicado en la reserva megadiversa del Yasuní, provincia de Napo, en el norte de Ecuador.

Este tema nos lleva a mirar 10 años atrás. En 2013, durante el gobierno de Rafael Correa se puso fin a la iniciativa Yasuní-ITT que proponía no extraer cerca de un millón de barriles de crudo pesado, ubicados en el bloque 43 conocido como ITT en referencia a Ishpingo, Tiputini y Tambococha, nombre con el que se identifican los campos en esa parte del bosque.

La innovadora propuesta de aquel gobierno consistía en pedir las compensaciones de algo así como 3 000 millones de dólares mediante donaciones internacionales para que no se toque el suelo, de tal forma que no se perdiera el equivalente al 50% de las ganancias que se iban a obtener como parte de la proyección de esa explotación petrolera.

Tras cinco años de campañas y acercamientos con la sociedad mundial, en agosto de 2013 mediante una cadena de televisión y radio, Correa anunció su decisión de poner fin a la propuesta ambiental por no alcanzar el monto previsto. El exmandatario dijo que el mundo les había fallado y que en las semanas siguientes empezarían los trabajos para la extracción.

De inmediato hubo posturas en contra, una de ellas llegó de parte del movimiento YASunidos, un colectivo social y medioambientalista que exigía se consulte al pueblo para que se defina si debía o no extraerse el crudo del Yasuní, al ser considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta y además el hogar de algunas comunidades indígenas, incluso en situación de aislamiento.

La Corte Constitucional (CC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), no aceptaron la petición. El primer organismo archivó el pedido y el segundo lo rechazó de golpe. Los grupos defensores del medioambiente insistieron, y tras varios intentos de protecciones legales y otras iniciativas, recién en mayo de este año, la CC dio paso a la consulta popular para que el CNE la incluya entre las papeletas de los comicios de este 20 de agosto.

Sin embargo, ninguna medida previa a eso evitó que en 2016 se iniciaran las operaciones de explotación de esa área que posee al menos 1 600 millones de barriles de petróleo bajo sus entrañas, convirtiéndolo actualmente en uno de los lugares más importantes para extraer crudo en el país, generando, según Petroecuador, 1 200 millones de dólares anuales al Estado.

Así las cosas, la pregunta que deberán responder los ecuatorianos es:

Pero cuántos de los electores en el padrón, compuesto por casi 14 millones de personas, realmente saben o entienden por qué es importante decir que sí o decir que no a la interrogante.

En la orilla a favor del Sí está Antonella Calle, vocera de YASunidos, y se refiere a la pregunta como muy clara, afirmando que no se presta para confusiones. Ella dice que desde su colectivo están seguros que triunfará su postura y que las personas están conectadas con estos temas porque no es una lucha reciente.

A favor del No está una autoridad amazónica. Se trata de Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico, un cantón ubicado justamente en una parte del Parque Nacional Yasuní y que según su actual administrador, allí se benefician de la actividad petrolera.

El funcionario, en una entrevista radial, el pasado martes 27 de junio, ha dicho que si el petróleo está ahí se debe usar para luego no quejarse de vivir en pobreza. Expresa abiertamente que se trata de una ‘bendición’ y que mientras se haga la extracción de forma responsable, él votará que no en la consulta popular.

Durante esa intervención en Radio Centro FM, el alcalde contó que Aguarico es un modelo a seguir entre todos los cantones amazónicos. Que acaban de recibir un reconocimiento como destino turístico del mundo y todas sus parroquias tienen agua potable al haber podido aprovechar los recursos del petróleo mediante convenios de compensación social con Petroecuador.

Desde el lado neutro de la situación, el analista político Oswaldo Moreno, con amplia experiencia en la estrategia y diseño de campañas dice que no todo es blanco y negro en una decisión como esta, que hay muchos grises, afirma, porque en el escenario actual es una pregunta que viene algo tarde, y no se ha identificado todavía las vocerías, ya que podría convertirse en un tema indistinto para los ciudadanos, lo cual, por el calibre de la decisión, es peligroso.

