El problema de las filtraciones en la Fiscalía General de la Nación (FGN) vuelve a estar en discusión. Al tiempo que el archivo de la causa del Antel Arena plantea muchísimas incógnitas, sobre todo después de que el fiscal Alejandro Machado haya admitido que hubo “desprolijidades y manejo dispendioso de fondos públicos”. La Mañana se entrevistó con la doctora Gabriela Fossati para hablar sobre estos temas y otros que ponen a la Justicia en el punto de mira.

El nuevo código del proceso penal (CPP) ha recibido numerosas críticas, ¿cuáles le parecen las más importantes?

Tiene muchas fallas importantes. Lo que urge es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso efectivo a la Justicia. Hoy uno denuncia ante una fiscalía; el fiscal, que es un funcionario administrativo, lo analiza y puede disponer el archivo de la denuncia. El código prevé una opción de revisión, pero por otro funcionario administrativo de la misma institución y todos esos funcionarios administrativos están gobernados por las instrucciones generales impuestas por el director general del servicio descentralizado, la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Una solución urgente sería adecuar el funcionamiento de la Justicia al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 22 de la Constitución. Esto da la posibilidad de que el inicio de la persecución penal sea a través de acción privada o de acción pública, y no concentra en el organismo FGN la posibilidad de acceder a la Justicia. Se puede hacer de diversas maneras, en el mundo hay distintos ejemplos. La FGN defiende los intereses generales, no los particulares del ofendido. Pero una cosa no excluye a la otra y, de hecho, nuestro artículo 22 así lo establece. Ese sería el camino más barato y sencillo para reparar un gravísimo problema que tenemos: miles de denuncias no llegan al Poder Judicial.

Usted ha dicho que nos dejamos confundir por una reforma generada por un grupo creado por la OEA y el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas. ¿Cree que hubo presiones externas para que se aprobara?

Hubo mucho lobby, sí, y nos dejamos vender espejitos de colores. Cuando en octubre de 2017 el fiscal general de entonces, Jorge Díaz, con su mano derecha para establecer toda la estructura de la reforma, la doctora Patricia Marquisá, nos presentaron la forma de trabajo que habían proyectado, muchos de los que teníamos años de trabajo nos dimos cuenta de que iba derecho al fracaso, era imposible que esa estructura, ese diseño tuviera luego un desarrollo de calidad en el trabajo. Pero a veces los lobbies se imponen y creo que este fue uno de esos casos.

¿Cree que hubo intereses político-partidarios de aprobar esta reforma y darle, de alguna manera, un superpoder, como usted lo ha llamado, al fiscal general?

Quien entonces era fiscal general era una persona con mucha capacidad de convencimiento. Creo que se vendió bien el paquete, que hubo una movida latinoamericana que hacía que nos preguntáramos por qué no ingresar nosotros en ella. Ahora está pasando algo parecido con los juicios por jurado. No nos dimos cuenta de que esa estructura estaba diseñada para la cultura anglosajona. Nosotros tenemos una cultura que viene del derecho penal continental europeo y no iba a poder desarrollarse eficazmente esa reforma, que es lo que pasó. No lo comprendimos bien. De hecho, toda América Latina fue en esa línea y a veces es difícil ir contra la corriente. Hubo muchas voces que se alzaron y desde el primer momento señalaron que esta reforma era un error, pero no lograron hacerse oír.

En la praxis, ¿podría decirse que la FGN permitió que lo político permeara la órbita de lo jurídico?

Creo que el fiscal Jorge Díaz cometió el peor error que podría haber cometido un profesional del derecho: priorizar su ideología sobre su condición de técnico. No tengo duda de que hubo una organización estructural intencional para ideologizar la institución. Ahora va a ser difícil que todos lo entiendan, aunque ya hay más gente que lo comprende. Hay que trabajar para que lo entiendan y trabajar para superar ese problema que nos dejó Jorge Díaz.

Usted dice en su libro que Jorge Díaz es un ajedrecista, un especialista en estrategias de infiltración, ¿por qué lo dice?

Lo conozco mucho. Díaz conjuga muy bien dos artes: es muy inteligente y estudioso, y está muy entrenado. En sus inicios, cuando éramos amigos, él era comunista. Todos sabemos que los comunistas están muy bien preparados para la dialéctica y el convencimiento. Si a eso se le agrega preparación e inteligencia, el producto es lo que tuvimos con Díaz.

