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El escándalo del millonario robo y contrabando de petróleo de Ecopetrol sigue después de gran controversia. En una investigación trasnacional adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se han revelado detalles sorprendentes sobre el modus operandi del entramado criminal y la implicación de personas en el servicio público. El ente judicial está llevando a cabo una investigación sobre un entramado empresarial que habría sido utilizado para darle una apariencia de legalidad al robo de petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el cual, según el presidente Gustavo Petro, alcanzaría los 80 millones de dólares .
El mandatario nacional expresó su preocupación en Twitter, donde manifestó que este es uno de los mayores robos al estado colombiano, llevado a cabo por personas de alta posición socioeconómica. Además, instó a investigar si el robo contó con apoyos desde dentro de Ecopetrol. El informe de la Fiscalía, divulgado por la revista Semana, revela que los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Cartagena habrían ignorado las millonarias transacciones ilícitas para encubrir el desfalco.
El inicio de la investigación se remonta a 2019, cuando se identificaron misteriosos movimientos de buques petroleros en los puertos de Cartagena y Barranquilla. Los barcos llegan cargados de petróleo de contrabando, pero se hacían pasar como residuos para evadir controles en las carreteras. Los datos obtenidos indican que estos buques transportaban mensualmente un millón de barriles de petróleo colombiano, con un valor aproximado de 10 millones de dólares, que no se reflejaba en los registros de exportación.
Las investigaciones apuntan a que más de 20 camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, cargaban petróleo venezolano en diversas zonas y lo enviaban a Colombia para mezclarlo con el crudo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Como resultado, surgieron varias empresas fachada que se encargaron de adquirir, recibir y transportar este petróleo de contrabando. Una de estas empresas, Niman Commerce SAS, tenía su sede en una panadería en Bogotá y se encargaba de la legalización del petróleo ante Ecopetrol.
Esta investigación revela la magnitud del robo y contrabando de petróleo en Colombia, con sugerencias que involucran tanto a sectores del servicio público como a empresarios. La Fiscalía está comprometida en desentrañar el entramado criminal detrás de esta operación ilegal que ha afectado gravemente al estado colombiano y su industria petrolera.