Revisemos los números alrededor del Yasuní. Hablemos primero de los de la estatal petrolera, Petroecuador, que afirma que eI ITT-43 genera al país casi 55 000 barriles diarios de petróleo, lo que desde la visión gubernamental es un importante aporte. Ellos sostienen que dejarlo bajo tierra sería perjudicar al Estado en el presupuesto anual.

La proyección futura de este bloque preocupa, tomando en cuenta que es el cuarto yacimiento más productivo del Ecuador y el más joven, por lo que calculan que el país podría dejar de percibir unos 16 500 millones de dólares en los próximos 20 años.

Durante las audiencias para aprobar la consulta popular, el gobierno presentó a la Corte Constitucional un cálculo de 89,05 dólares por barril de petróleo que saldrá a exportación en los siguientes años. Bajo esos precios se han planteado las cifras de las pérdidas conocidas como lucro cesante. Sin embargo, este costo está alejado de los precios que se estimaron en 2023, que bordearon los 60 dólares. Asimismo, el mercado internacional estipula que en los próximos cinco a 10 años el costo por barril oscilaría entre los 65 y 70 dólares.

Basados en esto, desde los sectores contrarios a la explotación del bloque 43 se explica que las pérdidas son inferiores y las establecen entre 200 y 500 millones de dólares anuales.

Pero es clave explicar que la CC ordenó que en el caso de un eventual resultado positivo en la consulta, se otorgará el plazo de un año para su ejecución, es decir, que Petroecuador tiene ese tiempo para desmantelar las instalaciones. Según los técnicos consultados por Ecuavisa, es insuficiente porque al menos se necesitarían unos cinco años para cancelar por completo las operaciones y los impactos ambientales serían también perjudiciales.

Ya en el marco de la defensa de la naturaleza, este lugar no es cualquier zona del planeta. Científicos de todo el mundo y autoridades locales como el Ministerio del Ambiente lo han calificado como un lugar único en biodiversidad, incluso declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989.

Los estudios realizados a lo largo de los últimos 25 años, estiman que en esa zona existen más de 150 especies de anfibios, se superan los 500 tipos de aves y la flora se puede multiplicar por miles, contabilizando alrededor de 3 000 variedades, lo que le da la etiqueta de una de las zonas más biodiversas del planeta.

A esto hay que sumarle la presencia de población indígena, que como ya dijimos, algunas están en aislamiento voluntario alrededor de la espesa selva amazónica. Es por eso que los organismos de protección y defensa de la naturaleza hacen el llamado para protegerlos por los posibles impactos que se podrían estar generando, entre ellos, enfermedades que ya están presentes en otras provincias donde hay extracción de crudo.

Quienes están a favor del Sí insisten en que hay contaminación y derrames. Además, afirman que se han construido amplias vías que podrían poner en riesgo la conservación de este territorio, y por estar muy cerca de la zona de amortiguamiento, es decir, aproximadas a poblaciones indígenas Tagaeri y Taromenane, aislados por decisión propia.

De su parte, Petroecuador responde que ha cumplido con todas las normas ambientales a pesar de que los señalamientos estarían sustentados en informes de la misma institución e imágenes satelitales. Pero la estatal ha recibido la autorización de los ministerios involucrados para realizar las construcciones, accesos y demás operaciones.

Ahora depende de los votantes estar en acuerdo o desacuerdo con la pregunta. Por lo pronto hay 10 inscritos para hacer campaña en esta consulta popular, mientras el gobierno no tiene previsto sumarse a ninguna postura oficial con el fin de no politizar el tema.

Son más de 10 años en que el Ecuador se debate en medio de esta dura encrucijada; ayudar en el equilibrio climático en beneficio del planeta, o tapar con los ingresos petroleros parte de un gran déficit fiscal que aumenta considerablemente cada año y que debe cubrir, entre otros, costos de salud, educación e inversión social.

¿Cuántos ecuatorianos son conscientes de lo que se va a decidir?

Las personas consultadas para este reportaje dicen que no hay los datos que nos permitan responder la interrogante, aunque los más optimistas a favor de que no se extraiga más petróleo aseguran que hay conocimiento del impacto ambiental.

Lo único cierto es que no existirá la suficiente información sin una campaña adecuada y oportuna, en medio de un gran esfuerzo de democracia para proteger la naturaleza o los ingresos económicos de un país.

ecuavisa.com