Se registró el año pasado, en Brasil, un número récord de 2.203 conflictos en el campo, que afectaron a la vida de 950.847 personas. Aunque ambas cifras aumentaron, en comparación con el año anterior el área en disputa se redujo en un 26,8% y ahora es de alrededor de 59,4 mil hectáreas. Los datos proceden de la última edición del informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), divulgado esta semana en Brasilia.

Las regiones del país que concentraron más conflictos fueron el Norte y el Nordeste, con 810 y 665 episodios, respectivamente. Le siguieron el Centro-Oeste (353), el Sudeste (207) y el Sur (168).

En 2022 se registraron 2.050 conflictos en el campo en todo el país. En total, 923.556 personas se vieron afectadas por los enfrentamientos ese año.

Según la CPT, la tierra volvió a estar en el centro de la mayoría de los conflictos en el campo. Sólo en 2023, hubo 1.724 disputas por la tierra, correspondientes al 78,2% del total registrado, que también incluye conflictos por el agua (225 episodios) y por el trabajo esclavo contemporáneo en las zonas rurales (251 episodios), equivalentes al 10,2% y al 11,3%. Ese año se produjo un aumento del 7,6% en los incidentes relacionados con la tierra, que afectaron a 187.307 familias.

En total, destaca el informe, 1.588 de los conflictos por la tierra estuvieron vinculados a la violencia contra la ocupación y la posesión y/o contra la persona. En cuanto al primer tipo de violencia, el número de casos de invasión aumentó de 349 a 359 entre 2022 y 2023. Según la comisión, 74.858 familias se vieron afectadas por este tipo de agresión.

Los asesinatos por encargo fueron el segundo tipo de violencia contra la ocupación y posesión, con el mayor nivel de registros en 2023. Se registraron un total de 264 casos, un 45% más que en 2022 y la cifra más alta registrada por la CPT respecto al número de familias afectadas, que ascendió a 36.200. La organización señala que las principales víctimas en este caso fueron trabajadores sin tierra (130 incidentes), ocupantes ilegales (49), indígenas (47) y quilombolas (19).

Otras cifras preocupantes del informe son las relativas a los conflictos por el acceso al agua. Los principales agentes de la violencia en estos casos son los agricultores, los gobiernos locales, los empresarios, las presas hidroeléctricas y las empresas mineras. En el otro extremo, indígenas (24,4%), pescadores (21,8%), ribereños (13,3%), quilombolas (12,4%) y colonos (8,4%) son las víctimas.

Causantes y víctimas

Entre los autores de la violencia en los conflictos por la tierra se encuentran los agricultores (31,2%), los empresarios (19,7%), el gobierno federal (11,2%), los acaparadores de tierras (9%) y los gobiernos locales (8,3%). Para los expertos de la CPT, a pesar de una “pequeña disminución de la violencia” y de la mayor apertura del gobierno federal a los movimientos sociales, sigue habiendo un estancamiento en lo que se refiere a la reforma agraria y a la demarcación de las tierras indígenas. En el informe, se critica a las administraciones de los estados por sus fuerzas policiales represivas y su alineación con políticas que violan otros derechos básicos, como la liberación de las fumigaciones aéreas con pesticidas.

Acerca de la violencia contra la persona, el informe muestra la fragilización de los indígenas y detalla las agresiones cometidas contra individuos, complementando los datos sobre la realidad impuesta a las familias. En 2023, se reportaron 554 incidentes de esta naturaleza, que involucraron a 1.467 personas. En 2022, la comisión tuvo conocimiento de 561 incidentes que afectaron a 1.075 personas. De un año a otro, hubo un descenso del 1,2% en el número de episodios y un aumento del 36,4% en el número de víctimas.

Los indígenas encabezan la lista de víctimas de la violencia categorizada de este modo (25,5%). Además, 14 de 31 personas fueron asesinadas en 2023, un 34% menos que el año anterior, en el que se produjeron 47 ejecuciones.

La salida para conflictos en el campo es que el gobierno federal retome un paquete de políticas para el campo, que vaya más allá del reparto de tierrasL- Matheus Teixeira/MST

Mediación de conflictos

“Desde el momento en que el Estado brasileño deja de ser un mediador de conflictos, que es lo que viene ocurriendo desde 2016 o incluso un poco antes, deja un vacío, un espacio para grupos que se articulan (…) para el desalojo de indígenas de territorios retomados, la expansión de áreas a través del acaparamiento de tierras, áreas ya consolidadas, ya ocupadas por comunidades tradicionales. Y están surgiendo otros grupos”, afirmó el coordinador nacional de la CPT, Ronilson Costa.

Según Ronilson, el agronegocio existente en el país es “arcaico” y, a pesar del discurso generalizado de que el sector contribuye mucho a la creación de empleo, en realidad causa mucho más desequilibrio. “Desequilibrio ambiental, pero también desequilibrio social, porque genera pobreza y violencia en el campo”, añade.

Uno de los problemas, según el coordinador, es el poder de la extrema derecha en los estados. “Es muy complicado cuando nos damos cuenta de que los departamentos de Seguridad Pública o Medio Ambiente de la mayoría de estos estados actúan conjuntamente para proteger o promover la expansión del agronegocio. Y es obvio que los territorios de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas son un reto enorme, porque tienen una legislación, incluso internacional, que está vigilando estos avances. Si no la tuvieran, imagínense lo que sería”, afirma.

Para Ronilson, la salida es que el gobierno federal retome un paquete de políticas para el campo, que vaya más allá del reparto de tierras. “No tiene sentido estar en tierras conquistadas a lo largo de años de lucha y, de repente, no tener un camino para acceder a ellas, un puente, o no tener incentivos para producir. Se convierten en los llamados ‘abandonados de la reforma agraria’. Seguramente, a la primera oportunidad, esas tierras volverán a concentrarse en manos de quienes tienen más fácil el acceso al capital para promover la producción”, sostiene.