Él mismo reconoce que le gusta mucho jugar al ajedrez y que cuando da un paso ya está pensando en lo diez que le siguen. Nunca toma decisiones por intuición o sin pensar los siguientes pasos. Lo conozco, él trabaja así. Es lo que hizo, y de buena manera, porque debo reconocer que por su poder de convencimiento no solo llegó a quienes son afines ideológicamente a él, sino que también confundió a quienes estaban en la vereda de enfrente.

También ha mencionado que el doctor Juan Gómez, en tanto fiscal general, no hizo más que acatar las directivas de Díaz.

Juan Gómez no estaba preparado para ese lugar, nunca lo estuvo. Lo conozco muy bien. Su personalidad no es la indicada, ni siquiera en calidad de subrogante, para el rol que ocupó, y quedó claro. Lamento que haya tirado toda una carrera de esfuerzo, pero el verdadero Gómez es el que vimos en los dos últimos años. La FGN tiene problemas que llevará mucho tiempo resolver. Se necesita un fiscal general. La doctora Mónica Ferrero es una excelente profesional, es intachable, es idónea, pero como fiscal subrogante no es mucho lo que podrá hacer. Aun si la eligieran titular, va a llevar mucho tiempo desarmar toda esa estructura que dejó Díaz.

Es como el problema social que hemos generado. Cuando llegó la pasta base a Uruguay, los jueces y fiscales nos preguntábamos cómo íbamos a hacer para trabajar con estas personas y, aunque no se pueda creer, la respuesta de muchos técnicos fue que no nos preocupáramos porque en tres años estarían muertas. La realidad es que no solo no murieron, sino que hoy tenemos a los hijos y a los nietos de esa gente. Es un problema social que hemos permitido por acción u omisión, aunque algunos son más responsables que otros, y creo que la responsabilidad más importante es de las gestiones del Frente Amplio. La realidad es que hay un cambio social y revertirlo ya no es una tarea que pueda hacer ninguna de las coaliciones. Tiene que ser un trabajo acordado por todos los uruguayos y no se va a resolver de un día para el otro. Hay que ser muy cuidadosos para no generar un problema porque luego solucionarlo se hace muy difícil.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech expresó en diciembre pasado que era necesaria la renuncia del fiscal Gómez porque estaba afectando a la Justicia y al prestigio que merece la democracia. ¿Por qué este gobierno no ha podido elegir un fiscal de Corte definitivo?

Hay que cambiar la interpretación del artículo 168 de la Constitución, redactado a los efectos de garantizar la independencia técnica de los fiscales, que hoy ya no existe, porque el fiscal general puede violar esa independencia técnica. Me pasó con Gómez, quien me mantuvo en una investigación a pesar de los rumores de mi militancia en la adolescencia en el Partido Nacional; él insistió en mantenerme a pesar de que, quizás, para la investigación no fuera bueno, porque empezó a politizarse el tema y correr otros intereses. Pero cuando comencé a investigar a gente del Frente Amplio, me sacó del caso en unos días. No es la persona correcta, nunca debió estar allí. Fue claramente una de las estrategias ajedrecísticas de Díaz.

Me parece que hoy tenemos que mirar el asunto con otra óptica. El fiscal de Corte ya no existe, tenemos al fiscal general, que es el director de un servicio descentralizado, y debemos interpretar que, primero, tiene que durar cinco años en el cargo, porque así lo hacen los directores y jerarcas de los servicios descentralizados, y, segundo, que debería poder ser removido a partir de una mayoría simple. Hasta que no comprendamos que no es compatible la figura de fiscal general con la de fiscal de Corte, ese problema nunca resolverá.

Las filtraciones en la FGN vuelven a estar en discusión, sobre todo en relación con el periodista Eduardo Preve. ¿Qué opina de esa situación?

Creo que el doctor Juan Gómez y la gente de la FGN saben muy bien de dónde salen las filtraciones. Lo dije en la investigación: hubo una persona que no tenía por qué estar, Eduardo Preve, que fue contratado dos veces, aunque no tenía tarea que cumplir. Lo único que hizo fue conocer las debilidades internas de la institución y generar contactos, aprovecharse. No es el único receptor de las filtraciones, pero sí está muy conectado. A veces recibía información relacionada con mis investigaciones antes que yo. Conoce el sistema.

