En un esfuerzo desesperado por mantener la cohesión de su base política, el venezolano Nicolás Maduro se lamentó una vez más sobre presuntos complots en su contra.

Al presentar a mediados de enero su mensaje anual ante el Parlamento, dominado por el oficialismo, Maduro afirmó que los cuerpos de inteligencia habían descubierto “cuatro conspiraciones con componentes extranjeros, planificadas desde Miami y Colombia”.

“Estoy entregando pruebas, grabaciones, testimonios. Todos los involucrados civiles y militares, nacionales y extranjeros, están convictos y confesos de las cuatro conspiraciones que la ultra derecha montó junto al narcotráfico colombiano, la CIA y la extrema derecha mayamera (sic) cuyo objetivo era asesinarme; así como al ministro Padrino López y a otros importantes líderes políticos y militares de Venezuela, para crear caos y conmoción en el país, con el fin de cortar el proceso de paz, estabilidad y recuperación de la nación y que no llegáramos al 2024”, declaró con teatral angustia.

Los detalles o los detenidos supuestamente identificados en estos expedientes, no han sido explicados ni dados a conocer a la colectividad. No obstante, luego del lamento desesperado de Maduro, el fiscal Tarek William Saab involucró en estos casos a Tamara Sujú, activista de derechos humanos y directora de la Fundación Casla; a la periodista Sebastiana Barráez; al Teniente (R) José Antonio Colina y al Vicealmirante (R) Mario Carratú Molina.

Saab afirmó que 32 personas habían sido arrestadas, entre ellas el Capitán (R) del Ejército Anyelo Heredia. Desde el extranjero, tanto Sujú como Barráez y los oficiales Carratú y Colina, rechazaron en forma individualizada los señalamientos del funcionario del régimen venezolano.

Por otra parte, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino anunció la expulsión de 33 efectivos militares, presuntamente ligados a estos casos. Al respecto, la ONG Control Ciudadano alertó que estas medidas fueron aplicadas sin seguir los protocolos disciplinarios establecidos para la Fuerza Armada Nacional.

La denuncia sobre las supuestas conspiraciones ocurrió en tiempos cuando el régimen venezolano se apresuraba para cerrar el paso a la candidatura presidencial de María Corina Machado. Once días después del anuncio de Maduro ante el Parlamento, el Tribunal Supremo del régimen ratificó la inhabilitación contra la aspirante presidencial, electa en la primaria opositora de octubre.

Oswaldo Ramírez Colina, director de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos para Venezuela, dijo a Diálogo el 10 de febrero que todos estos procesos tienen en común la angustia de Maduro por cohesionar a un oficialismo fragmentado, que de acuerdo con las encuestas llevadas a cabo por la Asociación, abarca el 14 por ciento del electorado.

De igual forma, explicó Ramírez, los señalamientos de conspiración son además un pretexto para “la reactivación de grupos armados no estatales”, que debido a la crisis económica fueron suspendidos por el régimen.

El 7 de febrero, estos grupos atacaron a seguidores de Machado durante una manifestación en Charallave, una localidad ubicada en los Valles del Tuy, a 30 kilómetros de la capital.

“Intentan imponer la idea de que [los seguidores de Maduro] son los únicos autorizados para tener despliegues políticos en el territorio y no permiten prácticamente las manifestaciones de nadie que ellos consideren competencia”, agregó Ramírez.

Despliegue

La denuncia sobre las presuntas conspiraciones contra Maduro, se sobrepuso  a la disputa del Esequibo, en la que el régimen reclama dos tercios del territorio de Guyana.

El régimen ha ido avanzando en su campaña contra su vecino oriental. Imágenes de satélite hechas públicas a principios de febrero muestran la acumulación de tropas y la expansión de las bases militares, informó The Guardian. Según el centro de estudios Center for Strategic and International Studies (CSIS), Venezuela ha estado trasladando tanques ligeros, patrulleras equipadas con misiles y vehículos blindados a la frontera, a pesar de los acuerdos alcanzados en diciembre de no utilizar la fuerza ni exacerbar la situación.

“El mismo día que el ministro de Asuntos Exteriores venezolano se reúne con diplomáticos guyaneses, el ejército venezolano realiza ejercicios con tanques a tiro de piedra de Guyana”, declaró Christopher Hernández-Roy, subdirector del Programa de las Américas del CSIS, según The Guardian. “Todo esto nos dice que Maduro está llevando a cabo una política engañosa”.

Igualmente, efectivos militares de la Zona de Defensa Integral Guayana Esequiba (Zodi Esequiba 64) realizan acciones sociales en la población de San Martín de Turumbang, a orillas del río Cuyuní, que intentan abarcar a pobladores de ambos países.

Ramírez advirtió que el tema del Esequibo podría ser utilizado por la dictadura como un “comodín”, con el propósito de suspender el venidero proceso electoral.

Para la internacionalista Elsa Cardozo, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, el régimen venezolano intenta dar al tema del Esequibo “un uso político con poca utilidad nacional, salvo para acusar a quienes quieran acusar de traidores”.

“Hasta el momento, los intentos de Maduro por ganar simpatías en la población guyanesa han fracasado. Refleja más bien el rechazo de la población guayanesa.”, dijo Cardozo a Diálogo. “La pregunta que uno se hace es dónde está la fila de guyaneses buscando la cédula venezolana”, señaló.