En la víspera del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en el evento de reapertura del Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI) y firmó un decreto que demarca otras dos tierras indígenas. En un acto celebrado el jueves (18) en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se reconocieron las tierras indígenas de Aldeia Velha, en Bahía, y Cacique Fontoura, en Mato Grosso.

La expectativa, sin embargo, era que el presidente firmara la homologación de otras cuatro tierras indígenas, incluyendo algunas con una larga historia de disputas por la demarcación, como Morro dos Cavalos y Toldo Imbu, en Santa Catarina, Potiguara de Monte-Mor, en Paraíba, y Xukuru Kariri, en Alagoas.

“La semana pasada, el ministro Ricardo Lewandowski [de Justicia y Seguridad Pública] me trajo seis tierras indígenas para que las firmara hoy, delante de ustedes. Y decidimos firmar sólo las dos. Sé que esto ha frustrado a algunos de ustedes, pero lo hice para no mentirles, porque tenemos un problema, y es mejor que tratemos de resolver el problema antes de firmar”, dijo Lula, en presencia de decenas de indígenas y organizaciones indígenas. Según el mandatario, uno de los problemas de estos territorios es la ocupación por parte de no indígenas. Lula admitió que había atendido a peticiones de los gobernadores.

“Tenemos algunas tierras ocupadas por agricultores, otras por personas comunes, posiblemente tan pobres como nosotros. Algunas tienen 800 no indígenas ocupándolas. Hay otras con más gente. Y algunos gobernadores han pedido más tiempo para saber cómo vamos a sacar a esta gente, porque yo no puedo entrar con la policía y ser violento con la gente que está allí. Tengo que tener cuidado de ofrecer a esta gente una oportunidad de entrar pacíficamente. Dos gobernadores son aliados nuestros que han pedido tiempo, y vamos a darles tiempo”, argumentó el presidente.

Lula insistió en la prudencia y comparó el caso con la aprobación del proyecto de ley que establecía el hito temporal para demarcar las tierras indígenas. El texto fue vetado por el presidente, pero el veto fue anulado por el Congreso. La tesis del marco temporal, que ya había sido declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF), será invalidada una vez más por la Corte.

“Lo que no queremos es prometerles algo hoy y que mañana ustedes lean en el periódico que los tribunales fallaron en contra. La frustración sería mayor, como ocurrió con el hito temporal, como han visto. Lo veté todo, pero anularon mi veto. Y ahora seguimos luchando en los tribunales para mantener la decisión que ya había tomado la Corte Suprema.”

Con las dos nuevas áreas reconocidas el jueves, el gobierno de Lula alcanza un total de 10 tierras indígenas demarcadas desde el inicio de su tercer mandato. En 2023 ya se habían demarcado un total de ocho territorios. Los procesos estaban paralizados desde 2018, ya que el expresidente Jair Bolsonaro dijo que no haría ninguna demarcación en su gestión.

Durante el acto de reapertura del CNPI, paralizado por el Gobierno anterior, la ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, reforzó la lucha histórica.

“Es por la diversidad y las especificidades culturales de los 305 pueblos presentes en el país, que hablan más de 274 lenguas diferentes, que nos diferencian de la sociedad nacional, que los pueblos luchan por políticas específicas y diferenciadas, que no pueden ser confundidas con privilegios”, afirmó.

El derecho originario de ocupación tradicional indígena está previsto en la Constitución Federal de 1988, que garantiza a esos pueblos la posesión permanente y el usufructo exclusivo. Las tierras se consideran inalienables e indisponibles, y los derechos originarios sobre ellas imprescriptibles, es decir, permanentes.

Repercusión

Entre las organizaciones indígenas, el no reconocimiento de cuatro áreas fue recibido con decepción. “Nos sentimos frustrados. Llevamos más de 400 días del nuevo gobierno y se acordó, desde la transición, ratificar 14 tierras que son aptas, libres de cualquier impedimento legal. No hay ningún impedimento legal. Acordamos que esas tierras serían ratificadas en los primeros 100 días de gobierno, y eso no ocurrió”, dijo Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).

Tuxá se mostró sorprendido por la actitud del presidente de consultar a los gobernadores sobre el tema, ya que la Constitución Federal no prevé este procedimiento. “Lo que más sorprende es que el presidente dijo haber consultado a los gobernadores, y el procedimiento previsto en nuestra Constitución y en el Decreto 1775 no prevé la consulta a los gobernadores. Así que cumplamos con el rito. Sin sombra de duda, seguiremos vigilantes y activos para reconocer la mayor cantidad posible de tierras aptas”, afirmó.