Es un error incomprensible y no entiendo cómo puede ser que no se haya analizado la responsabilidad de Díaz al designarlo. Uno, cuando maneja dinero del Estado –y el sueldo de Preve era dinero público–, debe tener un motivo que realmente sustente hacer un gasto. Esa fue simplemente una estrategia de la que ahora estamos viendo las consecuencias. Las filtraciones entorpecen las investigaciones de una manera que la gente no puede imaginar. ¿Dónde está la reserva? La ley la prevé, no es algo que se le ocurre a alguien. Permanentemente me adjudican haber reservado tal o cual investigación, pero la ley y la Constituciones nos indican que hay que preservar a determinadas personas.

Me llama mucho la atención que Preve se victimice porque en algún momento lo investigaron. No sé si piensa que un periodista no puede ser objeto de investigación. Todos pueden ser objeto de investigación. Se investigó al presidente, con determinadas condiciones por su investidura, pues estamos en democracia y hay que respetar las instituciones. En el caso de los periodistas, hay que guardar su derecho a la reserva, pero eso no quiere decir que no puedan ser investigados.

Estamos confundiendo a la gente sobre las reglas del derecho de manera intencional. Por ejemplo, cuando se habla del caso Astesiano. No hubo ningún archivo. Todo lo tiene hace un año una fiscal, yo estuve solo cuatro meses. Obtuve una sentencia de condena, en la que intervino el Poder Judicial y es una de las más altas para esos delitos. Todo lo demás que no se investigó este año es responsabilidad del fiscal general y de la fiscal que lo lleva adelante. Puedo afirmar que había mucho para desarrollar. Me llama la atención que en cuatro meses yo obtuviera cuatro condenas y ahora, después de un año, el caso esté dormido.

Cuando me apartaron de las investigaciones, yo ya había analizado los pasaportes extendidos durante esta administración y había abierto investigaciones sobre las administraciones anteriores. Esa fue la razón real para aparatarme de las investigaciones. Pero ya había elementos, no entiendo cómo no hay resultados.

De acuerdo con lo que afirma, existiría una estrategia comunicacional en la FGN, acaso tejida por Díaz y en la que Preve habría sido infiltrado en el sistema y utilizado.

No digo que Díaz sea la cabeza más alta. Él y Ricardo Perciballe trabajaron en un caso muy importante, el caso Feldman, en 2009, con un resultado absurdo e incomprensible desde el punto de vista técnico. A partir de ese caso, ambos fueron candidatos a fiscal de Corte. Después se pelearon porque había un solo cargo, y ganó Díaz. A Perciballe lo premiaron con la formación de una fiscalía especializada en lo único que le interesa: la historia reciente. Aunque parcializada, porque solo se interesa desde el terrorismo de Estado, pero no veo que trabaje desde el terrorismo civil, del otro bando que nos tuvo de rehenes a todos, el movimiento Tupamaros.

La realidad es que no creo que todo surja de la cabeza de Díaz, creo que hay una organización detrás, está todo programado y pensado. No nos olvidemos del Foro de San Pablo y cosas que hemos conocido de acciones del movimiento comunista en Uruguay, que Saúl Feldman, por ejemplo, integraba el MPP. Según han dicho periodistas, el hermano del expresidente Vázquez participaba directamente en la investigación del caso Feldman (yo siempre digo: la ejecución de Feldman). Ningún técnico, ninguna persona que tenga experiencia puede comprender esa investigación. En realidad, lo ignoro, porque yo no estoy cerca, pero no creo que todo surja de la cabeza de Díaz. Es algo mucho más planificado. La otra parte, el otro bando o quienes están en la vereda de enfrente a veces pecan de inocentes e inactivos. Con esta gente no se puede ser así.

¿Qué opina del archivo del caso del Antel Arena?

El fiscal Alejandro Machado, muy cercano a Díaz, dijo que hubo desprolijidad manifiesta en el manejo de los dineros públicos y archivó la causa. Cualquier funcionario responsable de dineros públicos tiene que ser muy prudente y asumir todos los resguardos para no malgastarlos. Es muy probable que estemos ante un dolo eventual: se previó la posibilidad de que algo pasara y, a pesar de preverlo, se actuó igual. En ese caso, nunca puede ser un fiscal el que decida el archivo, siempre tiene que ser la Justicia. Estamos confundiéndonos, dejando que funcionarios administrativos decidan, pero nuestro orden está sustentado en la separación de poderes. No entiendo cómo Machado se abrogó para sí la potestad de archivarlo, a pesar de haber hecho esa afirmación. Debió llevarlo ante un juez y pelearlo con todas las herramientas que tuviera y si un juez decidía lo mismo que él, estaba correcto, esas son las reglas de una democracia. Pero lo debió decidir un juez, luego un tribunal y finalmente la Suprema Corte de Justicia.

