En una medida calificada de expansión de la represión contra la oposición, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, acusándola de conspirar para asesinar a Maduro, dijo el fiscal general Tarek William Saab vía X.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero en un aeropuerto de Caracas en relación con un vago plan de conspiración dirigido contra funcionarios del régimen. San Miguel, que dirige la organización no gubernamental (ONG) Control Ciudadano, se ha especializado en el estudio de los oscuros y corruptos militares venezolanos.

Días antes, en una declaración en el palacio de Miraflores, Maduro expresó su determinación de aplastar lo que describió como intentos de “perturbar la paz”, por cualquier medio, o más bien “por las buenas o por las malas”, informó la agencia de noticias AP.

El académico Eduardo Varnagy, de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, dijo a Diálogo el 6 de febrero que este anuncio “es un fiel reflejo del verdadero pensamiento de Maduro, para no entregar el poder mediante elecciones libres y transparentes”.

Maduro respaldó su declaración resaltando que, de los 30 procesos electorales realizados durante los regímenes de Hugo Chávez y su autocracia, salieron victoriosos en 28 ocasiones. “Estamos dispuestos a ganar en cualquier escenario”, reiteró, mientras mencionaba a sus principales opositores, precisó AP.

“Venezuela sigue el camino de la dictadura. No solo fue el incumplimiento de los acuerdos de Barbados”, comentó por X el economista José Manuel Restrepo Abondado, exministro de Hacienda; y de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. “Ahora trata de sostener esa tiranía por la fuerza, e impedir cualquier intento de elecciones democráticas”.

“Si bien Venezuela no ha alcanzado los niveles extremos de represión vistos en países como Corea del Norte, Cuba o Nicaragua, sí se encuentra inmersa en un régimen autoritario radical, marcado por severas limitaciones a la libertad y al pluralismo político”, agregó Varnagy.

En octubre de 2023, el régimen y la oposición venezolana firmaron dos acuerdos en Barbados, sentando las bases para unas elecciones presidenciales potencialmente competitivas.

La decisión a finales de enero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de mantener las prohibiciones a la candidata presidencial opositora María Corina Machado y a Henrique Capriles, impidiéndoles ejercer el cargo durante 15 años, ha supuesto un golpe masivo al acuerdo de Barbados y un claro indicio del camino marcado por Maduro: elecciones fraudulentas.

“Maduro está ya actuando de manera desesperada” aseguró Machado el 6 de febrero a W Radio de Colombia. “No nos van a sacar de la lucha constitucional y electoral. Me podrán amenazar con su delincuencia jurídica, pero esta lucha es hasta el final”.

Furia Madurista

Estas preocupaciones se suman a las denuncias del 25 de enero, de la alianza política opositora venezolana Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sobre una nueva ola represiva del régimen, lo que refuerza la percepción sobre las tácticas dictatoriales para mantener el poder. “El mundo entero conoce el modus operandi del régimen totalitario”, publicó.

Ese ambiente represivo se enmarca en la última campaña del autócrata, quien comenzó con el inicio de su Plan Furia Bolivariana. Bajo este plan se desplegaron en todo el país tropas militares y policiales, a partir de mediados de febrero, para contrarrestar “cualquier intento terrorista o golpista”, según el portal especializado en crimen organizado en Latinoamérica InSight Crime.

La Asamblea Nacional de Venezuela también aprobó a finales de enero un proyecto de ley para regular e inspeccionar las ONG, que grupos de defensa han denunciado como un intento de silenciar a las organizaciones civiles que buscan la paz y la democracia, y como una clara escalada de la represión estatal.

“El mero rumor de esta norma genera temor, como una táctica de represión psicológica hacia las libertades. Esto es parte de una estrategia meticulosamente planificada, que forma parte del denominado Plan Furia Bolivariana”, declaró Varnagy. Es seguro que veremos más detenciones ilegales.

Silencio enardecido

“La población venezolana está hastiada del sistema. Hay un silencio enardecido. Aunque el absolutismo pueda reprimir a algunos individuos, resulta difícil contener la frustración generalizada de toda una nación simultáneamente”, dice Varnagy. “Es probable que este año surjan una serie de eventos donde la ciudadanía exprese su malestar de diversas formas”.