Imagen Procuraduría
Un contrato millonario otorgado de manera directa por la Procuraduría General de la Nación a una alianza de instituciones bajo el nombre de Red SUMMA, una entidad actualmente bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción. El contrato, firmado el pasado 7 de marzo por un valor de $9.210.600.000, tenía como objetivo proporcionar “servicios de educación informal dirigida a los servidores del Ministerio Público”.
Este contrato ha desatado una serie de controversias debido a las circunstancias en las que se adjudicó. La investigación revela múltiples irregularidades en el proceso de selección. El análisis previo del proceso, publicado por la propia Procuraduría, destaca que se evaluaron tres cotizaciones de entidades, dos de carácter público y una privada, evidenciando favoritismo hacia el eventual ganador.
La primera cotización fue presentada por la Corporación Universitaria de la Costa Atlántica (CUC), dirigida por Tito Crissien, exministro de Ciencias del gobierno de Iván Duque. Por otro lado, la segunda cotización fue de Aldesarrollo, una entidad conformada por instituciones de educación superior en el departamento del Valle del Cauca y sus alrededores. A pesar de estas opciones, el contrato fue otorgado a Red Summa, una alianza de instituciones cuyo grado de reconocimiento académico no queda claro en el contrato.
Es interesante notar que Omar Enrique Flórez Escorcia aparece como representante legal tanto de Red Summa como de Aldesarrollo. Además, en septiembre de 2023, presentó una propuesta ante la rama judicial en unión temporal con Sintonizar Medios S.A.S.
La investigación de La W, medio local de Colombia, también revela conexiones con Claudia Patricia Peñaranda Hernández, representante legal de Red Summa y vinculada a un caso de presunta corrupción en un contrato de 33.000 millones de pesos con recursos del Sistema General de Regalías.
Funcionarios de la Procuraduría han cuestionado la necesidad del contrato con Red Summa, argumentando que las actividades ya están cubiertas por otros contratos en vigor. El Instituto de Estudios del Ministerio Público cuenta con una plataforma de educación virtual y ha firmado convenios con la Imprenta Nacional para imprimir material educativo relacionado con el derecho disciplinario.
El contrato con Red Summa plantea serias preguntas sobre la transparencia y la adecuación de los procedimientos de contratación en la Procuraduría, así como sobre la necesidad real de los servicios contratados, que parecen duplicar recursos ya disponibles.
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