En lo que va de año, son 55 los asesinatos machistas confirmados por las instituciones. La inmensa mayoría se produjeron sin la existencia de una denuncia previa: 42 víctimas asesinadas por sus maltratadores no habían dado el paso de dar la voz de alarma. Pero eso no significa que la violencia estuviera oculta. Al contrario: entre esos casos sin denuncia previa, en 22 ocasiones “su entorno reconoció que era conocedor de que había malos tratos”. Suponen el 52,3% de los casos.

Así lo ha explicado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras reunirse con su homóloga de Igualdad, Ana Redondo, para evaluar el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, en un mes especialmente doloroso para las mujeres. Esas 42 mujeres que no habían denunciado previamente “nunca habían estado en el sistema”, pero además “en 22 de esos asesinatos”, su entorno conocía la existencia de violencia. Por ello, ha insistido el ministro, se dibuja como una prioridad la concienciación de quienes están alrededor de la víctima, para evitar la existencia del “silencio cómplice” del que ya advirtió el Tribunal Supremo en 2019.

Es una de las conclusiones expresadas por ambos ministros en rueda de prensa, tras la reunión mantenida la mañana del jueves. En ese sentido, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que trabaja ya en una campaña específica para incentivar la denuncia por parte del entorno. “La violencia de género no es un asunto privado”, ha recalcado el ministro del Interior.

Grande-Marlaska ha reparado también en que trece de las mujeres asesinadas a lo largo del año sí habían dado el paso de denunciar a sus agresores, pero no encontraron en las instituciones la respuesta necesaria para romper con la violencia. Del total de esos casos, cinco estaban todavía activos en el sistema específico de seguimiento (VioGén), mientras que ocho habían entrado en el sistema en algún momento del pasado, pero cuando se produjo el crimen machista sus casos estaban inactivos.

Interior revisará, en ese sentido, los criterios decisivos para desactivar un caso abierto, con el objetivo de no dejar a las mujeres desprotegidas ante sus maltratadores y “eliminar el margen de riesgo que esa actuación pueda acarrear a la mujer agredida”. Los casos pasan a estar inactivos después de una evaluación completa por parte de las autoridades. Suele suceder después del archivo judicial de un caso, de una sentencia absolutoria, o después de que el condenado haya cumplido la pena, pero el criterio judicial no basta para desactivar un caso. “Tienen que darse una serie de circunstancias posteriores” que determinen la ausencia de riesgo, ha apostillado el ministro. La revisión y el análisis de esas circunstancias será lo que esté ahora bajo la lupa.

Ana Redondo ha subrayado que “la tendencia” de feminicidios registrados “es a la baja”. En el año 2003, cuando se comenzó el recuento oficial, la cifra ascendía a 71 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. En 2022, fueron 49. Para la ministra es fundamental poner la lupa en la imagen global, a pesar de los repuntes excepcionales y siempre partiendo de la premisa de que la violencia de género es “un problema estructural que no es fácil erradicar”.

En la misma línea, el ministro del Interior ha insistido en que, aunque el sistema “no es infalible”, lo cierto es que la protección de las mujeres a través de VioGén es una historia de éxitos. Existen, a día de hoy, más de 53.000 mujeres con protección y más de 43.500 servidores públicos formados para atenderlas, ha recalcado. Hace cinco años, las mujeres contenidas en el sistema de protección rondaban las 28.000.

El Ministerio del Interior se reúne cada mes con las fuerzas de seguridad para enalizar las circunstancias de cada asesinato machista registrados, unos encuentros periódicos a los que a partir de ahora se unirá también el Ministerio de Igualdad.