Ahora se podrá revisar, pero son fiscales, funcionarios administrativos que están marcados y, en definitiva, amenazados de responsabilidad personal si no cumplen con las instrucciones del director general del servicio descentralizado. A mí no me pudieron hacer sumarios porque con tantos años aprendí a defenderme, pero Juan Gómez en dos días me apartó del caso. Es muy fácil manipular el servicio descentralizado de la FGN.

Sigo confiando plenamente en el Poder Judicial, por eso me gustaría que tomáramos en serio, como primera medida, que además sería barata, la creación de cargos de defensores de oficio que dependan del Poder Judicial para defender a las víctimas que no son o no se sienten contempladas o amparadas por los fiscales. La acusación de parte tiene que ir de la mano de un aumento de defensores de oficio de víctimas. En ese caso, quien decidiría siempre es el Poder Judicial, porque si el fiscal lo archiva, la parte acusatoria puede ir ante la defensoría de víctimas, la cual podría plantear el caso ante un juez y se seguiría lo que realmente es el Estado de derecho, con todas las vías procesales pertinentes para que sea la Justicia quien resuelva.

Cabildo Abierto propone una reforma a la actual Ley de violencia basada en género, ¿la considera una solución posible a sus aspectos negativos?

No conozco en detalle la propuesta. Puedo decir que la ley fue dictada con una muy buena intención, había una situación de desprotección de las mujeres y se reparó ese problema, que también era cultural. También se podría haber resuelto a través de la educación. El machismo es un arraigo cultural que viene de generaciones y a veces hay que tomar medidas radicales para enfrentarlo.

El problema es la interpretación que se hizo de la ley–y ahora es muy difícil que se haga otra–, que ya no es aplicar perspectiva de género. Ni la unidad de víctimas de la FGN ni la mayoría de los jueces de familia especializados aplican la ley con perspectiva de género, sino con ideología de género, que no es lo mismo. El artículo tercero no dice que la mujer tenga razón, dice que cuando hay contradicción se debe priorizar lo que dice la mujer para empezar a trabajar y luego, rápidamente, buscar otros elementos. El problema es que la forma de actuar, normalmente, genera perjuicio a los hombres o a veces a los hijos, que se quedan en manos de mujeres que en realidad están presentando falsas denuncias, que a veces son violentas y los manipulan. Luego, no se tienen los elementos para trabajar con la rapidez necesaria. Tendrían que intervenir los técnicos en 48 horas, que el juez tenga de forma inmediata elementos objetivos para analizar. Eso no está pasando. Se llegó a un formato de aplicación de la norma que está generando desigualdades, está perjudicando a algunos hombres buenos y, sobre todo, a quienes son las mayores víctimas.

La ley parece indicar a las mujeres como las principales víctimas.

No coincido con que la mujer sea la peor víctima o la que haya que priorizar en la sociedad. Sí creo que hay que defender los derechos de las mujeres, soy feminista, pero las víctimas más vulnerables son los niños y los ancianos. Nos estamos olvidando de los niños a los que a veces se los separa del padre en forma injustificada y para rever esa situación después se está meses y hasta años. Esto lo puede decir cualquier abogada que ejerza en la materia. En el medio quedan niños, no es un tema menor.

Parecería que la FGN estuviera desconectada de las prioridades y necesidades reales de la gente, acaso de su sensibilidad.

Se está desatendiendo delitos muy importantes. Pasa lo mismo con la ley de cheques. Para que un fiscal trabaje un problema vinculado con cheques tiene que ser un caso excepcional. Hemos generado un problema nuevo que son todas esas víctimas de la mala aplicación de las reformas del CPP y de la Ley de Género, que no son solo hombres, sino que muchas veces son niños. Tenemos que reforzar el trabajo con ellos. El INAU debe ser priorizado, contar con equipos multidisciplinarios y trabajar rápidamente. Cuando yo era juez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Marabotto decía que la justicia que demoraba no era justicia, que la justicia lenta era menos justa. Tenemos que exigir más rapidez. Han ingresado muchísimos que han sido preparados o programados con la cabeza que teníamos en ese momento en la FGN de Díaz y hay que reprogramar el chip de estos colegas.

Algunos han llegado por concurso rápidamente a cargos muy altos y la realidad es que el cargo de juez o fiscal se va formando con años de experiencia, de contacto con la gente. Si hubieran tenido tiempo para tener contacto con los pequeños empresarios, se darían cuenta de que no priorizar sus problemas de cheques a veces implica que cierren las empresas, que los empleados queden sin trabajo y que esas familias y los dueños de las empresas queden endeudados. Es toda una cadena y para entenderla hay que verla.

