Con el inicio del año electoral en Venezuela, Nicolás Maduro emprendió un conjunto de medidas que alejan al país del sistema internacional de protección a los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y apuntan al cierre del espacio cívico.

Una señal de lo que vendría fue lanzada en diciembre, cuando el fiscal del régimen Tarek William Saab, ordenó la detención de Roberto Abdul, director de la ONG venezolana Súmate, que vigila la legalidad de los procesos electorales.

Abdul permaneció varios días acusado de “traición”, recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política de Maduro. Fue liberado el 20 de diciembre, como resultado de un proceso de negociación en el que participaron representantes de la oposición y del Gobierno estadounidense.

Eso no impidió que Maduro continuara la persecución de sus opositores, críticos y representantes de ONG. En las semanas siguientes, la dictadura privó de libertad y acusó de terrorismo a cuatro activistas regionales de Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras celebradas en octubre de 2023 y quien era la principal contrincante de Maduro en las urnas.

El 9 de febrero comenzó una nueva etapa en este proceso, cuando fue detenida la abogada Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, una organización dedicada al análisis de asuntos militares y de seguridad. San Miguel fue aprehendida en el aeropuerto de Maiquetía junto a su hija. Otros familiares de la abogada fueron privados de libertad cuando acudieron al terminal aéreo a retirar sus maletas, o a solicitar información sobre su paradero. Entre ellos, dos hermanos y su esposo, el Coronel (R) de Aviación Alejandro González de Canales.

Se desconoció la suerte de San Miguel durante 72 horas. Desde organizaciones de la sociedad civil como Acceso a la Justicia, se advirtió que la activista era víctima de desaparición forzada. Al tercer día el fiscal del régimen confirmó, sin revelar su lugar de confinamiento, que San Miguel se encontraba en custodia, acusada de una supuesta conspiración para asesinar al autócrata venezolano.

El 13 de febrero, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, manifestó en su cuenta en X que seguían con “profunda preocupación el proceso contra San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que efectivamente podría calificar su detención como desaparición forzada”.

En el mismo sentido se pronunció la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, a través de su portavoz Marta Valiñas. Acto seguido, la dictadura venezolana expulsó del país al equipo que conformaba la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos. Este grupo de doce personas estaba en Caracas de forma permanente desde 2019, cuando el propio régimen les otorgó el permiso correspondiente. En un comunicado, el canciller Yván Gil afirmó que la medida se mantendrá “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista”.

Según la directora de Acceso a la Justicia Laura Louza, el caso de San Miguel pone en evidencia “un patrón, que consiste en detener a una persona y aplicar medidas similares a sus familiares más cercanos”.

“La diferencia es que no se había visibilizado esa manera de actuar, y eso también creo que es importante anotarlo, porque se sabía en el campo de los derechos humanos, se sabía en el campo de la comunidad internacional, en los que se dedican a esto. Pero no en la población en general”, dijo Louza el 15 de marzo en conversación con Diálogo. “Maduro ha entrado en otro nivel, pues ya no le interesa guardar ciertas apariencias. El oficialismo está dispuesto a pagar el alto costo de estas decisiones contra la misión de la ONU, con el propósito de mantenerse en el poder”.

En este contexto, la organización Civicus, dedicada al monitoreo internacional de los Derechos Humanos, advirtió que el espacio cívico en Venezuela se había cerrado.

“Varios mecanismos de censura son aplicados como parte de una estrategia para perseguir a los defensores de derechos humanos y limitar las expresiones críticas al régimen”, indicó en febrero.

Louza sostuvo que la detención de San Miguel constituyó un mensaje de advertencia a la oposición, de que Maduro y su régimen están dispuestos a rebasar todos los límites en función para permanecer en el poder. “Tenemos menos libertades. Hay cosas que antes hacíamos y que ya no podemos hacer, no solo nosotros en las ONG sino todos los venezolanos, los habitantes del país”, expresó.

Generar terror

El 19 de febrero, el Foro Penal informó que en Venezuela hay 264 presos políticos. En este grupo hay 147 militares. De ellos, 19 son mujeres como Rocío San Miguel.

Esta es la cifra con la que se inicia el año electoral en Venezuela. Según Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de la organización Provea, el futuro inmediato del país se caracterizará por “un incremento en la represión por motivos políticos”.

“Serán afectados dirigentes visibles y no tan visibles, tratando de generar terror. Habrá ampliación del hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las vinculadas a la promoción del voto y a la observación electoral”, pronosticó a Diálogo Alvarado.

El Poder Electoral venezolano dominado por el oficialismo anunció, el 5 de marzo, que la elección presidencial será el 28 de julio.

Alvarado advirtió que la dictadura cerrará las posibilidades de acceso a los medios de comunicación para todas las opciones distintas a Maduro. “Entre más nos acerquemos a la fecha electoral, se incrementará la represión como una forma de meter miedo. Puede incluso abarcar a líderes comunitarios dispuestos a colaborar con el proceso de observación y de participar en las mesas”, remarcó.