No se puede nombrar a la fiscal de Montevideo solo por concurso, hay que vivirlo, porque la realidad de las distintas personas es muy diferente. Algunos tenemos más suerte y un respaldo familiar, pero hay otros que no, y si se les saca lo mínimo directamente se les puede arruinar la vida. Tenemos que trabajar más en contexto.

¿Hay responsabilidad de la forma de trabajo de la FGN en la gestación de la crisis carcelaria que vivimos?

Me impresionó leer hace poco un twit de Jorge Díaz que decía que la cárcel está llena de pobres, analfabetos y drogadictos. Es verdad, pero es el sistema que él creó. Él exigía números, que se trabajara con los más vulnerables, porque claramente son los delitos infraganti, los que roban por problemas de adicción. En lugar de derivarlos a centros que trabajaran sus problemas de consumo, los derivaban a la cárcel tres meses. En ese tiempo se comprometían con personas más poderosas para sobrevivir, porque las cárceles son muy duras, y luego cuando salían tenían deudas que pagar. Todos los que trabajamos en el sistema sabemos cómo es de perverso. Díaz debe hacerse cargo de que él es muy responsable por el rol que cumplía.

Él y Juan Gómez me llamaron varias veces a reuniones en las que convocaban a todos los fiscales y a la Policía. En una oportunidad el jefe de Policía de Montevideo me recriminó que no había enviado a prisión a veinte personas ese mes. Le dije que me hablara de casos, no de números. Tanto Gómez como él hablaban de números, pero yo soy de una generación en la cual los jueces y los fiscales trabajamos con personas, no con números. Le dije que me hablara de casos puntuales y le podía contestar si había o no evidencia, o el problema era que no se puede mandar tres meses a la cárcel a una persona porque trató de robarse un paquete de galletitas. Quienes tenemos conocimiento real del sistema sabemos que las presiones que ejercen los fiscales y a veces el ministerio para darle una imagen a la sociedad, a la larga, van a ir en contra de la convivencia pacífica.

Díaz es uno de los mayores responsables de la situación en que se está ahora, pero no solo él. También hubo un problema de inactividad desde que se instaló la pasta base y fundamentalmente de la forma de trabajo con los sectores vulnerables de los tres gobiernos frenteamplistas que nos antecedieron. Ahora pensar que se va a resolver en una administración es de una inocencia absoluta. Se tiene que entender que solo se puede resolver si se llega a acuerdos políticos entre las dos coaliciones y va a llevar tiempo.

Fossati, una novedad en la política

Gabriela Fossati dice que, fuera de una breve militancia de adolescente dentro del wilsonismo, hasta hace muy poco no tenía interés en la política: “De hecho, en mi casa no se habla de política, tanto que mis tres hijos son apolíticos”. Por lo demás, su labor en el Poder Judicial la mantuvo alejada de la actividad política.
Sin embargo, cambió su posición al respecto: “Me volvieron las ganas de hacer cosas para la función pública, que es mi vocación, desde la política, luego de ver errores y desprolijidades, no delitos, dentro del partido por el cual siento afinidad. Y, sobre todo, luego de que fui totalmente hostigada, amenazada, hasta encerrada por el sector político del Frente Amplio, y todo el padecimiento que tuvo mi familia y sobre todo mis hijos”, explica. “Quiero hacer una diferencia para que mis hijos vuelvan a creer en la política, y muchos de la generación de nuestros hijos que han visto cosas que no comprenden”.
“Me manejo por intuición, y cuando conocía a Laura Raffo y a Carlos Camy me dije que eran las personas con las que quería trabajar. La intuición la desarrollé justamente por mi condición de juez y fiscal, y no me falló”, confiesa Fossati. Sobre sus atributos, afirma: “En mí no van a tener una política típica, sino quien haga, en la interna, las preguntas que la gente común tiene. Como yo no me formé en la política y por mi vocación estuve tan alejada, hay cosas que yo tampoco entiendo. Quizás haya que explicarlas mejor, o rectificarlas”.
También reconoce su experiencia como una ventaja en la actividad política: “Puedo contribuir por mi formación y mis 32 años de trabajo en la Justicia, donde ocupé todos los roles: fui secretaria de juez, actuaria adscripta, juez y fiscal. Tengo un conocimiento y un manejo de todo lo vinculado con la seguridad pública, con los problemas en la transmisión a la gente para que comprenda lo que sucede”.